Los extrabajadores intentan revertir en el juzgado la privatización de la Marina de València por irregularidades en su despido

La legalidad de la privatización de la Marina de València impulsada por la alcaldesa, María José Catalá, y por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se dirimirá el próximo 24 de marzo en la Sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Esta es la fecha en la que está señalada la votación y el fallo tras la demanda interpuesta por 14 extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Tal y como informó esta redacción, los exempleados recurrieron la adjudicación por parte de la APV de la gestión del espacio que venía dirigiendo el Consorcio, organismo participado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno, a la unión temporal de empresas Serveis Marítims Port Eivissa SL y Ocibar SA.

El personal también denunció en los juzgados la liquidación del Consorcio por la que fueron despedidos al considerar que no se ajusta a derecho y por extensión, hicieron lo propio con la privatización de la gestión de la Marina. La nulidad del cierre del organismo que se inició en el año 2022 implicaría a su vez que todas las decisiones adoptadas desde entonces en su consejo rector, entre ellas la mencionada privatización, quedarían sin efecto.

Según la demanda, los denunciantes alegan que “no se distingue a qué modalidad de liquidación se ha sometido el Consorcio, siendo especialmente grave la no publicación del acuerdo hurtando el debate administrativo y judicial de contratistas, trabajadores y ciudadanos”.

Y continua: “Por la vía de los hechos, que no por la vía del acuerdo del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, se ha sometido a la entidad pública, a un proceso fraudulento de disolución 'con liquidación', cuando también por la vía de los hechos, todas y cada una de las actividades del Consorcio han seguido desempeñándose con normalidad hasta el momento, sin haber llegado cumplir con los objetivos marcados en sus Estatutos, siendo además, que tales actividades, también, van a seguir siendo ejercidas por el resto de entidades consorciadas, como si de una disolución 'sin liquidación' se tratase”.

La denuncia considera, por lo tanto, nulo “de pleno derecho” el acuerdo de disolución del Consorcio adoptado en el año 2022 debido a “manifiestos y graves errores” al continuarse con toda la actividad consorciada entre el Puerto de València y el Ayuntamiento mientras se finiquitó “ilícitamente” los contratos laborales de los empleados por medio de un expediente de regulación de empleo para el que no había acuerdo.

La privatización de la Marina

El consejo de la APV aprobó el 5 de diciembre de 2023 el pliego de bases y pliego de condiciones para el otorgamiento de una concesión administrativa de ocupación con destino a instalaciones náutico-deportivas, en la zona norte del Puerto de València. En otras palabras, se aprobó el concurso público por el cual una empresa privada pasará a gestionar durante 35 años, prorrogables a 50, no solo los 950 amarres de embarcaciones de recreo de la Marina, sino también 235.000 metros cuadrados de superficie, lo que equivale casi a un 47% del conjunto del recinto náutico.

El 1 de julio de 2024 el Consejo de Administración de la APV propuso otorgar a la UTE Serveis Marítims Port Eivissa, SL y Ocibar, SA la concesión administrativa para la adecuación y explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte de la Marina de València.

El objeto de la concesión es la adecuación y explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte del Puerto de València e incluye la prestación de los siguientes servicios: gestión de los puestos de amarre; servicio de control marítimo; suministro de carburantes a embarcaciones; suministro de agua, energía eléctrica, telefonía y transmisión de datos; servicio de aparcamiento de vehículos; recogida selectiva de basuras y residuos; desarrollo de actividades de carácter formativo y educativo y de apoyo al deporte náutico en el campo de la náutica deportiva, como pueden ser cursos de vela en sus distintas variantes; organización de eventos y competiciones deportivas y actividades culturales; servicios de varada y reparación de embarcaciones, especialmente destinados a prestar un servicio integral a los usuarios de las instalaciones; servicios comerciales como la explotación de locales comerciales, ocio y/o restauración, u oficinas.