Maldonado 65, el mayor accidente laboral de España donde murieron 102 obreros y cuyas causas quiso ocultar el franquismo

Existe en el Cementerio de la Almudena un grupo de tumbas iguales que dan noticia de un suceso poco conocido por los madrileños: están dedicadas a las víctimas del hundimiento de un edificio en la calle Maldonado en 1944. Aunque la mayoría de los madrileños no tiene edad para recordarlo –y los más jóvenes no se lo han topado jamás en los libros de historia– el suceso es el accidente laboral más importante de la historia de España.

El 14 de enero de 1944 los vecinos de la calle Maldonado vieron interrumpida su normalidad por un gran estruendo que, dicen, les recordó el de las bombas que pocos años antes habían llovido en Madrid. Un edificio en construcción de la calle, en la esquina con la del General Díaz Porlier, en el barrio de Salamanca, colapsó mientras numerosos obreros trabajaban en la obra. La desgracia se saldó con al menos 102 muertos, cuyos cuerpos tardaron ocho días en ser recuperados.

En la obra trabajaban unos 250 obreros. En los días siguientes al derrumbe, la prensa del movimiento dio noticia de los trabajos de salvamento de algunos supervivientes y de la recuperación de los cuerpos. En el ínterin, se aplazaron los festejos de San Antón, se publicaron numerosos mensajes de condolencia, se hicieron funciones especiales y se abrió una colecta para las familias de las víctimas en la que participaron desde el Ayuntamiento al Real Madrid pasando por Francisco Franco.

Solo unos días antes, un accidente ferroviario en Torre del Bierzo (León) había acabado con la vida de unas doscientas personas –aunque el franquismo intentó aminorar su magnitud y se habló de 87 víctimas–. La maquinaria del país estaba gripada y el clima de indignación era patente por la escasez generalizada y la precariedad de la vida diaria.

Por ello, a pesar del clima represivo de la primera posguerra, el régimen hubo de manejar con cautela el dolor causado por el accidente, tratando de que no se desbordara. Los funerales por los obreros fallecidos se celebraron con presencia de las autoridades eclesiásticas y militares el 27 de enero de 1944 en la iglesia del Pilar, situada en la calle Conde de Peñalver (entonces calle Torrijos). El entierro también estuvo presidido por una nutrida representación del régimen.

El control de la prensa durante aquellos primeros años del franquismo era total y se habló más del entierro, de la solidaridad con los trabajadores fallecidos y del posterior juicio (varios años después los técnicos al frente de la obra fueron procesados) que de las causas del propio suceso, que evidenciaba una manera de funcionar generalizada en el sector que se desarrollaba en connivencia con el Estado.

Debemos situarnos en una España de posguerra, para cuya reconstrucción el franquismo había iniciado una política centralizada a través de organismos como la Dirección General de Regiones Devastadas y el Instituto Nacional de la Vivienda. La política de la autarquía franquista –intento de autosuficiencia nacional– llevó asociada la corrupción endémica. Si el estraperlista jugaba con la necesidad de supervivencia, el empresario de la construcción lo hacía con el lugar donde uno podía vivir. Se creó una oligarquía ladrillera en la que sobresalieron algunas empresas como Huarte, Dragados, Entrecanales o Agromán, habituales de las adjudicaciones directas y la obra pública, que en ocasiones hicieron uso de mano de obra esclava proveniente de los destacamentos penales.

El nombre de la empresa propietaria de la obra de la calle Maldonado sale en el listado del párrafo anterior. El dueño del solar era el empresario e ingeniero José Entrecanales Ibarra, que en 1931 había fundado junto al sevillano Manuel Távora la constructora Entrecanales y Távora, que con el tiempo se convertiría en Acciona.

El periodista Rafael Abellá habla en su libro La vida cotidiana bajo el régimen de Franco del suceso y lo relaciona con un problema estructural del franquismo y su clase empresarial: “A partir de este siniestro, por los más diversos puntos de la geografía española —Palma de Mallorca, Puerto de Santa María, Reus— y en años sucesivos se fueron sucediendo desplomes de obras en construcción hasta tal punto que la opinión pública llegó a la convicción de que la voracidad económica de los constructores no se detenía ni ante el riesgo de poner en peligro vidas humanas. En abril de 1947 se produce un nuevo hundimiento en Madrid, esta vez en la calle de Velázquez. Los muertos ascienden a treinta y ocho. En 1950, en el barrio madrileño de Tetuán, se desplomó durante la celebración de una boda una casa recientemente reformada y en cuya obra —según se supo posteriormente— se habían vulnerado todas las ordenanzas municipales. Tras las escenas de pánico quedaron diecisiete muertos y treinta y tres heridos. Y la sarta de tragedias continuaría por Vallecas y en Coruña, donde en 1954 se desfondó un inmueble a punto de terminar”.

Los vientos de modernidad y racionalismo, que habían arribado a los estudios de arquitectura durante la Segunda República, dieron paso a un estilo tradicional (a veces, las firmas de la regresión eran las mismas, como sucedió con el conocido arquitecto Luis Gutiérrez-Soto). Aunque se buscaba configurar un estilo nacional, la escasez no fue ajena a la forma en que se construyó. Faltaban acero y maquinaria pesada –y su importación durante la Segunda Guerra Mundial no era sencilla–, lo que dejaba vía libre al muro de carga de ladrillo, el uso de piedra y la pizarra. Con pretendido porte imperial –escurialense–cuando se trataba de edificios prominentes y construcciones deficientes en las barriadas.

El cemento Portland de alta resistencia era un lujo reservado para obras militares o infraestructuras centrales del Estado. El uso de acero aluminoso en los forjados, que fraguaba muy rápidamente, se convertiría con el tiempo en un serio problema cuando, décadas después, los edificios enfermaran por su inestabilidad en ciertas condiciones de temperatura y humedad. El goteo de derrumbes de edificios de aquellos años forzó a que el Ayuntamiento de Madrid lanzara en 2015 un Plan Urgente de Inspección Técnica para todos los edificios construidos entre 1940 y 1958. De los 854 inmuebles analizados inicialmente, un 20% (168 edificios) presentaba daños estructurales que requerían medidas de seguridad inmediatas.  

El hundimiento del número 65 de la calle Maldonado se llevó por delante la vida de al menos 102 obreros (las noticias de la época hablaban de otros veintidós heridos graves, algunos pudieron morir). Cuando se celebró el entierro en La Almudena, aún seguían saliendo cadáveres debajo de los escombros. Una catástrofe sin apenas legado gráfico en la prensa de la época que fue silenciada por el régimen–lo que se pudo, el ruido del desplome fue tremendo en muchos sentidos– y aún hoy busca un hueco en la memoria colectiva.