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Ione Belarra

Ione Belarra es portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En común Podem-En marea. Especialista en psicología educativa, procesos migratorios y Derechos Humanos. Activista haciendo, temporalmente, política institucional.

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El problema no son los resultados, el problema es Podemos

He escuchado muchas veces que la Historia se repite. Es un dicho muy popular. Creo que hasta ahora había sido demasiado joven para tomar conciencia de hasta qué punto la Historia se repite de verdad, pero ahora ya no. El tiempo tiene esa manía tozuda de pasar para todas y hasta las más jóvenes somos menos jóvenes cada vez. Tras las elecciones del 20D y la inacción de un M. Rajoy que, a pesar de haber ganado las elecciones cosechaba el peor resultado del PP desde su aparición (lejos eso sí, del de Casado en este 2019), Pedro Sánchez encabezaba los intentos de formación de gobierno. La lógica parlamentaria, numérica y programática habría aconsejado intentar un gobierno con Podemos, Izquierda Unida y las fuerzas hermanas que en ese momento acumulaban 6 millones de votos. Sin embargo, Sánchez firmó un acuerdo con Ciudadanos y estuvo a punto de hacer vicepresidente a Rivera con un programa 80% liberal.

Este primer conato "socioliberal" continuista con políticas económicas austericidas que profundizan la brecha social e incapaz de acometer la imprescindible regeneración democrática que necesita nuestro país, fue evitado única y exclusivamente por el "principio democrático" que rige Podemos y que mantiene las decisiones clave de la formación en manos de los inscritos e inscritas. Personas normales que ven cómo su factura de la luz es cada día más alta y cómo tienen que abandonar alquileres porque no pueden asumir las subidas. El mandato de los inscritos fue unánime, como lo fue el grito de las personas concentradas ante la sede de Ferraz el pasado 28 de abril: ¡Con Rivera, no! Este principio democrático evitó que los y las dirigentes de Podemos acabáramos cediendo a una presión interna y externa insoportable para abstenernos en ese gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Sólo meses después supimos por boca del propio Sánchez (cuando no tenía nada que perder) que había recibido presiones de aquellos que "mandan sin presentarse a las elecciones" para que no formara Gobierno con Podemos. Tuvieron que pasar dos años, y dos mociones de censura mediante, para demostrar que teníamos razón y que sí había números para echar a Rajoy de la Moncloa. Demostramos, una vez más, que sí se puede.

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Si ellos caben, cabemos todas. La alianza con la infancia

En menos de una semana se han sucedido tres ataques a centros de menores de jóvenes que han migrado solos a España. Uno en Casteldefells, otro en Canet de Mar y el último en la Zona Franca de Barcelona. La violencia hacia estos chicos no es nueva. Dos murieron en Melilla cuando estaban bajo la tutela de centros de menores el año pasado. Soufiane había perdido un pie haciendo "risky", intentando cruzar a la Península. Mamadou sufrió varias paradas cardiorespiratorias aparentemente después de que le redujera la seguridad privada del centro. Ninguna institución pública informó a su familia y la cruel respuesta del consejero del PP cuando se le reprochó esto fue "que los padres hubieran venido antes y no a por su cadáver".

Todo esto está pasando mientras nuestro país sigue rozando un 30% de pobreza infantil, mantenemos una ley educativa que expulsa a los alumnos y alumnas fuera del sistema educativo, ya sea a centros de educación especial o a FPs básicas, y no conseguimos que ningún Gobierno se comprometa de verdad con el Buen Trato hacia la infancia y articule una ley estatal que proteja a los niños y las niñas de todas las formas de violencia. Ahí está el quid de la cuestión. El trato que reciben los niños y niñas que migran solos, con pruebas que incluyen desnudos integrales para decidir cuál es su edad nada más llegar, incluso aunque tengan documentación, es el espejo en el que se mira España cuando hablamos de derechos de la infancia. Un sistema de protección que abandona institucionalmente a la infancia que se encuentra en la situación más límite, la de afrontar un proyecto migratorio en solitario, es un sistema fallido.  

