Madrid Network mantiene en el limbo 31,5 millones de euros que no ha devuelto al Ejecutivo de Ayuso

A dos meses de que se cumplan 15 años desde que la Comunidad de Madrid transfirió a la asociación Madrid Network los 80 millones de préstamo concedidos a su vez por el Gobierno central que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, es hoy más alargada que nunca la sombra de sospecha sobre el dinero perdido en aquella desastrosa operación multimillonaria cuyos documentos mantuvo en secreto el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hasta que el Tribunal Supremo forzó su difusión el pasado mes de octubre.

La sombra de sospecha sobre los créditos fallidos otorgados a terceros por Madrid Network y que beneficiaron, entre otras, a empresas de altos cargos del PP crece ahora por un motivo: la documentación entregada tras la resolución del Supremo a diputados de Más Madrid y PSOE sobre los 47 préstamos distribuidos por Madrid Network confirman que la entidad sí ha logrado recuperar más de la mitad (42,9) de aquellos 80 millones. Pero el contenido de la tabla remitida por la Consejería de Hacienda al diputado socialista Daniel Rubio confirma también que una parte relevante del total devuelto a Madrid Network permanece en el limbo. Y esa parte la conforman los 31,5 millones recuperados por la entidad pero nunca entregados a la Administración madrileña dado que, hasta ahora, Madrid Network solo le ha pagado 10,9 millones en concepto de devolución de aquel macropréstamo.

Valiéndose de una estrategia judicial de pleitos interpuestos a velocidad lenta contra la Comunidad de Madrid, la asociación ha logrado que el Tribunal Superior de Madrid bloquee el pago de las cuotas posteriores a 2017 y supedite su pago al establecimiento de un nuevo “cuadro” de amortización que lleva en espera desde 2022. Madrid Network demandó en los tribunales a la Comunidad de Madrid tras ver rechazado su recurso administrativo de reposición contra las cantidades exigidas por cuota anual.

A la pregunta sobre dónde están y qué fin ha dado Madrid Network a esos 31,5 millones no ha dado respuesta el Gobierno de Ayuso. Tampoco a la formulada sobre por qué en ningún momento se ha planteado denunciar —aquí, sinónimo de liquidar— por incumplimiento de pagos y objetivos el convenio suscrito con Madrid Network el 23 de mayo de 2011.

Tampoco esta vez ha sido posible contactar ni telefónica ni presencialmente con Madrid Network, cuyos estatutos originales otorgaban su presidencia al consejero de Hacienda y a cuyo elenco de socios pertenecía la Comunidad hasta que en septiembre, y sin ninguna explicación, se desvinculó de la entidad a través de un escrito firmado por el ahora recién cesado consejero de Educación, Emilio Viciana. La única respuesta facilitada por fuentes autorizadas de la Consejería de Hacienda ha sido esta: “Todos los préstamos concedidos por Madrid Network fueron validados por el comité paritario del que formaban también parte representantes del Gobierno central. Asimismo, el proceso fue fiscalizado por la auditoría independiente contratada por el Estado, con el resultado de la correcta aplicación de los créditos. La labor de control por parte de la Comunidad de Madrid es absoluta, de hecho ha derivado en una demanda a Madrid Network para la recuperación de las cuantías adeudadas”.

El Ministerio de Ciencia no ha contestado a la pregunta de si tal auditoría llegó a existir ni el Gobierno de Ayuso ha accedido a dar información sobre una supuesta demanda judicial contra Madrid Network de la que no hay rastro. La comisión paritaria Ministerio de Ciencia-Comunidad de Madrid aludida por la Consejería de Hacienda celebró en la fase final del Gobierno de Zapatero solo tres de las siete sesiones cuyas actas aparecen en la respuesta a una pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano. Las otras cuatro tuvieron lugar ya con Mariano Rajoy en Moncloa y Cristóbal Montro como ministro de Hacienda. Entre los préstamos correctamente amortizados por empresas “asociadas” a Madrid Network figuran dos concedidos a empresas en las que participaba Cristina Garmendia tras finalizar su mandato como ministra de Ciencia en el último Gobierno de Zapatero.

