Cuentas sin alma: la trampa ideológica en los presupuestos de la Generalitat

Un presupuesto nunca es solo una hoja de cálculo, es la declaración de intenciones más honesta de quien gobierna. Y las cuentas aprobadas por el Ejecutivo valenciano apuntan a un retroceso claro en derechos sociales mientras cuestionan el cambio climático, precisamente el verano en que Castelló arde. No faltan dirigentes autonómicos que ya se han acostumbrado a esperar a que la UME haga de apagafuegos de toda España, pero los bomberos y las bomberas dependen de ayuntamientos y comunidades autónomas. Son estas administraciones, las mismas que recortan, las responsables de que este cuerpo cuente con condiciones dignas, recursos suficientes y una planificación capaz de prevenir el desastre, no solo de salir a apagarlo.

Tampoco se libra la igualdad de salir trasquilada de estos presupuestos que eliminan las ayudas para elaborar planes de igualdad en las empresas. Esta no es una partida menor, es la herramienta técnica que permite a miles de centros de trabajo cumplir la ley vigente en la materia. Quitarla no es ahorrar, es dificultar que la norma sea efectiva. Y es que hacer un presupuesto es elegir prioridades, y aquí la elección es evidente: ni la igualdad, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales, ni una política de vivienda decente lo son. Lejos queda la “gestión responsable” prometida en campaña. No se puede subvencionar el espectáculo mientras a la atención primaria le faltan recursos o las aulas siguen sin ratios dignas.

A esto se suma la negativa persistente del Gobierno valenciano al nuevo modelo de financiación autonómica. Una propuesta que podría mejorarse en la negociación, pero que de entrada supondría cerca de 3.700 millones más para las arcas de la Generalitat y una condonación de deuda que reduciría notablemente el pago de intereses. Traducido a cualquier economía doméstica es como rechazar que te suban el sueldo de 1.700 a 3.700 euros, o que te perdonen 11.000 euros de una hipoteca de 60.000. Nadie en su sano juicio diría que no. Si de verdad se defienden los intereses del pueblo valenciano, toca sentarse a dialogar, no cerrar la puerta por cálculo político.

Y llegamos al terreno más pantanoso: el racismo que rezuma la mal llamada “prioridad nacional”. Bajo esta trampa ideológica, el Consell no protege a la ciudadanía, la fractura. Asistimos a un ejercicio de prestidigitación que viste de patriotismo lo que en rigor es pura aporofobia. El rasero del dogma reaccionario no mide la procedencia, sino el saldo bancario. Si una persona migrante llega en avión privado, adquiere inmuebles de lujo o invierte en un fondo buitre que encarece la vivienda, la “prioridad nacional” se esfuma de inmediato para desplegar la alfombra roja. La exclusión se reserva con ensañamiento para quienes limpian, construyen, cuidan y levantan la economía cotidiana desde la precariedad. Pretender dinamitar la Renta Valenciana de Inclusión o restringir el acceso a un techo digno no es gestión responsable; es sembrar discriminación y retroceder hacia una España añeja de señoritos y personas desposeídas.

A pesar de los avances en materia laboral gracias al impulso de la negociación colectiva, la inflación, el precio desorbitado de los alquileres y el coste de la vida asfixian a la mayoría trabajadora. Conviene no olvidar en este sentido la hemeroteca, porque quienes hoy dirigen la Generalitat han votado sistemáticamente en contra de medidas para paliar estas condiciones y proteger a la mayoría social. Ni siquiera en los grandes temas, como un pacto de Estado por el clima, una financiación autonómica justa o una vivienda protegida de la especulación, son capaces los partidos de remar juntos. Gobernar no es bajar al barro para exacerbar el rencor, es garantizar la dignidad y los derechos de todas las personas que habitan y trabajan en nuestra tierra.