La “insensatez” mueve montañas

“Seamos realistas, pidamos lo imposible” (Soyez réalistes, demandez l’impossible). Esta consigna, que se hizo célebre durante el Mayo del 68 en París, quizá nunca haya tenido tanto sentido como el que adquirió en nuestro país durante los años ochenta y noventa.

Fue entonces cuando un grupo de jóvenes guardias civiles, encapuchados, cometieron la “insensatez” de exigir públicamente —en una rueda de prensa a la que asistí— y a través de otras acciones, el derecho a la libre sindicación como trabajadores de la seguridad pública.

Años más tarde, tras expedientes disciplinarios, sanciones, cárcel y represión, se lograría la legalización de las asociaciones profesionales. Un avance enorme, aunque limitado, y completamente impensable en aquel momento.

La Constitución de 1978 garantiza la libre sindicación de todos los trabajadores y trabajadoras, dejando en manos de la ley la regulación de este derecho en el caso de las fuerzas o institutos armados. Sin embargo, cerca de cincuenta años después de la aprobación de nuestra norma fundamental, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil continúan excluidos del sistema ordinario de agrupación, afiliación, representación y negociación colectiva que sí rige para el conjunto de la clase trabajadora, incluidas las policías locales y autonómicas, que también son institutos armados.

Este derecho humano fundamental, tal y como lo reconoce la OIT, sigue estando limitado en estos cuerpos y, “a estas alturas de la película”, como suele decirse, ya no tiene ningún sentido. Salvo, quizá, el de mantener alejados del resto de trabajadores y trabajadoras a estos servidores públicos —garantes del libre ejercicio de derechos y libertades— no sea que se “contagien” y tomen conciencia de que forman parte de lo que conocemos como clase trabajadora.

Quiero manifestar mi afecto y solidaridad con quienes, desde dentro de la Policía Nacional, están dispuestos a cometer hoy esa nueva “insensatez”: enfrentarse a las limitaciones injustificadas de sus derechos constitucionales y proclamar su voluntad de afiliarse a sindicatos como CCOO o UGT, en los que desde hace años estamos afiliados policías locales y autonómicos.

La expresión pública de esta voluntad y la decisión de llevarla adelante puede acarrearles sanciones graves en aplicación de la Ley de Régimen de Personal vigente desde 2015. Ya no son tiempos de pasamontañas ni de comparecencias encapuchadas, pero el riesgo de sufrir consecuencias serias me recuerda inevitablemente a aquellos años.

El Gobierno de España debería tomar cartas en el asunto y promover un cambio legislativo que resuelva esta situación a favor del pleno reconocimiento del derecho a la libre sindicación. De no hacerlo, la realidad acabará imponiéndose y, pese al sufrimiento que ello pueda conllevar, como ocurrió en los años ochenta, volverán a moverse montañas.

Nuestra democracia y nuestra sociedad no pueden comprender ni aceptar que se prive de libertades y derechos a quienes son, precisamente, sus garantes constitucionales.