Días antes de que el Ejecutivo madrileño sugiriese que ya ha interpuesto una “demanda” contra Madrid Network, elDiario.es hizo dos preguntas a Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense: si la Comunidad debería haber emprendido acciones legales contra la asociación y si debería haber anulado el convenio y exigir la liquidación inmediata de la deuda. “Como ocurre con cualquier préstamo que otorga la Administración –sostiene González–, la Comunidad de Madrid debe realizar todas las actuaciones para la recuperación del dinero, una vez que el préstamo está vencido. Si no hiciera nada sería una pérdida patrimonial con consecuencias jurídicas”.

Respecto a si cabía o no rescindir el convenio, el catedrático no alberga dudas: “La denuncia del convenio resulta una actuación necesaria, dado que parece que no se ha cumplido satisfactoriamente la prestación. Con esa denuncia, se debería proceder a su liquidación, lo que conllevaría la recuperación de las cantidades que hubiera recuperado y que no hubiera transferido. De existir, habría también intereses. Es preciso tener en cuenta que se trata de un activo de la hacienda pública madrileña (de acuerdo con lo que dispone la norma entonces en vigor), con lo que se podría proceder al embargo de bienes para su recuperación”.

Un agujero de más de 70 millones

Hasta ahora, la asociación nacida bajo el impulso personal de Esperanza Aguirre como entidad público-privada solo ha pagado dos cuotas de devolución del préstamo: la de 2016 y la de 2017, bajo el mandato de Cristina Cifuentes. Son esas dos cuotas las que suman los 10,9 millones devueltos.

En paralelo, los impagos de Madrid Network han provocado ya un agujero de más de 70 millones que la Comunidad de Madrid ha ido detrayendo de otras partidas desde 2018 para cumplir su parte en el esquema de devolución del préstamo. El agujero ha roto sin consecuencias para Madrid Network el triángulo creado en 2011 y según el cual la asociación debe devolver el dinero al Ejecutivo madrileño y este, a su vez ,a la fuente original del dinero, el Ministerio de Ciencia. Según fuentes oficiales de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Es llegados a este punto cuando surge el gran interrogante: dónde están y a qué ha destinado la asociación los 31,5 millones que resultan de restar a los 42,49 millones recuperados a los 10,9 millones devueltos. Y así, permanece en la sombra una cifra millonaria casi idéntica al recorte de gasto aprobado hace una semana por una institución pública -la Universidad Complutense- para poder devolver un préstamo de 33,18 millones a la Comunidad de Madrid.

Nada de “utilidad pública”

Pese a su papel protagonista en el reparto de 80 millones públicos, Madrid Network nunca ha tenido el rango de asociación “de utilidad pública”. Esa mella, de la que tampoco existe explicación, le ha librado de depositar en el registro público sus cuentas anuales. Las memorias, informes trimestrales y actas de la comisión de seguimiento del convenio de cesión de los 80 millones, difundidos tras la orden del Supremo, ofrecen una información exigua e insuficiente.

Las cuentas anuales y el conjunto de actividades económicas de Madrid Network, exentas de investigación parlamentaria y contable gracias al veto del PP continúan siendo un misterio del que a lo largo de los años han ido aflorando algunas piezas. Por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso trabajó en el gabinete de prensa de la asociación. O que dos empresas de Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, el sucesor de Aguirre al frente del Gobierno madrileño, obtuvieron préstamos millonarios, uno de ellos aún pendiente de pago. También figura en la lista de deudores una asociación impulsada por el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el hombre que acusó en falso a los médicos de Urgencias del hospital Severo Ochoa de sedaciones irregulares y homicidios.

El último dato de relieve conocido hasta hoy se resume en que Madrid Network pagó 1,8 millones a la empresa de Cristóbal Montoro –Equipo Económico SL– tal como consta en un informe policial incorporado al caso por el que se investiga al exministro de Hacienda. Nada más tomar posesión como ministro de Hacienda en diciembre de 2011, Montoro incorporó a Antonio Beteta a su departamento como secretario de Estado de Administraciones Públicas. En su calidad de consejero de Hacienda con Esperanza Aguirre, Beteta había ostentado la presidencia de Madrid Network hasta enero de 2011.