La irrupción de la Fiscalía vuelve a sembrar dudas sobre la solución de tapar las balsas tóxicas de fosfoyesos de Huelva
La decisión del Ministerio Fiscal de remitir un escrito a la Audiencia Nacional en el que interesa que, “dado el tiempo transcurrido”, se resuelva el incidente de ejecución promovido en mayo de 2025 relativo al proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos de Fertiberia en Huelva (proyecto Restore 20/30), vuelve a poner en entredicho la decisión tomada en su día por la empresa para tapar los restos de más de 40 años de actividad química, mediante los sucesivos permisos dados en su día por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva.
En ese escrito, la Fiscalía solicita que se ordene a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental modificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al considerar que las medidas preventivas y correctoras resultan “insuficientes e ineficaces”. En paralelo, como recuerda el colectivo Mesa de la Ría –el único de la provincia que siempre se ha mostrado en contra de estas balsas, situadas junto a la barriada de Pérez Cubillas, una de las más humildes de la ciudad– hay dos procedimientos judiciales en vigor en estos momentos relacionados con este mismo proceso.
Rafael Gavilán, el portavoz de Mesa de la Ría, recuerda además a elDiario.es Andalucía que se han dado circunstancias “difícilmente explicables”, como que la licencia de obras a la empresa para comenzar el tapado de los residuos químicos “la dio el exalcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE) en nueve días”, y cuando había perdido las elecciones y faltaban seis días para que tomase posesión de su cargo en 2023 la actual alcaldesa, Pilar Miranda, del PP. “La Ley no dice nada en contra de que se dé una licencia estando en funciones y tramitándola en tiempo récord, pero desde luego que no huele bien”.
Dos procedimientos judiciales en vigor
La actualidad sobre este asunto en los tribunales lleva al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, donde se están sustanciando actualmente dos procedimientos judiciales promovidos por Mesa de la Ría.
El primero de ellos tiene por objeto la impugnación de la licencia de obras que dio el Ayuntamiento de Huelva para la ejecución del proyecto, la concedida en tiempo récord por el alcalde socialista. Este procedimiento se encuentra actualmente en una fase muy avanzada y está muy cerca de su resolución, recuerda el portavoz de Mesa de la Ría.
El segundo procedimiento contencioso-administrativo se dirige contra la Autorización Ambiental Integrada concedida por la Junta de Andalucía al proyecto Restore 20/30, y se encuentra suspendido a petición de Fertiberia, a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el incidente de ejecución presentado en 2025 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En dicho incidente, la Fiscalía solicitaba que se tramitase una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), a la vista de los informes científicos “que consideran que las medidas contempladas por Fertiberia en su proyecto de restauración son inadecuadas e insuficientes”.
“Todo se desarrolla conforme al proyecto”
Aparentemente ajena a estos asuntos, la empresa sigue adelante con lo que denomina “proceso de restauración de los apilamientos de fosfoyesos”, y defienden fuentes de la compañía que “se está desarrollando conforme al marco técnico, administrativo y judicial establecido para el proyecto Restore 20/30, con total transparencia y bajo el seguimiento de las administraciones competentes y de la Audiencia Nacional”.
Añade que la barrera perimetral diseñada se encuentra actualmente en fase de ejecución y, “como corresponde a una obra de esta complejidad y envergadura, está sometida a comprobaciones y controles técnicos continuos”.
Se refiere también al informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, que alertó de grietas que “comprometen la estabilidad” de las balsas, algo que para a compañía “se encuadra en este proceso de seguimiento y plantea una cuestión localizada en la ejecución de la barrera perimetral, sin cuestionar el proyecto en su conjunto”.
En concreto, “identifica valores de permeabilidad superiores a los establecidos en determinadas zonas examinadas y solicita a Fertiberia información sobre las medidas a adoptar y el estado de avance de las obras”.
Las fuentes de Fertiberia admiten que los trabajos correspondientes a esta unidad de obra han sido suspendidos temporalmente “mientras se analizan las medidas técnicas complementarias necesarias para asegurar el cumplimiento de las condiciones de estanqueidad previstas en el proyecto”.
En cuanto al escrito de la Fiscalía, subraya que no se trata de un nuevo procedimiento, sino que ha instado a la Audiencia Nacional a resolver un incidente de ejecución planteado en mayo de 2025, respecto del cual Fertiberia ya presentó sus alegaciones. “Esta actuación se enmarca en el seguimiento judicial de la ejecución de la sentencia, cuyas resoluciones han venido respaldando la ejecución del proyecto”.
“Fertiberia reafirma su firme compromiso con la ejecución rigurosa y ambientalmente responsable del proyecto Restore 20/30, cumpliendo con los estándares técnicos, de calidad y ambientales exigibles. La identificación de desviaciones durante la construcción, su evaluación y la adopción de las medidas correctoras necesarias forman parte de los mecanismos de control establecidos para garantizar el cumplimiento de las condiciones del proyecto. Cualquier actuación complementaria que resulte necesaria será comunicada y sometida a la valoración de las administraciones competentes antes de su implantación”, concluyen las mismas fuentes.
Una historia de contaminación que comenzó en 1965
En la Nochevieja de 2010 la empresa Fertiberia dejó de verter residuos junto a la ría de Huelva por imperativo legal. Pero atrás habían quedado más de 40 años de vertidos y un daño aparentemente irreparable. Y todo a unos 500 metros en algunos casos de la barriada onubense de Pérez Cubillas. Y en las Marismas de Mendaña, situada al suroeste de Rivera del Nicoba, y al este de Arroyo de la Jara, y junto al brazo de río y mar que forman el Tinto, el Odiel y el Atlántico. Una zona que ha ido perdiendo riqueza natural, fauna y flora, según los ecologistas, con los años de vertidos.
La historia se iniciaba en 1965, cuando se instalaba en el Polo Químico de Huelva la empresa Fosfórico Español (FESA), dedicada a la producción de ácido fosfórico y sulfúrico.
Unión de Explosivos Riotinto (ERT Abonos) y Ercros fueron algunos de sus propietarios, hasta que la compró Fertiberia, que se dedicó a la fabricación de ácido fosfórico. Su trabajo conllevaba la producción de un subproducto, el fosfoyeso, que procede de la fabricación de fertilizantes con contenidos variables de fosfato de hierro y otros puntuales de fosfatos de cobre.
En los años 1967 y 1968, el Gobierno de Franco le otorgó dos concesiones administrativas para ocupar una parcela en el margen derecho del río Tinto para colocar depósitos de decantación para el vertido de estos residuos químicos.
En 1995 se inició un proceso judicial tras la presentación por parte de Fertiberia del proyecto de reordenación de vertido de yesos, tras poner en marcha la Junta de Andalucía el Plan Corrector de Vertidos Industriales de la entonces Consejería de Medio Ambiente.
Hicieron falta 12 años para que la Audiencia Nacional condenase a Fertiberia a dejar de verter, lo que fue ratificado por el Tribunal Supremo. Y hasta 2010 la empresa no dejó de verter residuos y fue por imperativo legal, es decir, porque un juzgado les obligó.
Aunque grupos como la Mesa de la Ría siempre abogaron por restaurar la zona retiraron los residuos químicos, la empresa consiguió todos los permisos para tapar décadas de vertidos contaminantes y no llevarse todo lo acumulado. Entre otras cuestiones, argumentó que eliminarlas y llevarlas a un vertedero provocaría años de atascos en las carreteras de la provincia. Para ello diseñó un proyecto que tendría que terminar en 2030, pero cuyos plazos oficiales se desconocen.
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