Denuncian ante la Fiscalía cinco delitos en la adjudicación de VPO en Alicante a varios cargos del PP

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento de Alicante ha alcanzado este lunes una nueva dimensión judicial. El PSPV, a través de su grupo municipal, ha formalizado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que detalla la presunta comisión de hasta cinco delitos por una presunta trama de adjudicaciones que ya ha provocado ya dos dimisiones en el consistorio. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha registrado la denuncia destacando que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para favorecer a personas vinculadas a su propia administración en una promoción construida sobre suelo municipal.

Este entramado de adjudicaciones bajo sospecha señala directamente a figuras clave de la gestión municipal, empezando por la propia exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), quien ostentaba la máxima responsabilidad sobre el suelo de la ciudad hasta que la presión por este caso forzó su salida del ejecutivo. Junto a ella, el escándalo salpica a familiares directos de la exdirectora general —una alta cargo nombrada por el propio alcalde que también ha abandonado su puesto— y a un arquitecto municipal vinculado técnicamente al consistorio, conformando un listado de beneficiarios que ha generado una profunda indignación social.

El escrito presentado ante el Ministerio Público solicita que se investigue si estos hechos son constitutivos de hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración. Según los denunciantes, se habría incurrido en un fraude de ley con relevancia penal al utilizar suelo público cedido por el Ayuntamiento para fines que, lejos de responder al interés general, parecen haber buscado el beneficio privado de cargos del Partido Popular.

Ana Barceló ha calificado la situación de “lamentable”, recordando que en Alicante existen actualmente más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública. La portavoz socialista ha insistido en que las dimisiones de la concejala y la directora general no cierran el caso, sino que confirman la gravedad de una gestión que careció de los controles necesarios. Por ello, el PSPV mantiene la exigencia de que el alcalde convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación para que la ciudadanía sepa por qué el patrimonio municipal acabó favoreciendo a los propios gestores del Ayuntamiento.