EUPV-Podem pone sobre la mesa una moción de censura contra el alcalde Alicante tras pedir también Vox su dimisión

La petición de dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), realizada por Vox en el pleno de este jueves a raíz del escándalo de las adjudicaciones de VPO a cargos de la órbita popular, ha abierto la puerta a la izquierda para poner a prueba la firmeza de la exigencia de la extrema derecha y la salud del pacto entre las formaciones que sostienen el gobierno municipal.

Tras exigir la renuncia del primer edil todas las fuerzas de la oposición —PSPV, Vox, Compromís y Esquerra Unida-Podem—, esta última formación ha puesto sobre la mesa una moción de censura contra Barcala. La iniciativa requiere el apoyo de todos los concejales de la oposición, ya que el PP, con 14 actas, se encuentra en minoría por un solo edil. Esto implica que la mayoría de izquierdas (8 del PSPV, 2 de Compromís y 1 de EU-Podem) necesitaría indispensablemente el respaldo de los 4 concejales de Vox. Hasta ahora, la formación de extrema derecha ha garantizado la viabilidad del ejecutivo como socio preferente, por lo que un acuerdo de este tipo requeriría un ingente esfuerzo de equilibrismo ideológico.

Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida Podem, ha insistido en que iniciar esta ronda de contactos es una cuestión de “responsabilidad democrática” para devolver la normalidad a una institución que considera “secuestrada por una crisis permanente”. En su diagnóstico, el sistema de adjudicación de vivienda pública ha sido utilizado para beneficiar a personas vinculadas al entorno del PP, lo que ha provocado una “pérdida total de credibilidad” de la Alcaldía. La formación subraya que Alicante no puede seguir bajo el mandato de un alcalde desbordado por sospechas de fraude y clientelismo en un derecho tan básico como el acceso a la vivienda.

Desde el grupo municipal recalcan que la iniciativa “no responde a intereses partidistas ni a cálculos electorales”, sino al deber de una oposición responsable. Así lo reiteró Copé: “No se trata de quién ocupa el sillón, sino de cómo devolvemos la normalidad y el gobierno a Alicante. Si todos compartimos el diagnóstico de que el rumbo actual es un callejón sin salida, el paso lógico es explorar, juntos, una alternativa”.

El detonante: el escándalo de las VPO

El origen de esta crisis institucional sin precedentes es el escándalo de las Viviendas de Protección Pública (VPP) en el complejo Les Naus de Playa de San Juan, una promoción en suelo municipal que terminó en manos de cargos del PP, familiares de altos funcionarios y asesores afines. Las irregularidades detectadas —que incluyen alquileres a precios de lujo o intentos de reventa por casi el doble de su valor legal— ya han forzado tres dimisiones de calado: la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la de la directora general municipal, María Pérez-Hickman; y la del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez. Todo ello ocurre en un contexto de máxima tensión, con el caso resonando a escala nacional mientras Aragón celebra elecciones este mismo domingo.

El precedente de 2018

La situación actual guarda una irónica rima histórica con el pasado del propio Luis Barcala. El primer edil accedió al cargo en 2018 mediante una maniobra política que aprovechó la fragmentación del pleno, recuperando la Alcaldía para el Partido Popular gracias al apoyo de una concejala tránsfuga tras la dimisión del anterior alcalde socialista.

Aquel precedente de cambio de mando a mitad de legislatura marca ahora el horizonte de una oposición que, ante un escándalo que ya investiga la Fiscalía, busca la fórmula para que las mayorías en el Salón de Plenos reflejen el rechazo frontal que el Gobierno local recibió en la sesión de este jueves.