Contrataciones, facturas y despidos: denuncian un rosario de irregularidades en el Instituto Aragonés de Fomento

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) pagó 102.393,45 euros para despedir a su subdirector gerente, pese a que, según Comisiones Obreras, la ley no le reconocía indemnización alguna porque conservaba plaza en el Gobierno de Aragón. Adjudicó a la empresa que administra el hermano de su director, Daniel Rey, un contrato que no figura en el registro público de contratos de la comunidad. Y cubrió una plaza de alta dirección de 50.000 euros anuales tras eliminar de la convocatoria uno de los requisitos que fijaba para ese puesto la relación de puestos de trabajo. Estas son algunas de las decisiones adoptadas en la etapa de Rey al frente del organismo desde octubre de 2023, que la sección sindical de CCOO ha documentado y que este periódico ha podido contrastar con actas, resoluciones y registros públicos.

“El IAF ha llevado a cabo una gestión opaca, clientelar y autoritaria”, sentenció la semana pasada Tania González, secretaria general del Sector de Administración de CCOO Aragón, en la rueda de prensa en la que el sindicato hizo públicas sus denuncias. “Lanzamos también un mensaje al Gobierno para que valore si realmente merece la pena tener un gerente muy dinámico en lo empresarial pero muy poco democrático en lo laboral y muy ineficiente en la gestión de los recursos públicos”, manifestó por su parte su compañero, Paco González, en referencia a Daniel Rey.

El caso de mayor cuantía es el de Jesús López Cabeza, exsubdirector gerente del IAF. En 2018 el organismo le firmó un contrato de alta dirección: según el acta del Consejo de Dirección del 26 de diciembre de 2024, ese contrato dejó “en suspenso” la relación laboral común que ya mantenía con el IAF, una relación que podría “reanudar” al rescindirse el de alta dirección.

Esa sesión es la primera en la que Rey propuso amortizar la plaza de subdirector gerente y despedir a López Cabeza por causas objetivas. El acta explica el procedimiento elegido sin rodeos: “Dado que se pretende el cese de su relación laboral con el IAF”, se opta por el despido objetivo, a razón de 20 días por año trabajado y con un máximo de doce mensualidades. Como alto directivo, la normativa estatal le habría reconocido siete días por año, con un tope de seis mensualidades.

El Consejo aplazó la decisión por unanimidad hasta revisar el informe jurídico. El 28 de diciembre López Cabeza pasó a ocupar un puesto de “titulado superior”, que CCOO considera creado ad hoc. Finalmente, el 31 de enero de 2025 el Consejo autorizó el despido, con una indemnización de 102.393,45 euros.

CCOO sostiene que ese pago no tenía amparo legal. La ley aragonesa sobre medidas de racionalización del régimen retributivo, de 2017, establece que, cuando se extingue un contrato de alta dirección de quien es funcionario de carrera o personal laboral con reserva de puesto, no hay derecho a indemnización. Y López Cabeza tenía, según el sindicato, plaza de funcionario en el Gobierno de Aragón. El 1 de abril de 2025, dos meses después del despido, fue adscrito provisionalmente a un puesto de economista en la Dirección General de Política Económica.

Ese reingreso plantea otra contradicción. Para justificar el despido, el acta del IAF alegaba que, siendo personal laboral, no existía “la opción de jubilación forzosa”, aunque López Cabeza ya había superado la edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, tres meses después volvió como funcionario con 67 años, en un régimen en el que la jubilación forzosa es precisamente la regla. Causó baja el 30 de junio de 2025, tres días después de cumplir 68. La legislación aragonesa solo permite prolongar el servicio activo por la singularidad del puesto y mediante orden del consejero de Hacienda.

El sindicato añade que la indemnización se calculó sobre una retribución superior a la que la legislación permite a un directivo del sector público autonómico, cuyo tope es el sueldo de un director general: 74.083,26 euros en 2024.

El acta del Consejo de Dirección del 31 de enero de 2025 cita como respaldo dos informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, uno sobre el cese y otro sobre el cálculo del salario regulador. Sin embargo, ninguno de los dos se ha hecho público. Este periódico solicitó el 16 de enero de 2026, por la vía de Transparencia, el informe que avala la indemnización, junto a otra información sobre el caso: por qué se creó en 2018 la plaza de alta dirección, si López Cabeza tenía plaza de funcionario en el Gobierno de Aragón, qué funciones desempeñó en la Dirección General de Política Económica y si se había notificado a los Servicios Jurídicos la denuncia de CCOO.

