“Sin burocracia”, el nuevo eufemismo contra el control público

Hace tiempo que viene repitiendo una consigna tan impactante como peligrosa: “estas ayudas serán sin burocracia”. El todavía presidente Mazón se llena la boca de esta frase populista con cada ayuda o subvención que otorga por motivo de la DANA convencido de que responde a una demanda social legítima como es la necesidad de actuar con rapidez ante la desgracia. Pero detrás de ese eslogan, aparentemente compasivo, se ocultan mensajes más profundos y preocupantes: el desprecio a las garantías que protegen la correcta gestión del dinero público bajo el principio de legalidad, por una parte, y la de tapar la huida irresponsable de sus obligaciones aquel funesto 29 de octubre de 2024, por la otra.

La llamada burocracia, palabra hoy usada con connotaciones peyorativas y el tono con el que habla Mazón lo es, no es otra cosa que el conjunto de procedimientos, normas y controles que aseguran que los recursos públicos se asignen conforme a criterios objetivos, verificables y justos. Como señaló el sociólogo alemán Max Weber, la administración burocrática es “la forma más racional de ejercicio del poder” porque se basa en la imparcialidad, la profesionalidad y la previsibilidad de las decisiones. Por ello, reducir la burocracia no debe significar suprimir controles, sino mejorar los procesos administrativos para hacerlos más ágiles sin sacrificar la legalidad, la transparencia ni la rendición de cuentas. Sin embargo, lo que algunos dirigentes entienden por “sin burocracia” es, en realidad, sin control, sin integridad pública y sin justicia social.

Las ayudas públicas, especialmente las de emergencia, deben tramitarse con celeridad, pero también con garantías de su procedencia y justeza. Nuestra legislación básica, especialmente las leyes del Procedimiento Administrativo Común y la de Administración Electrónica, establecen mecanismos que no son meras formalidades sino instrumentos de equidad, agilidad, seguridad jurídica y control del gasto. Eliminar esos filtros o sustituirlos por decisiones discrecionales es abrir la puerta a la arbitrariedad y la corrupción.

Como señaló el profesor y jurista valenciano Joan Prats i Català, “el buen gobierno requiere que el poder público se ejerza en base a normas, procedimientos y controles que garanticen la integridad institucional”. No hay gobernanza eficaz sin legalidad, ni administración moderna sin responsabilidad.

El verdadero enemigo no es la burocracia, sino la ineficiencia y la falta de profesionalidad. Y esa ineficiencia suele tener causas políticas, no técnicas. Son los malos liderazgos, los nombramientos clientelares, la colonización partidista de las instituciones y la falta de profesionalización de los altos cargos los que entorpecen la acción administrativa. También la falta de recursos humanos y materiales en beneficio de externalidades propiciadas por políticos que rechazan los principios de la buena administración y desechan la aportación de los buenos servidores públicos, que los hay, pero que son arrinconados y perseguidos porque no se prestan a las arbitrariedades. El Informe de la OCDE sobre Gobernanza Pública (2023) insiste en que las administraciones más eficaces son aquellas que combinan controles robustos con una función pública profesional, estable y evaluada por méritos. Los países con menores índices de corrupción y alta calidad de vida como Dinamarca o Finlandia no son los que han eliminado la burocracia, sino los que la han convertido en sinónimo de rigor y confianza pública.

En el caso español, el artículo 103 de la Constitución es claro: la Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con eficacia, sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El principio de eficacia no puede invocarse para desmantelar las garantías, sino para perfeccionarlas y modernizarlas. Todo lo que entorpezca el funcionamiento objetivo de las administraciones públicas sería anticonstitucional.

En el fondo, la retórica del “sin burocracia” forma parte de una narrativa más amplia y sutil de deslegitimación del Estado y del sector público profesional. Se busca trasladar a la ciudadanía la idea de que los procedimientos son un obstáculo, no una garantía, generando un caldo de cultivo favorable a la arbitrariedad, al clientelismo y a la corrupción. Como recuerda el profesor y actual presidente de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), Manuel Villoria Mendieta, “la ética pública exige controles institucionales que impidan la discrecionalidad sin rendición de cuentas; sin ellos, el buen gobierno se convierte en una simple etiqueta vacía”.

Asimismo, detrás del discurso “anti-burocrático” se esconde, en demasiadas ocasiones, la incapacidad o la falta de voluntad para dirigir una administración eficiente y transparente que en una época de gestión electrónica y aplicación de las nuevas tecnologías supondría el mayor nivel de eficiencia jamás alcanzado en el ámbito de lo público. Así y todo, se cultiva deliberadamente la confusión o contraposición entre burocracia y control, entre lentitud y legalidad, para justificar decisiones sin supervisión o concesiones opacas. Más de 600 millones de euros han sido adjudicados sin concurrencia en contratos de obras de la DANA que han ido a beneficiar en buena parte a empresas próximas al PP de Mazón. Determinados anuncios de ayudas y subvenciones se acercan más a una campaña electoral que a una acción programada para paliar la frágil situación de las víctimas, más a una compra de votos que a una acción de auxilio.

En tiempos de emergencia, la administración pública debe ser especialmente ágil, pero también justa y responsable: ayudar a quien lo precisa e impedir que los pillos se apropien de lo que otros necesitan. La solución no es suprimir controles, sino fortalecerlos mediante digitalización, profesionalización, cooperación interinstitucional y ciudadana. La transparencia y la rendición de cuentas no son trabas, sino condiciones del buen gobierno. Y tal vez de eso es de lo que huye Mazón quien todavía no ha explicado más allá de su comida en El Ventorro a qué se dedicó la tarde del 29 de octubre mientras más de dos centenares de personas morían por la negligencia inexcusable de su gobierno.

Decir “sin burocracia” puede sonar bien, pero en el fondo significa sin garantías, sin transparencia y sin Estado de Derecho. Y eso, en democracia, no es eficiencia: es un retroceso peligroso. Es el camino hacia un Estado clientelar basado en la obediencia al cacique.