El escándalo de la FP cerca a Ayuso con dos altos cargos implicados y testimonios que apuntan a su núcleo duro

El burofax que envió el constructor Gabriel Navarro a la Consejería de Educación en 2023 para reclamar los 1,6 millones de euros que le debían ha aflorado un caso de posible corrupción en el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este constructor levantó en 2021, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, un edificio para hacer prácticas sanitarias en el complejo educativo público Ciudad Escolar de la capital. Le fueron pagando desde las cuentas de varios institutos y facturando el trabajo de manera troceada. Hasta que el dinero dejó de llegar.

Después de que Gabriel enviara correos, hiciera llamadas, se reuniera con un asesor de Isabel Díaz Ayuso y tras enviar el burofax, la Consejería de Educación –hoy en manos de Emilio Viciana– se dio cuenta de que tenía un problema. El dinero que le reclamaba este constructor no estaba registrado, porque la obra tampoco estaba registrada. Era una obra millonaria que había pasado por debajo de todos los radares de control económico y que se había hecho sin concurso público, tal y como desveló en su día elDiario.es. No fue la única.

Viciana abrió una inspección que encontró indicios tan graves que acudió a la Fiscalía el 13 de marzo de 2024. El caso afectaba al núcleo duro de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque en los años en los que ocurrió todo (entre 2021 y 2023) el consejero de Educación era Enrique Ossorio –mano derecha de Ayuso, fue su vicepresidente y hoy es presidente de la Asamblea, segunda autoridad de la Comunidad de Madrid–. Su número dos, responsable de la política educativa de Madrid era la viceconsejera era Rocío Albert –proveniente del entorno de Aznar y hoy poderosa consejera de Economía y Hacienda y quien decide las políticas económicas y fiscales de la región–.

Una investigación periodística de elDiario.es reveló que al menos otros diez centros habían usado este modus operandi, entre ellos, el que impulsó Isabel Díaz Ayuso tras la pandemia: el centro de FP a distancia Ignacio Ellacuría.

Aunque la Consejería de Viciana señalaba en sus escritos como responsable a un subdirector de FP, al que cesó de manera fulminante, y a varios directores de instituto (que son profesores con cargo de gestión, pero sin competencia sobre obras y presupuesto), la investigación judicial que se abrió en octubre de 2024 tras una denuncia de Podemos revela que pudo ser mucho más arriba donde se instauró este sistema fuera de la legalidad.

El juzgado 39 de instrucción de Madrid investiga si hubo prevaricación administrativa, un delito enmarcado en los relativos a la corrupción, e indaga de dónde partió la orden de construir y reformar centros de FP troceando facturas y dando los trabajos a dedo, en vez de licitar como ordena la ley de contratos del sector público.

La Fiscalía, en su escrito, lo califica como “grosera y palmaria” omisión del procedimiento administrativo y cree que se orquestó más arriba de los directores. El sistema consistía en sacar contratos menores (por una parte, la pintura; por otra, los tabiques...) para que cada gasto no superara los 40.000 euros, el límite para poder contratar a dedo. Para pagar, se concertaban varios centros educativos que iban abonando las facturas. Diversos directores coinciden en que su interlocutor para estos asuntos de pagos era Alfonso Mateos, el subdirector de FP cesado por la actual Consejería.

Más centros y un investigado

Pero la investigación apunta más arriba. De hecho, la jueza acaba de ampliar el foco a otros siete centros de FP. Además, ha citado a sus directores como testigos. También ha llamado a declarar como investigado el próximo 11 de marzo al que fue director general de Educación Secundaria hasta 2023, José María Rodríguez, alto cargo de Ayuso entonces.

En julio del año pasado, Rodríguez ya declaró como testigo y aseguró no ser el responsable de las obras ni las decisiones. Sin embargo, su número dos en la Consejería (Jose María Serrano) contó a la jueza que él había avisado por correo, también a Rodríguez, de que las obras de Ciudad Escolar estaban fuera de la ley. “He de poner de manifiesto que la contratación debe atenerse a lo marcado por la ley 9/2017 (...). En cualquier otro caso, no podrá procederse a la ejecución de las mismas manifestando así mi total oposición”, dice el mail, al que ha tenido acceso elDiario.es, y que envió en 2021 a Alfonso Mateos y a su jefe directo.

Un alto cargo en las obras de Alcalá

Pero el caso salpica también políticamente a un alto cargo de la actual Consejería de Educación, aunque no ha sido citado como testigo ni investigado. Se trata de Jorge Elías de la Peña, hoy director general de Educación Concertada de Isabel Díaz Ayuso. En 2022 era director del Área Territorial Este (Madrid se divide en áreas educativas y cada una tiene un responsable dentro de la Consejería). En su área, y a pocos metros de su despacho, se levantó la Escuela de Arte Alcalá, uno de los centros sobre el que la jueza acaba de poner el foco, pidiendo declaración de su director en un auto del 26 de enero. Con un presupuesto de 1,2 millones de euros, esta remodelación se hizo también fuera de ley. Sin licitar, fraccionando facturas y enviando los pagos a través de otros dos centros que pagaron a partes los costes y cuyos directores también han sido llamados a declarar como testigos.

