Empleados del Instituto Aragonés de Fomento denuncian una gestión “opaca y caciquil”: “No lo veíamos ni con el PAR”

“La gestión es opaca y caciquil. Llevamos muchos años aquí y estas prácticas no las habíamos visto nunca hasta este extremo, ni siquiera en los grandes momentos del PAR. Es un cortijo”. Trabajadores del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) han corroborado las denuncias formuladas por Comisiones Obreras la semana pasada sobre el organismo, que tiene como director gerente a Daniel Rey. Entre otras prácticas de presunta irregularidad está la participación del propio Rey en órganos de selección, pese a que la ley lo prohíbe.

De hecho, los delegados de personal del IAF advirtieron por escrito al propio director gerente en julio de 2025 de que la normativa no permite al personal de designación política intervenir en los órganos de selección. Sin embargo, Rey firmó seis meses después las bases de un proceso selectivo que le reservaban la entrevista a los candidatos –que contaba 35 de 85 puntos–y el informe con su nota. La advertencia no tuvo respuesta, como tampoco los recursos de alzada de los representantes de la plantilla, denuncias ante la Inspección de Trabajo ni su petición, hace ya cuatro meses, de medidas frente a unos riesgos psicosociales que sitúan al 65% de los trabajadores en un nivel de riesgo muy elevado en participación y supervisión.

El escrito, fechado el 18 de julio de 2025, lo firmaban los tres delegados de personal, con copia a la Dirección General de Función Pública y a la Secretaría General Técnica. Recordaba que el Estatuto Básico del Empleado Público (el EBEP) excluye de los órganos de selección al personal de designación política, y que su intervención, “incluso en fases como las entrevistas personales, compromete los principios de imparcialidad y profesionalidad que deben regir el acceso al empleo público”.

El 14 de enero de 2026, sin embargo, Rey suscribió las bases de un puesto y una bolsa de Técnico/a Superior para el proyecto Aragon EDIH 2.0, financiado por el Programa Europa Digital de la Comisión Europea. Según consta en el documento, las entrevistas “las realizará el Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento o el Director de División de Desarrollo e Innovación Empresarial”, que después emite “un informe con la calificación”. Rey no forma parte de la comisión de selección, pero esta eleva su propuesta “a la vista del Informe del Director Gerente”, y es el propio Rey quien resuelve.

No era la primera vez que esto sucedía, ya que las bases de la bolsa de Técnico/a Jurídico/a de enero de 2025 ya le encomendaban la entrevista. La diferencia es que este año ya había recibido la advertencia de los delegados. “Estaba avisado”, resume uno de los trabajadores consultados, que habla bajo condición de anonimato para evitar represalias.

Recursos sin respuesta

Los delegados recurrieron las bases en alzada ante la consejera de Presidencia, Mar Vaquero –la competencia del IAF era entonces suya, mientras que con el nuevo gobierno han pasado a Eva Valle, titular de Economía–. Advertían de que anular el proceso “pondría en grave riesgo la justificación de los costes de personal ante la Comisión Europea”. Solo dos aspirantes llegaron a la entrevista, y el que tenía mejor expediente en la fase de méritos perdió la plaza en ella. La entrevista se valoró con criterios que no figuraban en las bases, y el más subjetivo, la “motivación para el puesto-personalidad”, fue el que marcó la mayor diferencia y acabó pesando más que los méritos. El 9 de febrero, Rey firmó el nombramiento de la candidata seleccionada. Un segundo recurso, del 9 de marzo, sostiene que el director gerente “ha emitido el informe de valoración de la entrevista”.

Ninguno de los dos ha recibido respuesta, pese a que la ley da tres meses para resolver. Según el trabajador, tampoco la han tenido los demás recursos contra procesos selectivos presentados desde la llegada de Rey, una decena en total, ni la denuncia que los delegados presentaron en marzo de 2025 ante la Inspección de Trabajo por falta de información. “Es un ninguneo absoluto”, resume.

La evaluación de riesgos psicosociales, obligatoria, llegó tras más de dos años de peticiones. La realizó MAS Prevención entre abril y mayo de 2026, con la participación de 34 de los 51 trabajadores del organismo público. El factor de participación y supervisión sitúa al 65 % en riesgo muy elevado, y la carga de trabajo y el desempeño del rol, al 32%.

El informe concluye que hacen falta “medidas preventivas inmediatas para evitar daños a la salud mental y física de los trabajadores”, y el delegado de prevención pidió a Rey un calendario para acordarlas. Más de cuatro meses después, sigue sin respuesta. “Hay gente que lo está pasando mal en el trabajo”, advierte otro trabajador, que describe una plantilla en la que muchos no saben cuáles son sus funciones.

Una plaza sin convocar, a juicio

Los tres delegados han demandado al IAF por vulneración de derechos. Según denuncian, en un proceso de promoción interna se convocaron todas las plazas salvo la de gerente de unidad, la de mayor categoría: alegan que sucedió porque tres de sus seis posibles candidatos son los propios delegados. El juicio está programado para diciembre.

Tampoco se les informó del despido de Jesús López Cabeza, a quien el IAF indemnizó con 102.393,45 euros después de devolverlo desde un puesto de alta dirección a su plaza de plantilla. El trabajador lo explica así: “Técnicamente echaban a un trabajador, y sin embargo no nos lo comunicaron”.

El trabajador recuerda que el IAF es una entidad pública, con “unos procedimientos establecidos que se salta continuamente”, y explica por qué habla: “Está bien que se le dé voz a esta situación. Es dinero público”.