Salomé Pradas recurre el archivo de sus quejas contra la jueza de la dana y pide la “declaración presencial” de Rubén Gisbert

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas ha recurrido el archivo de las quejas de las defensas de los dos investigados en la causa de la dana en el procedimiento contra la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera. Mientras que el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuestionó de plano una grabación aportada por la acusación que ejerce el abogado y 'youtuber' conspiranoico Rubén Gisbert, quien ha arremetido contra ambos jueces tildándolos de “corruptos”, el recurso de Pradas, al que ha tenido acceso elDiario.es, pide precisamente la “declaración presencial” del letrado.

Las grabaciones, efectuadas durante la testifical de los clientes de Gisbert, fueron cuestionadas tanto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), al archivar la querella del abogado contra el matrimonio de magistrados, como por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde Díez.

El recurso de Pradas contra el archivo de la acción disciplinaria considera que la declaración presencial de Gisbert “habría permitido esclarecer su posición como abogado presente en las actuaciones y las circunstancias en las que tuvo conocimiento de los hechos y de las grabaciones”, que se quedaron un año en un cajón (uno de los principales motivos de la prevención del CGPJ ante tal prueba).

“No se está solicitando en esta fase que se tenga por definitivamente acreditada la comisión de una infracción disciplinaria, sino que se determine si existen elementos suficientes que justifiquen continuar la investigación y, en su caso, incoar expediente disciplinario”, afirma el escrito.

Investigación pericial de los audios

La defensa de la exconsellera también echa de menos una “ausencia de una investigación técnica suficiente sobre los audios” y propone una “pericial de integridad digital o metadatos de los archivos originales que permita establecer si han sufrido cortes, manipulaciones o ediciones”. También una “prueba pericial fonética”.

Además, el escrito considera necesario la declaración presencial de los perjudicados que aseguraron que el marido de la jueza de la dana participó en sus respectivas testificales, todas “personas vinculadas a una misma dirección letrada”, en referencia a la acusación que ejerce Gisbert. Salomé Pradas sostiene que ha habido una “indebida desvalorización de los testimonios directos de los perjudicados”, que considera como “concretos” y “coherentes”.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra aseguró que su marido, Jorge Martínez Ribera, puntualmente, estuvo “en las dependencias, esperando a que su esposa terminara, acompañando familiares y realizando determinadas actuaciones materiales”, tales como recoger los DNI de los perjudicados.

“La cuestión relevante era determinar con precisión en qué actuaciones estuvo presente, si accedió a las salas o despachos donde se practicaban declaraciones, si intervino verbalmente, si formuló preguntas o indicaciones y si tuvo acceso a información reservada de la causa”, afirma el recurso de alzada de Pradas.

El escrito distingue “dos planos diferentes”. “Una cosa es que la presunción de inocencia impida sancionar sin prueba suficiente y otra, muy distinta, que impida abrir un expediente cuando existen indicios objetivos que justifican investigar una conducta potencialmente disciplinaria”, arguye el escrito.