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El feminismo (no) solo está de moda

El feminismo se ha puesto de moda. Tan de moda que encontramos escritoras como Edurne Uriarte, que en 2007 escribía Contra el feminismo, y ahora acaba de publicar un nuevo libro titulado Feminista y de derechas. Al margen del debate sobre si es posible ser feminista y de derechas –cosa que dudo–, cada vez más personas, mujeres, y también hombres, se definen como feministas y tratan, con aciertos y errores, de dar pasos adelante en la construcción de una sociedad igualitaria. Una muy buena noticia para los movimientos feministas que, tras décadas de lucha, han visto cómo sus exigencias se han generalizado y más gente que nunca defiende que 'Solo sí es sí', que las mujeres tenemos que cobrar igual que los hombres o que el asesinato Laura Luelmo, asesinada cuando salió a correr, es violencia machista y hay que abordarlo como tal.

Corremos el riesgo, no obstante, de que los árboles no nos dejen ver el bosque. Adriana Guzmán pertenece al Movimiento Feminista Antipatriarcal de Bolivia y nos recuerda una premisa importante: el machismo y el patriarcado son cosas relacionadas, pero diferentes. Por eso, nuestra lucha no consiste solo en que nuestros compañeros aprendan a cambiar pañales, a lavar la ropa o que cuiden al 50%. Está bien y es imprescindible que erradiquemos los comportamientos machistas, pero nuestro objetivo es mucho más ambicioso. Recordemos, quién se beneficia de que las mujeres asuman las tareas de casa no es solo su compañero sino, ante todo, el empleador que puede hacer que trabaje doce horas al día.

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Van a volver a decir que no se puede

La semana pasada alcanzábamos un acuerdo presupuestario importante con el Gobierno del partido socialista para ponerle punto y final a la década perdida en la que el Partido Popular ha sumido nuestro país. Una década plagada de Gürteles y Púnicas, de “no nos metamos en eso”, de buenos gestores que acabaron dejando la deuda pública de nuestro país por encima del 100% del PIB. Una década que se ha llevado por delante la hucha de las pensiones, los empleos dignos y en la que miles de catalanes y catalanas han dicho que se quieren ir de España. La década en la que la burbuja hipotecaria se transformó en una enorme burbuja del alquiler.

Muchas personas están agradeciendo a Unidos Podemos en los últimos días que haya sido capaz de arrancar al Gobierno la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, la recuperación del subsidio por desempleo a los 52 años, los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, empezando por un permiso de paternidad de 8 semanas el año que viene, o la creación de un nuevo tipo de alquiler cuando el casero es un fondo buitre, para proteger más a los inquilinos e inquilinas.

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Manual para leer portadas del ABC y no morir en el intento

Antes incluso de que las personas a bordo del Aquarius pudieran poner los pies en tierra española después de ocho larguísimos días en alta mar, nuestro país despertaba ya con una portada del ABC haciendo gala del más genuino discurso racista. El “efecto llamada” es uno de esos conceptos que viene de antiguo y que hace temblar incluso a sectores progresistas que esta semana han aplaudido el gesto del nuevo gobierno de acoger a las 600 personas rescatadas en el Mediterráneo Central y rechazadas por Italia.

Hemos dicho muchas veces que la primera obligación de un demócrata es ser antifascista. Lo es también ser antirracista. Para ello, es necesario recuperar los valores de solidaridad, acogida y Derechos Humanos abandonados por una Unión Europea que ha derivado en Europa Fortaleza y defender que hay una España del cambio que ha mostrado con firmeza en estos últimos años que “queremos acoger”, queremos cuidar y construir un país con derechos para todas nuestras vecinas y vecinos.

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Todo lo que no te están contando del “Pacto de Estado de Educación”

Al Partido Popular le ha entrado la fiebre de los pactos de Estado. El partido que está bloqueando la actividad parlamentaria para que el Congreso no legisle, vetando todas las leyes de la oposición como la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma del sistema de pensiones, quiere aparentar voluntad de consenso y capacidad de acuerdo. Para ello, hace ahora un año, el PP apoyó la creación de una subcomisión para el Pacto de Estado de Educación. Ésta se aprobó en diciembre de 2016 y comenzó sus trabajos en febrero de 2017. Poco sabe la opinión pública, y especialmente la comunidad educativa, de lo que ha ocurrido a lo largo de todo este año en dicha subcomisión, aunque lo que en ella sucede es de interés primordial para todos. Veamos aquí algunas claves para entender lo que está pasando en el Congreso.

