Cuatro horas para un pelotazo millonario: así se cerró el plan para construir más de 200 pisos de lujo junto a La Romareda

A primera hora del pasado lunes, el Ayuntamiento de Zaragoza notificó a Enta Properties, la empresa que promueve 204 viviendas de lujo en el antiguo Convento de Jerusalén, que abría un trámite de audiencia de 15 días para que presentara alegaciones. A última hora de la mañana, el consejero de Urbanismo daba a conocer el nuevo convenio. Entre medias, menos de cuatro horas en las que se sucedieron las prisas, las visitas al Seminario y los informes técnicos y jurídicos hasta que se articuló el nuevo documento, que consolida el incremento en la edificabilidad residencial y terciaria.

Según consta en el expediente municipal de la modificación aislada al PGOU, el Ayuntamiento de Zaragoza trasladó a las 9.56 horas a Enta Properties –del grupo Bancalé– el plazo para responder a un informe de la Intervención General sobre el convenio. La promotora leyó la notificación 35 minutos después; esa misma mañana, su abogado presentó en dependencias municipales un nuevo texto del convenio: el Servicio Técnico de Planeamiento, el Servicio Jurídico y el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, firmaron a continuación sus informes y la propuesta de acuerdo. A las 13.45 horas, el propio Serrano presentaba en rueda de prensa la “aprobación definitiva” de la operación, que permitirá levantar una torre de 16 alturas y 204 pisos –68 de ellos, de alquiler–, más dos residencias, junto al nuevo estadio de La Romareda. Los 15 días se habían quedado en menos de cuatro horas.

A cambio de la operación, Enta pagará 22,4 millones de euros al Consistorio. Como informó este medio, el documento final incluye 1.405 metros cuadrados de vivienda por encima de los que habían fijado los técnicos de Urbanismo.

El informe jurídico municipal firmado el lunes ya analizaba el convenio que Enta había entregado ese día: concluye que “da cumplimiento a lo requerido” y solo suprime cuatro líneas de una cláusula. En la misma jornada firmaron el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, con un informe de 27 páginas, y el consejero, cuya propuesta a la Comisión del ramo cita ya el convenio “aportado en fecha 19 de octubre”.

Tres semanas de espera

Las prisas del lunes llegaron tras semanas casi sin movimiento. Enta presentó la documentación para la aprobación definitiva el 23 de septiembre, pero no se envió al Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano hasta el 14 de octubre, con la indicación de informar “a la mayor brevedad posible”. Entre el martes 13 y el lunes 19 se emitieron el informe sobre las alegaciones vecinales, la petición a Hacienda y su respuesta, y los informes de la Intervención, de Ingeniería, del Servicio Técnico y del Servicio Jurídico, además de la propuesta del consejero.

El informe de Hacienda sobre el impacto en las arcas municipales se tramitó en 48 horas. Urbanismo lo pidió preguntando si el impacto “puede considerarse favorable o positivo”, “como se desprende” de sus propios datos; Hacienda respondió reproduciendo los párrafos de Urbanismo y concluyó que “comparte el criterio”.

El informe de Ingeniería, elaborado contra reloj, deja constancia de varias carencias. La documentación no incluye un estudio específico de riesgos, ni datos concretos sobre la capacidad de las redes de agua y saneamiento, ni un estudio económico-financiero desglosado: solo una “estimación global” de la inversión, “superior a 100 millones de euros”.

Alegaciones vecinales

Durante la información pública se presentaron tres alegaciones: una de la comunidad de propietarios de Álvaro de Bazán 2, 4, 6 y 8 y Jerusalén 3 y dos de otros tantos vecinos a título particular.

Los vecinos sostienen que la modificación responde a un interés privado y no urbanístico. Recuerdan que Enta compró el solar como equipamiento religioso, “con el fin al parecer de construir una residencia de ancianos, lo que al parecer ha quedado totalmente superado”, y hablan de “cierto apetito voraz” de la promotora. Consideran que la cantidad ofrecida “no constituye ninguna mejora sino que es una mera cuantificación” de las cesiones que la ley ya exige. Añaden que una corporación “agobiada por el compromiso de construcción de un nuevo estadio de fútbol”, según recoge el informe municipal, podría ver en ese dinero una justificación, pero “política, en modo alguno jurídica ni urbanística”. Uno de los vecinos relaciona además la aceleración del expediente con el Mundial de 2030.

Las alegaciones denuncian también que el proyecto expuesto al público no fijaba el número de viviendas ni justificaba que las zonas verdes y equipamientos se cambiaran por dinero. Señalan que faltaban informes sectoriales, entre ellos los de la Confederación Hidrográfica, Protección Civil y perspectiva de género, y que los estudios de tráfico y ruido eran insuficientes. Critican que el convenio aplazara los pagos sin garantías y mantuviera el recurso de casación de la promotora. Por último, advierten de la pérdida de soleamiento, vistas e intimidad por la cercanía y la altura de los nuevos bloques. Uno de los vecinos propone que no superen en más de una o dos plantas a los edificios existentes y que el suelo del nuevo vial se use para alejar las construcciones y reducir su altura.

El informe jurídico municipal, firmado el 13 de octubre, propone desestimarlas todas, aunque algunas reclamaciones sí se han recogido en el texto final. El número de viviendas queda fijado en 204, la promotora renuncia al recurso de casación contra la sentencia del TSJA y los técnicos imponen como condiciones vinculantes una altura máxima de 28,20 metros frente a Álvaro de Bazán y las distancias mínimas con los edificios vecinos.