El portavoz de Vox en València no ha informado al secretario del Ayuntamiento de su doble actividad laboral

La peculiar situación del segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, por su relación laboral con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como representante municipal se complica a medida que se van conociendo detalles. Y es que, el secretario municipal no dispone del contrato para cotejar si de esta vinculación podrían derivarse conflictos de intereses.

Gosálbez inició el mandato con una dedicación parcial del 75% y un sueldo de unos 70.000 euros, pero meses después solicitó la obtención de la dedicación exclusiva y una compatibilidad para seguir ejerciendo de letrado, como una actividad supuestamente marginal. Así, gracias al voto de calidad de la alcaldesa, María José Catalá, puesto que Gosálbez no podía participar en ese punto de la sesión, obtuvo el visto bueno del pleno con los votos del PP y de Vox y pasó a cobrar 85.277 euros, el 100% del sueldo público correspondiente a la dedicación exclusiva.

Sin embargo, tal y como avanzó en exclusiva elDiario.es, Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó un contrato como asesor jurídico del COGITI especializado en temas urbanísticos. Una vinculación laboral que han reconocido oficialmente tanto el grupo municipal Vox como la entidad colegial, aunque ambas partes han insistido en que está amparada por la compatibilidad aprobada en el pleno.

Las dudas legales, sin embargo, son inevitables habida cuenta de que Gosálbez participa y vota en las comisiones de Urbanismo como representante de Vox, al tiempo que asesora a miembros del Colegio de Ingenieros, que pueden ser potenciales contratistas del Ayuntamiento.

A esto se suma que, a preguntas de Compromís, el secretario del pleno informó este martes de que no dispone documentación sobre el contrato entre Gosálbez y el COGITI y tampoco se ha emitido informe alguna sobre posibles incompatibilidades sobre las actividades privadas del edil. Además, ninguna de las partes han dado detalles sobre la cuantía del contrato o las horas dedicación que implica, aspectos clave para determinar si se cumple la compatibilidad otorgada y esa supuesta marginalidad de la actividad privada.

Al respecto, el concejal de la coalición valencianista, Ferran Puchades, ha denunciado que “la información sobre la contratación del portavoz de Vox, José Gosálbez, como asesor jurídico del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) compromete gravemente la neutralidad de la acción del concejal como miembro de la Comisión de Urbanismo en la cual pueden tratarse cuestiones que haya conocido por su actividad como asesor jurídico de este colegio profesional”.

Puchades ha afirmado que “Gosálbez no puede continuar ni un momento más manteniendo la compatibilidad de su dedicación exclusiva como concejal con el ejercicio profesional de la abogacía porque pone en peligro los intereses generales de la mayoría de la ciudadanía ante intereses particulares y económicos de aquellos a quienes puede asesorar”. Según el edil de Compromís, “por las características de los colegiados que Gosálbez asesora, hay muchas posibilidades de interferencia con las competencias que aquel tiene como miembro de la Comisión de Urbanismo por donde se despachan centenares de asuntos donde, de una forma u otra, los y las ingenieras técnicas industriales pueden haber participado”.

Además, ha añadido: “Justo ahora hace un año Gosálbez tuvo la desvergüenza de pedir a la vez, la ampliación de su dedicación como concejal de parcial a exclusiva y también la compatibilidad para ejercer su profesión. Este ejercicio tiene que ser marginal y no afectar funcionalmente ni al horario, ni a su condición de concejal y tener también un carácter marginal en lo económico. Gosálbez debe informar al Ayuntamiento de las condiciones de su asesoría en el Colegio para que se garantice que reúne los requisitos para continuar pudiendo compatibilizar su trabajo y, en el supuesto de que no tenga ese carácter marginal, o renuncie al mismo o vuelva a la dedicación parcial en el Ayuntamiento. La ciudadanía no puede poner al zorro a cuidar de las gallinas”.

La Ley establece un 30% de su retribución

Según el punto cuatro del artículo 16 de la Ley de Incompatibilidades, “podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica”.

Además, podría incurrir en incompatibilidades si Gosálbez hubiera adjudicado contratos a empresas o empresarios de ingeniería industrial vinculadas al COGITI. El apartado 1A del artículo 15 establece que la persona beneficiaria de la compatibilidad no podrá ejercer “el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público”.

El perfil Linkedin de Gosálbez afirma que es “abogado autónomo” y que cuenta con “despacho propio aperturado en 2007, tramitando asuntos tanto en materia de urbanismo y contencioso-administrativo, como también en cuestiones de derecho civil en general, especialmente en resolución contractual, reclamaciones de cantidad, arrendamientos, propiedad horizontal, herencias, divorcios”. Entre sus especialidades destaca también los temas urbanísticos, “defendiendo tanto los intereses del agente urbanizador y de propietarios o interesados particulares en los mismos”. Sin embargo, no existe ninguna página web operativa del despacho y la página de Facebook Gosálbez y Paya Abogados está sin actualizar desde 2013. Tampoco figura con esta denominación en el registro mercantil.

El pasado 25 de febrero el COGITI anunció en su página web el acuerdo suscrito con “un prestigioso despacho de abogados de Valencia” y explicó: “Con más de 30 años de experiencia, éste ofrece una amplia trayectoria en el ámbito jurídico, proporcionando una atención personalizada a las necesidades específicas de COGITI Valencia y sus miembros. Este acuerdo permitirá brindar asesoría jurídica personalizada a los colegiados a través de email y un novedoso sistema de WhatsApp, sobre temas como las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos industriales (ITI) o consultas sobre Urbanismo”.

Las consultas “serán respondidas en un plazo de 24 a 48 horas; los colegiados que se hayan identificado podrán solicitar una visita o reunión en el despacho de abogados para tratar asuntos específicos, según los términos acordados con COGITI Valencia. A través del chat, también se facilitará una cita en el despacho a la mayor brevedad posible”. Como novedad, “el equipo de abogados atenderá cuestiones relacionadas con urbanismo”.