La “prioridad nacional” de Vox en los Presupuestos de 2027 en Aragón se queda en exigir cuatro años de residencia fiscal

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), ha presentado los presupuestos autonómicos de 2027 como los que “establecen de forma decisiva el principio de la prioridad nacional”. Pero, preguntado por cómo se aplicará, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro (PP), lo ha reducido a un requisito: haber tenido la residencia fiscal en España durante los últimos cuatro años para acceder a las nuevas deducciones del IRPF por hijo.

Hay que recordar que la residencia fiscal no depende de la nacionalidad, sino de dónde se vive y se tributa.

Nolasco ha defendido el principio en términos mucho más amplios: “Ante recursos que son escasos, la prioridad debe ser para los nuestros, quienes tienen arraigo y compromiso con nuestro país, quienes contribuyen y han contribuido con su esfuerzo a que este país prospere”. También ha reivindicado la autoría: “Sin nuestras exigencias este presupuesto no habría sido el mismo”.

La traducción presupuestaria la ha dado Bermúdez de Castro en el turno de preguntas: “La prioridad nacional en el ámbito fiscal es que su residencia fiscal sea en España los últimos cuatro años. Su residencia fiscal. Vamos, que haya pagado impuestos en España”. En la práctica, un ciudadano extranjero que lleve cuatro años tributando en España cumple el requisito, y quien haya vivido fuera en ese periodo, sea cual sea su nacionalidad, no.

El consejero ha precisado que la bajada del IRPF “es a todos” y que el requisito afecta solo “a las deducciones por hijo, por ayudas a la escolaridad”. Sus explicaciones no han sido unánimes: durante la presentación ha hablado de “residencia fiscal en Aragón los últimos cuatro años” y ha cerrado la respuesta con un “no es una residencia fiscal española cuatro años”. El alcance exacto dependerá del texto articulado del proyecto de ley.

El pacto de Gobierno entre PP y Vox iba más lejos. Recogía la “prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas”, la exclusión de las personas en situación irregular de las prestaciones sociales estructurales y un empadronamiento mínimo de diez años para comprar vivienda protegida y de cinco para alquilarla.

La ley de presupuestos solo puede regular lo que guarda relación directa con ingresos y gastos, por lo que los requisitos de acceso a vivienda o prestaciones sociales deben ir en leyes sectoriales o en las bases de cada ayuda. El Gobierno de Jorge Azcón ha optado por la ley de vivienda que reactivó en junio, que exigirá cinco años de empadronamiento para alquilar vivienda pública y diez para comprar vivienda protegida, y que dejará a las bases de cada ayuda la forma de aplicar el principio.

Más rebaja para quien más cobre

La medida fiscal de más peso es la bajada de 0,25 puntos del tramo autonómico del IRPF en los tramos inferiores a 52.500 euros, primer paso hacia el punto completo que el pacto prevé para el final de la legislatura. Bermúdez de Castro ha reconocido que “la bajada del IRPF no impacta en el presupuesto de este año” y la ha cifrado en “un ahorro para los aragoneses en torno a 40 o 45 millones de euros” anuales cuando surta efecto. Los contribuyentes la notarán en la declaración de la renta de 2027, que se presenta en la primavera de 2028.

Azcón la ha transmitido como la pieza central de una “rebaja de impuestos histórica”. “Aragón era un infierno fiscal y queremos que Aragón deje de ser un infierno fiscal”, ha afirmado el presidente, que la ha vinculado a “las clases medias o a las clases más desfavorecidas”. Como la bajada afecta a los primeros tramos de la tarifa, que recorren todos los contribuyentes, quienes superan los 52.500 euros de base obtienen el ahorro máximo. Quien no llega a tributar no obtiene ninguno.

El resto de medidas tiene aún menos impacto. La bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para el grupo II costará “en torno a 15 o 20 millones de euros como mucho”, según el consejero. Las nuevas deducciones por nacimiento o adopción, de 1.000 a 2.500 euros, que se doblan con discapacidad y suben un 20% en el medio rural, y las de 300 y 600 euros para familias numerosas tienen límites de renta de 40.000 euros en declaración individual y 55.000 en conjunta. El Gobierno no ha detallado su coste.

Fuera ha quedado, en princpio, la bonificación del 50% del impuesto de transmisiones patrimoniales para jóvenes de hasta 36 años que compren su primera vivienda, incluida en el pacto y en el proyecto de presupuestos que decayó en diciembre de 2025. Preguntado por ella, Bermúdez de Castro ha respondido: “Léase el acuerdo PP-Vox”.