El alcalde de Alicante pide disculpas por las VPO adjudicadas a cargos del PP y culpa al promotor y al Consell de Mazón

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el grupo popular en el consistorio están desbordados ante el escándalo de la adjudicación de una promoción de viviendas protegidas a cargos del PP y a funcionarios afines del Ayuntamiento. Ya han dimitido la concejala de Urbanismo, una directora general y el jefe de gabinete de la consellera de Turismo, y se han abierto expedientes contra dos trabajadores de la sección de Urbanismo. Además, el arquitecto municipal también se ha visto implicado.

Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades, tanto el PP como Barcala han derivado la culpa hacia la cooperativa que adjudicó las viviendas y hacia el Gobierno valenciano, según reiteraron durante el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Alicante para abordar esta cuestión.

«La reacción ha sido contundente. Dos dimisiones. El Ayuntamiento no adjudica ni visa las viviendas. Es la cooperativa la que adjudica y la Generalitat la que visa», ha asegurado la portavoz del PP en el consistorio, Mari Carmen de España.

Por su parte, Luis Barcala centró toda su intervención en su desconocimiento de los hechos y de la implicación de su hasta esta semana concejala de Urbanismo, así como del resto de cargos implicados. «Es un escándalo. Si se ha quebrado el principio de igualdad, tenemos la responsabilidad de señalar a quien haya incumplido la ley y de restablecer la situación. Los alicantinos no se merecen que se defraude su confianza. Quiero pedir disculpas. Soy alcalde de todos los alicantinos que se sientan preocupados o inquietos y que quieren respuestas. Es posible que no esté en disposición de dar todas las respuestas, pero hemos puesto todo en manos de la Fiscalía y hemos abierto una investigación interna. Toda la información necesaria se facilitará conforme la vayamos obteniendo, incluidas las preguntas planteadas por la oposición», ha argumentado.

El alcalde ha defendido su actuación y ha anunciado nuevas medidas. «Ordené de inmediato un expediente de averiguación de hechos nada más conocer la situación, y este concluye que ninguno de los cargos del Ayuntamiento que se han beneficiado de los pisos ha participado en los dos momentos clave en los que el Ayuntamiento tiene competencia», ha explicado.

«El Ayuntamiento está cruzando los datos de sus funcionarios con la lista de adjudicatarios. Está colaborando con la Conselleria para saber si hay cargos públicos electos, personal eventual o funcionarios entre los beneficiarios. No vamos a parar hasta llegar al final. Vamos a investigar si se han producido alquileres o ventas fraudulentas, si se ha realizado el llamado pase. Ejerceremos el derecho de tanteo y retracto sobre quienes hayan accedido de manera fraudulenta a las viviendas. Nos personaremos como acusación particular si la Fiscalía aprecia indicios de delito. No permitiré que nadie se beneficie a costa de los alicantinos, para quienes sí se puso el suelo a disposición», ha añadido.

La oposición exige la dimisión de Barcala

Toda la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, incluido Vox —socio que sostiene al alcalde—, ha exigido la dimisión de Barcala. Carmen Robledillo, portavoz de Vox, le ha reprochado que «no ha velado por los intereses de sus conciudadanos», por lo que «tiene que dimitir», y ha lamentado «que se hable a nivel nacional de los pisos de Alicante» en lugar de «la corrupción del PSOE».

Para la portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló, el equipo de gobierno está «bajo sospecha» y ha reclamado la dimisión del alcalde por la «gravedad» de los hechos. «No puede seguir al frente de este Ayuntamiento ni un minuto más», ha afirmado, al considerar que se trata de «una trama con el epicentro en el Ayuntamiento, que es quien puso las condiciones para la venta del suelo de todos los alicantinos».

El portavoz de EUPV-Podemos, Manolo Copé, también ha pedido la dimisión del alcalde al considerar que ha sido «o cómplice» o que «no se ha enterado» del «uso fraudulento» de estas viviendas. Por su parte, Rafa Mas, síndic de Compromís, ha criticado las «corruptelas» del PP, ha exigido saber «si existía información privilegiada» y ha reclamado la «expropiación forzosa» de las viviendas adjudicadas de forma irregular.

En defensa del alcalde, la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, ha alabado la gestión de Barcala tras conocerse la polémica y ha destacado su «respuesta ejemplar, contundente, rápida y transparente» «desde el minuto uno», «sin esconder absolutamente nada», subrayando «las dos dimisiones producidas en las primeras horas».