Una subcomisión no es un pacto. El trabajo parlamentario es deliberadamente opaco y un buen nombre puede esconder más bien poco. Así es en este caso. Una subcomisión no es un pacto de Estado, ya que las conclusiones en las que estamos trabajando ahora no son vinculantes para el Gobierno; únicamente son recomendaciones que éste puede seguir o no. Y ya sabemos lo que suele hacer el PP con las recomendaciones…

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Un tren digno, a la altura de Extremadura

Un impresionante viaducto nos da la bienvenida a la entrada de Guadalupe, uno de los mayores referentes emocionales de Extremadura. Esta obra de ingeniería es uno de los vestigios de la vía férrea Talavera de la Reina-Villanueva de la Serena, que nunca llegó a  entrar en funcionamiento y que quedó definitivamente abandonada en 1960, junto con el resto de la obra.

Como esta, muchas obras ferroviarias casi finalizadas fueron abandonadas durante la dictadura franquista. En 1985, esta situación se vería agravada por el cierre de más de 300 kilómetros de línea férrea de la Ruta de la Plata entre Plasencia y Astorga, acordado por el Gobierno de Felipe González. Y más recientemente, en 2012, Extremadura vivió la supresión del servicio ´Lusitania’ desde Madrid, en su recorrido por Cáceres hasta Lisboa.

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Méndez de Vigo, a septiembre

Cerca de 60.000 estudiantes de la Comunidad de Madrid que cursan 4º de la ESO dejan este viernes a un lado sus clases habituales para realizar, durante toda la jornada, las polémicas pruebas conocidas como reválidas. Unas pruebas que, entre otras cosas, supondrán un coste para las arcas públicas de 420.000 euros, que irán a parar a una empresa externa (ODEC, S.A.) que analizará los datos obtenidos. El resto de comunidades –a excepción de La Rioja– ha optado por no externalizar, por el momento, la realización y análisis estadístico de estas pruebas.

Mucho se ha hablado de las reválidas durante este curso, y no es para menos. La última de las medidas de la controvertida LOMCE que quedaba por implantar supone el apuntalamiento definitivo de un nuevo modelo educativo.

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El escalón de la legalidad hacia el CIErre

Decía Dilma Rousseff que “para convertir nuestros sueños en realidad debemos superar las líneas de lo posible”. Muchas personas en los últimos años hemos soñado con cosas que parecían, a todas luces, imposibles. Algunas personas soñaban con que la vivienda fuese un derecho y no un bien con el que especular. Otras imaginábamos, por ejemplo, una sociedad sin ciudadanas de primera, segunda y quinta categoría. Seguimos soñando. Ese sueño tiene para nosotras varias escenas. Una de ellas está protagonizada, sin duda, por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El surgimiento de estos centros en la legislación española se remonta a 1985. Sí, efectivamente, el Gobierno el PSOE, presidido en aquel momento por Felipe González, había articulado la existencia de estos centros, auténticas cárceles racistas, cuando las personas migrantes representaban un porcentaje mínimo de la población de nuestro país.

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Nunca más un país sin su infancia

En España existen 8.300.000 niñas, niños y adolescentes, lo que supone un 17,7% de la población. Sin embargo, quizás porque no vota, la infancia es uno de los colectivos más invisibilizados en la vida pública de nuestro país, especialmente en lo que respecta a la representación política. Esto no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que nuestro sistema político es demasiado rígido como para posibilitar la participación de los colectivos sociales que más barreras encuentran para ello. Estamos, por lo demás, ante un ejemplo más de la forma tradicional de proceder de nuestras élites políticas: fuerte con los débiles y débil con los fuertes. No tener derecho al voto se convierte así en un argumento definitivo para no tener ninguna presencia en la vida política de nuestro país. Y sucede que lo que no se nombra no existe.

Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes están sufriendo (con escasa posibilidad de réplica) tanto o más que la población adulta las consecuencias de las políticas austericidas del Partido Popular. A lo largo de la anterior legislatura, organizaciones de la sociedad civil con un importante peso específico como Cáritas, Save the Children o Unicef han denunciado reiteradamente que España es el segundo miembro de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía. Esta situación debería resultar intolerable a cualquier gobierno digno si tenemos en cuenta que, como decíamos, la infancia representa casi una quinta parte de nuestra población, y es nuestro presente y nuestro futuro como país.

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