El juicio a David Sánchez, visto para sentencia con el alegato final de la defensa: “La acusación es una leyenda”

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha acogido ocho sesiones en las que han declarado 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, y más de 40 testigos.

En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de dos abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que han coincidido en señalar la “ausencia” de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio.

El letrado de Carrero, acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la Audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos: “Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador ese acto?”.

Para el abogado, Salvador Morillas, la acusación carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. “Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso, hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda”.

Por su parte, Raúl Montaño, abogado de Cabezas, ha asegurado desconocer aún de qué defiende a su cliente: “Se dice tráfico de influencias, pero no sé quién lo influye o a quién influye él”. Montaño ha subrayado la ausencia de pruebas de cargo, de pruebas periféricas que apoyen el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, o testigos de directos y, sin embargo, ha afirmado que durante el juicio ha oído “discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal. Se pueden celebrar juicio sin acusaciones populares, pero nunca sin abogados de defensa”.

“La acusación ha ganado el juicio social”

El músico ha rehusado hacer uso de la última palabra, que sí ha aprovechado Miguel Ángel Gallardo para reiterar su inocencia y la del resto de personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque ha lamentado que ya “han sido condenados socialmente”. El exlíder del PSOE extremeño también ha querido resaltar el trasfondo político del proceso asegurando ante el tribunal que la única culpabilidad que se les puede atribuir es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. 

Gallardo también ha denunciado lo que ha denominado un “juicio mediático paralelo” que su entorno ha sufrido durante más de dos años.

También han querido aprovechar ejercer su derecho a la última palabra el que fue diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, que ha asegurado que lleva “7 u 8 días sometido a un escrutinio que no acabo de entender” y ha destacado que en toda su carrera política (fue 24 años alcalde de Castuera) “jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en actividad municipal o provincial”.

El actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas; el director del área de Cultura, Manuel Candalija; y el exjefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Félix Gonxález, también ha hecho un alegato final.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver tres claves fundamentales: si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017, si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo, Luis María Carrero, en 2023.

Por todo ello, los magistrados tendrán que valorar si los acusados cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como consideran las acusaciones populares, formadas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Este bloque ha elevado sus peticiones hasta los seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero como principales acusados, mientras que la Fiscalía y las defensas han pedido la libre absolución para todos los procesados.