El Ayuntamiento de Madrid desahucia Luna 32: “No puedo irme, necesito un sitio para mis hijas”

Ainhoa no ha podido pegar ojo esta noche en su habitación de Luna 32. Sabía que a las 8.30 horas llegaría una comisión judicial para ejecutar el desahucio de nueve de sus vecinos, pedida por el Ayuntamiento de Madrid, y tenía miedo de que le tocara también a ella. Poco después de la hora fijada para el lanzamiento, sale del cordón policial con los ojos enrojecidos y la voz nerviosa. Parece que hoy dormirá en su cama, pero no sabe hasta cuándo.

“Para diciembre nos quieren a todos fuera”, explica en una acera de la calle San Bernardo. Tiene 27 años y vive desde hace un lustro junto a sus tres hijas en este edificio municipal casi pegado a la Gran Vía. Dos de ellas, las más pequeñas, solo conocen esta casa desde que nacieron. Están allí porque no encuentran ningún lugar asequible que alquilar en Madrid. Quiere marcharse, pero denuncia que el Ayuntamiento no le está ayudando. “No puedo irme, necesito un sitio que pueda pagar para llevarme a mis hijas”, se lamenta.

“La única opción que me han dado es irme a una vivienda compartida tres meses, me da miedo meterme a vivir con mis hijas en un lugar que no conozco”, dice entre sollozos. También teme que, una vez que pase este periodo, los servicios sociales le separen de sus hijas: su situación económica no es buena -actualmente cobra el subsidio- y además se tiene que encargar de su madre, con minusvalía. “Pido un alquiler social, algo que pueda pagar, porque no tengo los 3.000 € que hacen falta hoy en Madrid para alquilar un piso”, se queja.

El caso de la familia de Ainhoa es solo uno de las decenas que conviven en Luna 32, dentro de un edificio que el Ayuntamiento expropió hace más de 15 años y que se ha convertido en el lugar municipal con mayor número de personas viviendo en la alegalidad. Los vecinos calculan que dentro han llegado a residir hasta 180 adultos y 30 niños, aunque algunos se están marchando antes de que les eche la Policía. María, otra de sus ocupantes, no tiene intención de marcharse: es madre de otra niña de 11 años, a la que tampoco le convence ir a un alojamiento de emergencia, donde no conoce a nadie: “No sé lo que voy a hacer”, admite al cruzar el cerco policial para ir a comprar seis cartones de leche.

María, Ainhoa y sus respectivas familias viven en el edificio que en otro tiempo se conoció como el Palacio de la Infanta Carlota, hasta que un empresario iraní destrozó su valor histórico por dentro durante una reforma. Fue cuando llegó la expropiación municipal y la época en al que llegaron parte de sus actuales inquilinos. Los concejales de Más Madrid, presentes en el desahucio, piden que el equipo de Almeida les trate como si fueran inquilinos con los que ha contraído una responsabilidad. “Ha habido más tiempo que el suficiente para buscarles una alternativa”, se quejaba esta mañana el edil Javier Barbero, quien acusaba al alcalde de “no hacer nada” para resolver este problema ni el de la dificultad para encontrar vivienda asequible en Madrid.

También lamentaba Barbero el enorme dispositivo policial desplegado desde las 6.45 horas para un desahucio en el que no se ha producido ningún incidente: varios coches de la Policía Local y de la Policía Nacional cortaban los accesos a la zona en cinco puntos de Malasaña. También al propio concejal de Más Madrid, que había acudido junto a su compañera Mar Barberán para interesarse por la situación de las familias desalojadas. “Es una criminalización de la pobreza”, denunciaba mientras reclamaba que el Ayuntamiento ponga lo social como “primer criterio” a la hora de decidir qué hacer con casos como estos. “Hay niños escolarizados que no saben si podrán seguir con sus compañeros de clase o no”, añadía.

Nueve desahucios, cuatro realojos de emergencia

Los lanzamientos de este miércoles son solo los primeros de una larga serie que previsiblemente se extenderá durante las próximas semanas en la calle Luna. Cinco de estas familias se han acogido a alguna de las ayudas ofrecidas por los servicios sociales: “Se les han realizado los trámites para acceder a un alojamiento alternativo”, explican desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Otras cuatro personas han solicitado plaza de emergencia del Samur Social hoy mismo. Entre las personas afectadas y que no tenían pensado irse esta mañana se encontraban un hombre de avanzada edad y una madre con un bebé de tres meses, según fuentes vecinales consultadas por Somos Malasaña. Esta última se ha marchado a otra vivienda, sin requerir la ayuda municipal, según datos ofrecidos por el consistorio.

El Ayuntamiento de Madrid explica que sigue pendiente del resto de familias, aunque indica que algunas “no han acudido a las reiteradas citas de los servicios sociales para que puedan optar a las diferentes prestaciones”. Desde el área que dirige Pepe Aniorte detallan que las prestaciones de alojamiento alternativo se conceden en función de las necesidades y la vulnerabilidad de los inquilinos y se ubican en viviendas compartidas o en plazas de Samur Social, y pueden llegar a durar un año. También, en función del caso, se pueden iniciar los trámites para realojarlos en viviendas de la EMVS. “Nadie se va a quedar en la calle”, aseguran.

“Es un desahucio invisible”, lamentaba esta mañana Jordi Gordon, de la asociación vecinal SOS Malasaña, que ha estado apoyando y ayudando a los habitantes de Luna 32 en los últimos años. Los vecinos denuncian que no se están ofreciendo alternativas por escrito a los afectados y que no existe ninguna urgencia por recuperar el espacio: “Este edificio se va a tapiar porque no hay ningún destino previsto para esto”, añadía. El 30 de noviembre volverán los desahucios para otras ocho familias.

“¿Y el Almeida no puede hacer nada?”, decía a su lado Soraya, otra de las que temen que la expulsión esté cerca. “Tengo ganas de que venga aquí el llaverín para decirle varias cosas”, explicaba con humor a los concejales de Más Madrid: “¿No tienes su teléfono?”, les pedía.