Días después, en un escrito firmado por el propio Daniel Rey –autor de la propuesta de despido–, el IAF abrió un plazo de alegaciones a López Cabeza como tercero afectado y dejó en suspenso el plazo para resolver. El exsubdirector gerente del Instituto se opuso a que se facilitara la información. Nueve meses después, el IAF no ha dictado resolución, lo que implica que desestimación por silencio administrativo.

Un contrato a la empresa del hermano

Mientras, el IAF ha contratado al menos una vez con una empresa vinculada al hermano del director gerente, otro de los apartados denunciados por Comisiones Obreras.

En diciembre de 2024, el organismo adjudicó un contrato menor de comunicación, documentado con una única factura, a Zerca Market Digital SL, una plataforma de comercio local controlada desde 2023 por David Rey. La factura, de 2.940 euros sin IVA (3.557,40 con él), tenía como concepto 'Plan de Comunicación IAF 2025'. El contrato no figura en el Registro de Contratos del Gobierno de Aragón, que sí incluye los del IAF.

Este medio ha revisado ese registro año a año, desde 2023 hasta marzo de 2026, y no aparece ninguna de las sociedades vinculadas a David Rey. El IAF sí registró en 2024 otros 77 contratos menores, algunos de unos 2.000 euros, entre ellos uno de comunicación y marca de 13.000 euros adjudicado a otra empresa.

Una plaza de 50.000 euros sin comisión

También el ámbito de las contrataciones es objeto de polémica. Así, en septiembre de 2024 el IAF cubrió el puesto de directora de Planificación y Proyectos, de alta dirección y con una retribución de 50.000 euros anuales. El Consejo de Gobierno lo había creado el 11 de septiembre en la relación de puestos de trabajo (RPT): esta exigía formación relacionada con la empresa, inglés C1 y al menos cinco años de experiencia en planificación estratégica y gestión de proyectos en empresa. Sin embargo, la oferta que el IAF difundió a través del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) redujo los requisitos a la titulación universitaria y el C1. Los cinco años de experiencia desaparecieron, y en su lugar se incorporaron como méritos valorables la formación o experiencia en derecho y administración de empresas y en “e-commerce, estrategia digital y financiera”.

La oferta se publicó seis días antes de que el Boletín Oficial de Aragón recogiera, el 24 de septiembre, la creación del puesto. Permaneció en difusión hasta las 23:59 del día siguiente, según la web del IAF, y la resolución que nombró a Longás se firmó el 26 de septiembre. CCOO sostiene que el nombramiento estaba listo a las 9:46 de esa mañana, menos de diez horas después del cierre del plazo: en ese intervalo, el INAEM habría comprobado qué candidatos cumplían los requisitos y remitirlos al IAF, y el director gerente, habría estudiado las propuestas.

No hubo comisión de selección. Por libre designación, una resolución firmada por Rey eligió, tras “analizar las cuatro candidaturas”, a María Pilar Longás, por su “mejor adecuación” al perfil. Según su perfil profesional público, Longás tiene un doble grado en Derecho y ADE y ha desarrollado casi toda su trayectoria en comercio electrónico y ventas. Su experiencia específica en planificación estratégica se limita a nueve meses como analista en una consultora.

Desde entonces, Longás ha presidido la mayoría de las comisiones de selección del IAF en 2025.

El gerente que puntúa a los candidatos

El propio Daniel Rey interviene además en los procesos selectivos del organismo, pese a que el Estatuto Básico del Empleado Público excluye de los órganos de selección al personal de elección o designación política.

En ninguna de las resoluciones publicadas entre octubre de 2023 y marzo de 2026 Rey figura como miembro de un tribunal o comisión. Sin embargo, es él quien nombra a sus integrantes, los sustituye y firma todas las resoluciones de cada proceso.

En la bolsa de técnico jurídico convocada en enero de 2025 fue más allá. Las bases encomiendan la entrevista al director gerente, que emite el informe con la nota. La entrevista vale hasta 30 de los 100 puntos, se accede a ella con 45 puntos en méritos y para entrar en la bolsa hacen falta 60. El tribunal eleva su propuesta “en función de los méritos y del informe del Director Gerente”, y es el propio director gerente quien aprueba la bolsa.

Las comisiones, además, rotan entre muy pocas personas. Las de 2024 las presidió siempre el mismo directivo, las de 2025 casi siempre Longás y las de 2026, otro responsable, con los mismos vocales repitiendo de un proceso a otro. El primer tribunal que nombró Rey, en noviembre de 2023, menos de un mes después de llegar, fue el de dos plazas fijas de telefonista-recepcionista. Lo presidió López Cabeza.

Este periódico ha pedido aclaración sobre todas estas cuestiones al Gobierno de Aragón, pero por ahora no ha obtenido respuesta.