La Generalitat deberá decidir si gobierna para el pueblo valenciano o para Génova 13

La política, cuando se aleja de la realidad a pie de calle, corre el riesgo de convertirse en un juego de estrategia partidista. Pero hay temas con los que no se debería jugar, y la financiación autonómica es uno de ellos. De este sistema dependen nuestros hospitales, nuestros centros de salud, la educación de nuestras criaturas, la calidad de los servicios sociales que atienden a nuestros mayores o el impulso de nuestros sectores productivos.

Desde 2014 que caducó el modelo, ni el PP ni el PSOE han logrado pactar uno nuevo que sitúe a nuestra autonomía donde le corresponde, obligándonos a un endeudamiento perpetuo para evitar una ciudadanía de segunda. Hoy, sin embargo, hay una ventana de oportunidad que no podemos permitirnos cerrar con ligereza. Se ha puesto sobre la mesa una propuesta que eleva los ingresos estimados de 1.700 a casi 3.700 millones de euros, sumando además un fondo climático de 1.000 millones de euros, vital para una región tan vulnerable al cambio climático como la nuestra.

A esto se añade la posibilidad de una condonación de casi 12.000 millones de euros de deuda. Decir que no a este alivio financiero, que supondría un ahorro masivo en intereses, sería una irresponsabilidad por parte del Consell. Aunque el objetivo final coincidimos en que debe ser alcanzar los 40.000 millones, tal como estima el comité de personas expertas de les Corts.

El president de la Generalitat no puede permitir que su partido marque la estrategia desde Madrid ignorando nuestras necesidades. La lealtad institucional se demuestra sentándose a negociar con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es imperativo que Juanfran Pérez Llorca nos represente en la defensa de unas reivindicaciones que han conseguido un consenso histórico: un nuevo modelo de financiación más justo para el territorio, la condonación de la deuda acumulada por la infrafinanciación y la creación de un fondo transitorio que cubra las necesidades de los servicios públicos mientras el nuevo sistema entra en vigor.

Desde CCOO PV vamos más lejos todavía. El debate no puede cerrarse sin dos cuestiones de fondo. La primera: una reforma fiscal progresiva y valiente, porque hay margen si nos fijamos en la media europea y en los extraordinarios beneficios empresariales que acumula el IVEX 35. La segunda: la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, porque no es de recibo bajar impuestos a las clases privilegiadas, mientras se pide más dinero al Gobierno central para cubrir el déficit.

Ya sabemos que hay quien aprovecha el debate fiscal para agitar el viejo mantra neoliberal de que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente”. Basta con mirar al otro lado del Atlántico, donde la gente muere porque no puede pagar un tratamiento médico, o se endeuda de por vida para costearse una carrera universitaria. Un sueño americano que parece querer exportar PP y Vox, pero décadas de conquistas sociales en nuestro país no pueden deshacerse en nombre de una ideología que confunde el mercado con la solidaridad, y que degrada lo público para después privatizarlo.

La Generalitat debe elegir si quiere ser un actor útil en la mejora de la vida de la gente o si prefiere seguir haciendo trampas con el discurso de la recaudación mientras descuida políticas clave como la vivienda pública. En enero, el president Pérez Llorca proclamó ante los medios de comunicación que antepondría los intereses valencianos en la negociación de la financiación autonómica. Ahora toca demostrarlo y esperar que la respuesta del Ministerio de Hacienda esté a la altura.