Vivienda, Estado y jerarquía católica

El pasado mes de septiembre de 2025, Europa Laica junto con otras asociaciones y unas cuantas personas a título personal, presentó alegaciones al ayuntamiento de Murcia por la cesión al obispado de Cartagena de la iglesia del barrio de Vistabella. Dicha cesión se aprobó en el último pleno municipal del mes de julio de 2025 con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE. Tuvimos un mes desde que se hizo público para poder alegar por algo que consideramos injusto, un regalo de una parroquia con sus salones que, sin contabilizar el valor del suelo, se acerca al millón de euros. Ahora que ha pasado más de un año, en noviembre de 2026 no hemos recibido respuesta, silencio administrativo. Las asociaciones y los particulares tenemos que darnos prisa, en cambio, las administraciones pueden tomarse todo el tiempo que quieran o no contestar. No me parece razonable, por lo menos, estaría bien una mínima comunicación, un “lo estamos estudiando”, si vivimos en un estado de derecho.

Esta operación se produjo por la petición que hizo en su día el obispo de la diócesis de Cartagena, Lorca Planes, que suplantó la identidad de otra persona para poder vacunarse del COVID, una demostración clamorosa de egoísmo que unos pocos meses después fue recompensada con el título de Hijo Predilecto por parte del presidente de la Comunidad.

Quiero centrarme en el tema de la vivienda, el principal problema de las ciudadanas y ciudadanos de este país, de los que no poseen una al menos, los que son titulares de alguna, como el alcalde de Málaga quedan exentos. Los precios son muy elevados, la demanda es muy superior a la oferta y no hay casas.

Existen muchas viviendas vacías por diferentes motivos, pero quiero poner la atención en los bienes e inmuebles que posee la jerarquía católica, aun sin poseer el título de propiedad, pero que siguen gestionando porque el gobierno no ha querido revisar las inmatriculaciones, un término que enmascara el robo consentido por todos los gobiernos debido a una ley franquista de 1946 que ha estado vigente hasta nada menos que hasta 2015.

El cálculo que ha hecho Europa Laica es que poseen más de cien mil bienes e inmuebles, no lo sabemos con exactitud porque ningún gobierno ha ordenado al Registro de la Propiedad, un órgano público, que publique el número exacto de bienes (de todo tipo) que gestionan. Creo que todas las personas, independientemente de su orientación religiosa, condición social, raza, sesgo político, tenemos derecho a la información. Una institución privada como es la iglesia católica española, que recibe muchísimo dinero público en subvenciones, debería estar obligada por un ejercicio mínimo de transparencia a publicar todos sus bienes e inmuebles.

Dentro de ese listado, supongo que habrá muchísimas viviendas en todos los municipios. Yo pedí el censo de las viviendas exentas de impuestos en mi municipio, Cartagena, a través del portal de transparencia que eliminó este gobierno regional, el mismo que premió al señor obispo y pude comprobar como algunos concejales son más papistas que el papa en cuanto a la protección de la institución religiosa porque se me denegó dicho derecho. Así, finalizando 2026, con una crisis por la vivienda descomunal, con los ayuntamientos y las comunidades autónomas (que son las que tienen las competencias) intentando poner parches y buscando fórmulas para arreglar una injusticia injustificable, nadie repara en los bienes que la jerarquía católica ha ido amasando a lo largo de los años y que además está haciendo caja vendiendo una parte de sus inmuebles más valiosos, por los cuales paga cero impuestos al Estado, que le permite seguir con sus privilegios mientras una gran parte de la sociedad pasa apuros económicos.

La pregunta que me hago desde hace tiempo, no solo ahora que ha explotado el tema de la vivienda, sino como simple ciudadano pagador de impuestos, es: ¿cuántos bienes e inmuebles que están en posesión de la jerarquía católica están vacíos?