De la Peña, responsable de los presupuestos y estado de los centros de su área y la Escuela de Arte en el año en que se inauguró, visitó personalmente las obras, según fuentes presenciales, pidió cambios en aires acondicionados e intercambió correos con el constructor, incluso cuando ya era director general de Educación Concertada del Gobierno de Madrid, como ha podido confirmar elDiario.es. “Es una gran noticia para la ciudad de Alcalá y para la educación, en general, de la Comunidad de Madrid”, decía en una entrevista en la Cadena Ser en febrero de 2022, cuando aún no se había iniciado el centro y del que se encargó el mismo constructor que Ciudad Escolar.

Esta escuela era el primer centro de FP dedicado a las enseñanzas artísticas en la región, con una oferta “de innovación tecnológica”, según la nota de prensa que difundió la Comunidad de Madrid en febrero de 2022 cuando anunciaron las obras. Aseguraban que estaría listo para septiembre de ese mismo año. El consejero Ossorio también publicitó este hito en sus redes sociales.

Sin embargo, en su Consejería no había documentación, ni proyecto ni licitación que lo sustentara. Como es de conocimiento general en la administración pública, no se puede levantar en seis meses una escuela desde cero si se siguen los procedimientos de la ley de Contratos del Sector Público y se saca a concurso. Además, para los permisos, licencias e instalación de sistemas es necesario que intervenga la Consejería, que tuvo que conocer de la obra y, por tanto, sus circunstancias fuera de la licitación, señalan fuentes conocedoras del funcionamiento del departamento. De la Peña, con cargo homologable a director general, era el responsable directo de este centro y del presupuesto.

Varios testigos, el escrito de la Fiscalía y las citaciones de la jueza revelan que la investigación está apuntando a una posible responsabilidad más arriba de los directores y se investiga en qué punto se dieron las órdenes de lo que parece un procedimiento concertado por personas con capacidad de manejar presupuesto, a tenor de las preguntas de algunos letrados y el Ministerio Fiscal que ha conocido elDiario.es. El investigado Alfonso Mateos, el exsubdirector de FP a quien la actual Consejería había señalado como responsable, también apuntó a la cúspide de la Consejería en su declaración ante la jueza.

Reparto de millones en una hoja

Contó que se utilizaba dinero que se había recibido para gastos extraordinarios para hacer obras fuera de la ley. “Había un excedente de 6 millones y había que gastarlos a final de año sí o sí, al 100%, nos insistían mucho con esto”, señaló en su declaración ante el juzgado. Mateos hacía las memorias que justificaban el reparto de esos millones, unas memorias que suscitaron preguntas de la jueza y la Fiscalía por lo poco argumentadas que están: un folio que tiene por una cara la suma que se va a dar a cada Dirección de Área Territorial (DAT) y por la otra, lo que se va a dar a cada centro. Las preguntas sobre por qué a un centro se le dan 95.000 y a otro 20.000 revelan cierta arbitrariedad en el reparto de fondos públicos: “Consultábamos a los centros, a los directores, las DAT también nos decían 'oye que a este centro le falta dinero'... Todos los años había algún ayuntamiento agraciado, nos decían 'oye hay que poner en los centros de este ayuntamiento'”.

Ese reparto llegaba hasta el consejero Ossorio, según Alfonso Mateos: “Las memorias se pasaban al director general, que las presentaba al Interventor, el consejero [entonces Enrique Ossorio] firmaba que aprobaba el gasto y la cuarta firma era del Interventor General de la Comunidad, que ingresaba el dinero en la DAT, que se lo enviaba a los centros y que luego tenía la función de controlar y auditar”.

Algunas fuentes conocedoras del sistema de la FP enmarcan la necesidad rápida de ampliación y construcción de centros (algunos de los investigados se levantaron en pocos meses) en la apuesta que se hizo en España en la Formación Profesional tras la pandemia. En Madrid, el número de alumnos ha aumentado un 25% en los últimos cinco años, hasta los más de 150.000 estudiantes. Desde la UE y el Gobierno de España se financió con 525 millones entre 2020 y 2023 a la comunidad que gobierna Díaz Ayuso, según datos del Ministerio de Educación, para que implantara ciclos formativos.

La Consejería de Educación no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre la implicación de sus altos cargos y la ampliación de la investigación judicial a más centros, pero ha remitido una declaración en la que recuerda que “fue la propia Consejería la que trasladó a Fiscalía las presuntas irregularidades”, que “está colaborando en todo momento con las autoridades judiciales” y señala que la Comunidad de Madrid está personada como perjudicada. En el caso, además de Podemos que fue el denunciante, también están personados el PSOE, Más Madrid y el sindicato CCOO.

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