El Ayuntamiento de Madrid celebra el desalojo de Luna 32, donde ubicará dotaciones culturales y “viviendas intergeneracionales”

El palacio de la Infanta Carlota vuelve a estar vacío. Un año después de que el Ayuntamiento iniciara los desalojos de los habitantes de este inmueble de la calle Luna, tres concejales del Ayuntamiento visitaron el espacio el pasado viernes para anunciar su vaciado. En el paseo estaban la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, y el concejal del distrito, José Fernández.

Una vez vacío, queda por saber cuál va a ser su futuro. El Ayuntamiento de Madrid no tiene prisa por hacerlo y parece que será la próxima legislatura cuando se decida definitivamente. De momento, la vicealcaldesa explicó que “tras evaluar las distintas necesidades del distrito se detecta en la zona una carencia en materia de dotaciones culturales y también para mayores”. Fuentes añadió que se estudiaba “dedicar una parte del edificio –planta baja y primera- a un uso cultural, y las plantas superiores a la creación de viviendas intergeneracionales de mayores y jóvenes”.

De momento los técnicos municipales del Área de Desarrollo Urbano se encargarán de la rehabilitación del edificio, lo que les llevará aproximadamente un año, debido al grado de deterioro del inmueble.

El Ayuntamiento de Madrid es propietaria del Palacio de la Infanta Carlota desde 2005, cuando el consistorio expropió este edificio histórico a un inversor iraní, en una compra que completó en 2011. Una joya de 1775 ideada por Juan de Villanueva que su anterior dueño -Teafi Alí- destrozó con una reforma sin atender a su valor patrimonial, al poco de adquirirlo a través de su inmobiliaria, Cintia Real.

De aquella época quedaban algunos inquilinos cuando el consistorio comenzó el proceso de vaciado durante la pandemia, después de años de que diferentes equipos de gobierno fueron pasándose esta patata caliente. Otros habitantes fueron llegando después, llenando todas las habitaciones del edificio, hasta convertirlo en la mayor bolsa de infravivienda pública en la ciudad de Madrid. En la operación de desalojo participó el área de Desarrollo Urbano, el SAER (Servicio de Atención a la Emergencia Residencial) y los Servicios Sociales del distrito de Centro, el Samur Social y los servicios sociales del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social y la Policía Municipal.

El consistorio asegura que “en todo momento se han facilitado alternativas habitacionales y soluciones de emergencia para evitar que cualquier persona pudiera quedar en situación de vulnerabilidad”.