La Guardia Civil ve indicios de tres delitos en las obras de un CAR de la Región de Murcia con un alto cargo del PP investigado

La Guardia Civil investiga posibles irregularidades en la contratación y justificación de varias obras financiadas con fondos públicos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Infanta Cristina de Los Narejos, en Los Alcázares. Un atestado del Equipo de Delitos Económicos, fechado en abril de 2025 y al que ha tenido acceso elDiario.es, apunta a posibles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y malversación e identifica discrepancias en la documentación técnica y económica de las actuaciones, entre ellas una memoria de obra fechada casi seis meses después de su adjudicación. El director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez, está citado este jueves 12 de noviembre para declarar como investigado por presunta malversación en el marco de este procedimiento judicial.

Según recoge el informe policial, la memoria técnica de las obras de ampliación del Aula del Mar incorporada al expediente está fechada en junio de 2022, casi seis meses después de que los trabajos fueran adjudicados, el 15 de diciembre de 2021. Esta secuencia plantea interrogantes sobre qué documentación técnica sirvió de base para adjudicar la actuación y si la memoria examinada por los investigadores fue elaborada para justificar o legalizar posteriormente los trabajos.

Los investigadores también apuntan a un posible fraccionamiento de las actuaciones en dos contratos menores, ambos por debajo del umbral de 40.000 euros sin IVA previsto en estos casos. Esta división habría permitido adjudicar directamente los trabajos sin recurrir a un procedimiento abierto de licitación, una circunstancia que la Guardia Civil examina para determinar si se vulneró la normativa de contratación pública.

La Guardia Civil también señala discrepancias entre los importes recogidos en los documentos económicos. La memoria valorada elaborada por el arquitecto establece un presupuesto de ejecución material de 13.392,04 euros, mientras que entre los documentos examinados figura un presupuesto de 39.722,50 euros más impuestos, presentado por una de las empresas adjudicatarias. Aunque las cantidades responden a conceptos presupuestarios diferentes y no son directamente comparables, los investigadores han examinado la correspondencia entre la documentación técnica y económica del expediente.

“Hay una falta de control en la Dirección General de Deportes sobre cómo se realizaron las obras y a quién se autorizó; eso está claro”, considera José María Salmerón, letrado de la acusación. “Se ha intentado justificar el proceso a posteriori”.

Una investigación iniciada por una reclamación de pagos

El procedimiento judicial tiene su origen en una querella presentada en noviembre de 2023 por una empresa que asegura haber ejecutado trabajos de cerrajería y carpintería metálica en el complejo deportivo sin recibir la totalidad de las cantidades acordadas.

Según sostiene la acusación, la sociedad pública Región de Murcia Deportes SAU transfirió 88.042,63 euros a dos empresas contratadas para las actuaciones, “a través de un intermediario, Jorge P.D.N.” La firma querellante, Ros García Carpintería Metálica, sostiene que recibió 30.844,80 euros y reclama otros 32.792,49 euros por trabajos que asegura haber realizado en las instalaciones.

La Guardia Civil también pone el foco en el papel de este supuesto intermediario, al que la querella atribuye la dirección real de las obras. Según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, el empresario reconoció en su declaración judicial de noviembre de 2025 que contrató a la empresa querellante para instalar puertas en el complejo deportivo y aseguró que no informó de ello al director del CAR porque no acostumbraba a comunicar quiénes eran sus proveedores.

El informe policial también recoge la existencia de vínculos familiares entre los administradores de las dos sociedades adjudicatarias, una circunstancia examinada en el marco de las diligencias sobre la contratación de las obras.

La empresa también cuestiona que se efectuaran determinados pagos antes de la finalización de los trabajos. Estas afirmaciones forman parte de la querella que dio origen al procedimiento y están sujetas a la investigación judicial.

La querella fue admitida a trámite en enero de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Javier, que acordó abrir diligencias previas ante la posible existencia de un delito de malversación, aunque la querella se dirigía también por apropiación indebida y corrupción en los negocios. Posteriormente, la Guardia Civil examinó los expedientes de las actuaciones para esclarecer las circunstancias de su contratación, ejecución y justificación económica y apreció también indicios de un posible delito de falsedad documental.

Fran Sánchez declara este jueves como investigado

El director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez, está citado para declarar este jueves 12 de noviembre ante el Tribunal de Instancia de San Javier en calidad de investigado por un presunto delito de malversación, como adelantó elDiario.es la pasada semana. La querella inicial se dirigió contra él como responsable de la Dirección General de Deportes, aunque su posible participación concreta en los hechos es una de las cuestiones pendientes de esclarecer en la investigación.

La Dirección General de Deportes ha negado anteriormente que Sánchez participara en la contratación, ejecución o pago de las actuaciones y sostiene que su firma no figura en los expedientes, que carecía de competencias sobre el CAR cuando se contrataron los trabajos y que estos fueron fiscalizados por los servicios de Intervención del centro. Sin embargo, según el Registro Mercantil, Sánchez figuraba como apoderado mancomunado y solidario de Región de Murcia Deportes SAU, la sociedad pública que contrató y pagó las obras, hasta el 8 de junio de 2022, fecha en la que se le revocaron esos poderes y se le otorgaron otros nuevos, señalan desde la acusación.

A preguntas de este medio, desde el Gobierno regional se han remitido a la declaración del director general de Deportes este jueves, “donde responderá a todas las preguntas que se consideren oportunas” y han confiado “en el proceso judicial, que permitirá esclarecer los hechos de manera definitiva”.