El Gobierno de Almeida admite que tiene ofertas por un palacio municipal histórico y los vecinos temen su privatización

A pocos metros de la Gran Vía de Madrid, en una empinada calle de Malasaña, se levanta desde el siglo XVIII un enorme edificio de viviendas que el Gobierno de Almeida mantiene cerrado y sin uso desde hace un lustro. Se trata del Palacio de la infanta Carlota, un bloque que expropió el consistorio en la etapa de Gallardón como alcalde para proteger su valor patrimonial de un inversor privado que ejecutó allí obras ilegales.

El Ayuntamiento de Madrid consiguió en 2021 vaciar el lugar de inquilinos en situación irregular, después de varias rondas de desalojos. Desde entonces mantiene clausurado el espacio sin ofrecer pistas sobre su futuro. Solo una visita hace cuatro años de la entonces vicealcaldesa, Begoña Villacís, apuntó a que podría destinarse a un centro cultural y a acoger viviendas para mayores. Pero con la desaparición de su partido en Cibeles, la promesa se esfumó.

Los vecinos de la zona llevan varios meses preguntando al Ayuntamiento por el futuro de esta dotación municipal sin obtener información alguna. Pero el pasado viernes fueron testigos de una visita al edificio que les puso sobre alerta: la del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, acompañado del director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda. Su presencia en la acera frente al palacio fue captada en la foto que reproducimos sobre estas líneas y difundida en redes sociales por la Asociación Vecinal Maravillas, la más representativa del barrio.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a este periódico que “está atendiendo” a diferentes entidades que se han interesado por el edificio, sin concretar las ofertas que le han formulado ni de qué empresas u organismos proceden. Los vecinos temen, por su parte, que estas visitas anticipen una privatización del edificio, que cuenta con más de 4.800 metros cuadrados de superficie distribuidos en cinco alturas del final de la calle Luna, junto a su cruce con San Bernardo.

“El centro se vacía de quienes lo habitan. Los alquileres se disparan, los pisos se convierten en negocio y cada vez es más difícil hacer vida en el barrio. Y frente al Palacio de la Infanta Carlota se reúnen Borja Carabante y Francisco Marhuenda para hablar del futuro del edificio. ¿El futuro de quién? ¿Para quién? ¿Decidido por quién?”, denuncian desde la Asociación Vecinal Maravillas.

La entidad vecinal ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno de Almeida que destine este lugar a vivienda social, en cualquiera de sus modalidades, y sugieren que lo que allí se abra sea un espacio intergeneracional, en el que convivan mayores y jóvenes. El consistorio les argumenta que la rehabilitación del espacio, que cuenta con un grado de protección singular, es muy elevada, aseguran los vecinos.

“El tejido vecinal lo tiene claro: el Palacio de la infanta Carlota debe tener un uso residencial público, al servicio de quienes necesitan una vivienda digna en nuestro barrio. No aceptaremos que otro edificio del centro se convierta en un negocio mientras nuestras vecinas se ven obligadas a marcharse”, responden desde la asociación apuntando al descenso de población en el distrito Centro registrado en los últimos datos oficiales del padrón.

Obras ilegales y más de 200 desahuciados

“Este edificio se va a tapiar porque no hay ningún destino previsto para esto”, contaba hace cinco años un representante vecinal a este periódico durante uno de los últimos desalojos en el Palacio de la infanta Carlota. El Ayuntamiento había ido echando a los ocupantes que resistían en este lugar a través de 14 desahucios parciales: más de 200 personas, entre ellas decenas de niños que estaban escolarizados en el barrio. Muchas familias salieron camino de alojamientos temporales municipales, con un horizonte de solo tres meses de estancia.

Los primeros inquilinos que residían en este edificio empezaron a llegar hace más de dos décadas, cuando el empresario iraní Taefi Alí adquirió el edificio y redistribuyó parte de sus interiores con una obra ejecutada por su constructora y que se saltó la normativa municipal al añadir una planta de apartamentos. Fue entonces cuando se destruyeron varios elementos ornamentales como unos leones pasantes en su escalera principal, así como pinturas pompeyanas y antiguos jarrones en sus hornacinas, como denunció en su día el historiador y colaborador de Somos Malasaña, Carlos Osorio.

El Ayuntamiento expropió el palacio en noviembre de 2005, pero hasta 2011 no pasó a ser propiedad municipal, después de que un tribunal dictara el pago de 8,5 millones de euros al empresario, que había adquirido el inmueble por 3,1 millones. Fue entonces cuando el Gobierno del PP anunció que dedicaría el edificio a dotaciones sociales para los habitantes del barrio. Una promesa que repitió Villacís durante una visita al lugar en el año 2022, la última de carácter público de un mandatario municipal. La de Carabante del pasado viernes junto a Marhuenda no figura en su agenda pública, pese a que la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid obliga a los altos cargos a incluir reuniones de trabajo con empresas, asociaciones o grupos de interés en el ejercicio de sus funciones.

El Palacio de la infanta Luisa Carlota fue ideado en 1775 por el arquitecto Juan de Villanueva, responsable de edificios icónicos de Madrid como el Real Observatorio del Retiro o la reconstrucción de la Plaza Mayor. El encargo fue efectuado por el marqués de Llano, el funcionario y diplomático José Agustín Llano y de la Cuadra. El lugar sirvió como residencia del infante Francisco de Paula y su esposa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, a su vuelta del destierro francés en 1842, motivo por el que recibió el nombre con el que es conocido actualmente. Poco después, el inmueble fue reformado por el arquitecto Antonio Herrera de la Calle, una vez que pasó a manos del conde de Villariezo.

Hoy espera cerrado recuperar parte del esplendor de su pasado, todavía no se sabe a través de qué formato. Los vecinos apuestan porque se convierta en viviendas sociales: “Queremos un centro vivo, con vecinas, comercio de proximidad, infancia y comunidad. No un decorado donde vivir sea un lujo. El barrio no es una inversión”, alertan sobre un posible futuro especulativo.