Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP

El escándalo por la adjudicación de viviendas protegidas a determinados cargos del Ayuntamiento de Alicante ha puesto en evidencia la política del PP en esta materia. La polémica se ha suscitado tras saltar a la luz que la concejala Gómez; los dos hijos de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro viviendas protegidas de una promoción de 140 inmuebles que cuenta con zonas comunes, con piscina y pistas de pádel. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión.

Al ser vivienda protegida se aplicaron los precios tasados por la administración que en este caso fueron de 2.200 euros el metro cuadrado por lo que las viviendas salieron por entre 200.000 y 230.000 euros, la mitad del precio de mercado en una zona atractiva como es la playa de San Juan.

Una de las preguntas más recurrentes al respecto es cómo es posible que estos altos cargos con remuneraciones altas (59.000 euros en el caso de la concejala) hayan podido acceder a viviendas que se supone que deben ser accesibles para la mayoría. Y es que, además de las personas relacionadas con estos cuatro cargos, han sido adjudicatarios de casas de esta promoción perfiles como trabajadores sanitarios, personas vinculadas con algún cargo autonómico y varios miembros de familias reconocidas, tal y como ha avanzado Alicante Plaza y han confirmado diversas fuentes a elDiario.es.

La respuesta a esa incógnita es el cambio legal que realizó el Gobierno valenciano de Carlos Mazón a finales de 2024, semanas después de la dana, y que incrementó en hasta 20.000 euros el límite de renta para poder ser adjudicatario de viviendas protegidas. La adjudicación de las 140 casas de Alicante se ha regido por esta normativa, tal y como han confirmado desde la cooperativa promotora, al haberse visado por parte de la Conselleria de Vivienda los contratos a principios de 2025. Un visado con el que se comprueba que todos los adjudicatarios cumplen los requisitos.

El texto legal aprobado también incrementó en 200 euros, hasta los 2.400 euros, el precio del metro cuadrado de estos inmuebles, y eliminó el carácter permanente de la protección de las viviendas de iniciativa privada, de forma que en un momento dado, trascurridos unos años determinados, puede pasar a ser de renta libre.

Todo se incluyó en el decreto del 10 de diciembre de 2024 de régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana cuya premisa, según establece literalmente, es “la aprobación de un nuevo texto normativo regulador de las viviendas de protección pública que sustituya el actualmente vigente, y que permita implementar medidas de fomento de la promoción, construcción y puesta en el mercado de viviendas de protección pública a un precio asequible”.

Un precio asequible que con la normativa en la mano sitúa las viviendas protegidas de 90 metros cuadrados (medida máxima establecida) con plaza de garaje y trastero en 289.000 euros, IVA incluido, al haber subido el módulo a 2.400 euros el metro cuadrado.

En cuanto a las condiciones para acceder a las viviendas, el principal cambio con respecto al decreto anterior del Gobierno del Botánico, aprobado en mayo de 2023, es que el límite de renta para acceder viviendas protegidas para la persona, unidad familiar o de convivencia, será de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) referido a 14 pagas. Traducido a euros, se establece el límite en 54.600 euros (46.800 en el decreto de 2023 del Botánico al referirse a 12 pagas). Los límites máximos de renta para acceder a viviendas protegidas pueden llegar a los 66.360 euros, es decir, 7,9 veces el IPREM si se cumplen una serie de condiciones.

Vivienda revisará los contratos

La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda revisará “todos y cada uno de los expedientes” de adjudicación de la promoción de viviendas sociales 'Les Naus' en la Playa de San Juan de Alicante para verificar que los datos aportados en su momento por los compradores son correctos y que no ha habido “manipulación” en el proceso.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera, Susana Camarero, ante la situación generada por las viviendas protegidas adjudicadas por la cooperativa promotora del residencial de Alicante.

Ha asegurado que la Generalitat “no tiene ninguna relación con la adjudicación” de esas viviendas, pues es la promotora, en este caso la cooperativa, la que las adjudica y al ser viviendas de protección pública, solicita a la Dirección Territorial de Vivienda “la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda” de estas características.