Pagar para empadronarse e ir al médico: detectadas unas cien altas sospechosas en una residencia estudiantil de València

El empadronamiento es la llave a los derechos básicos. Permite acceso a la cobertura sanitaria, escolarización y, en caso de las personas migrantes, es imprescindible para acreditar la residencia e iniciar trámites de regularización. Es por ello que, dada la condición de vulnerabilidad y desesperación, es un espacio en el que proliferan las estafas o los abusos. Estafas como la de la venta de contratos de alquiler o de citas previas para trámites de extranjería. O como la de abonar hasta mil euros para poder empadronarse en un domicilio en el que no se reside.

En los últimos meses, la Policía ha realizado una treintena de detenciones en Valencia relacionadas con la venta de contratos de alquiler falsos a personas migrantes, unas irregularidades que permiten iniciar trámites. La última, una operación efectuada este mismo miércoles, con la detención de 28 personas que cobraban 300 euros por realizar contratos fraudulentos que servían después en el padrón municipal.

Según la información recabada por elDiario.es, la práctica es más común de lo que parece y no se limita a viviendas particulares, como el caso más reciente. Este diario ha obtenido información que apunta que varias decenas de migrantes extracomunitarios, de origen magrebí y en situación de sinhogarismo, figuran empadronados en una residencia de estudiantes de València, que está investigando el caso. La empresa, especializada en el alquiler de viviendas, apunta que ha iniciado las pesquisas para determinar si hay irregularidades, ante la consulta de este diario.

Profesionales sanitarios alertaron en el Hospital Clínico que un número que consideraron relevante de personas de nacionalidad argelina acudían desde octubre para recibir cobertura sanitaria, empadronadas todas en un mismo edificio. En tres meses acudieron 16 personas con la misma dirección, un bloque de viviendas que está destinado al alquiler por habitaciones para estudiantes y nómadas digitales con poder adquisitivo. Estas personas, según la denuncia interna a la que ha tenido acceso elDiario.es, presentaban “heridas y condiciones higiénicas” que han hecho dudar a los facultativos de sus condiciones reales de vivienda.

Los profesionales sanitarios, que prefieren mantener el anonimato, preguntaron a los pacientes y algunos apuntaron que viven en el antiguo circuito urbano de Fórmula 1, donde hay uno de los mayores asentamientos chabolistas de València, que incluso se divide por 'barrios' en función de la nacionalidad. Otros atendidos, según esta denuncia, refieren que “les permiten empadronarse allí [en la residencia] pagando por los 3 primeros meses mil euros” y que apuntaban que dicho empadronamiento tiene una validez de dos años que les sirve para realizar trámites. La empresa niega expresamente haber dado autorización de manera irregular ni haber cobrado por este trámite, como tampoco ha tenido conocimiento sobre ello, preguntada por elDiario.es. Consultada una de las ONG que atiende a las personas del asentamiento del circuito urbano, apuntan que no les consta ninguna denuncia sobre esta cuestión.

Según la información recabada por elDiario.es, hay cerca de 80 personas migrantes empadronadas en el edificio, con edades muy dispares: de los 22 a los 60 años. Figuran en distintos pisos desde hace meses, algunos desde el año 2024, según las fuentes consultadas. El inmueble tiene altas y bajas en el padrón constantes, algo que encaja con la residencia temporal que ofrece, pero en el caso de estos migrantes, se mantienen durante meses vigentes, informan las mismas fuentes. Fuentes de la mercantil apuntan que no es el perfil con el que suelen trabajar.

Para empadronarte en Valencia en un inmueble que no es propio se necesita el pasaporte, contrato de alquiler en vigor con duración superior a seis meses, referencia catastral y recibo del pago del alquiler en el que figure el nombre del propietario, o su autorización expresa. El consistorio indica en su servicio de información que “no sirve para acreditar la duración de más de seis meses, los contratos con renovaciones de mes en mes”. Si la vivienda es propiedad de una empresa, se debe aportar un documento que justifique la relación, si no consta en el contrato.

La empresa abre una investigación

El edificio, cuya dirección exacta omite este diario, es un inmueble en la Calle Rodríguez de Cepeda, en la zona de Amistat, uno de los barrios universitarios. Consta de 28 viviendas de 130 metros cuadrados que se alquilan por habitaciones, donde se comparte piso con entre cinco y siete personas. Su precio ronda los 480 euros por habitación, según los portales inmobiliarios, e incluye limpieza quincenal y suministros. El inmueble se promociona como una residencia estudiantil especializada en estudiantes extranjeros y nómadas digitales, un coliving que también incluye consejos legales para vivir en la ciudad a estudiantes y trabajadores.

La empresa propietaria, parte de la socimi Vandor, señala a preguntas de elDiario.es que ha abierto una investigación al respecto y desconoce esta situación. Ni les consta el empadronamiento ni se ha realizado con su permiso, comunican a elDiario.es. “La compañía no tiene constancia de irregularidades vinculadas a procesos de empadronamiento en nuestros activos. No obstante, ante su pregunta, Vandor ha procedido de inmediato a abrir una consulta al Ayuntamiento para revisar cualquier posible anomalía en el padrón de nuestras fincas en Valencia. Como no puede ser de otra manera, Vandor no autoriza ningún empadronamiento que no esté vinculado a un contrato de arrendamiento legal y vigente. Si detectáramos que terceros ajenos han hecho un uso fraudulento de nuestras direcciones o documentos, daremos traslado inmediato a las autoridades para que se depuren responsabilidades”, comunica la empresa.

Los empadronamientos sociales no están funcionando

El empadronamiento es una forma de acreditar la estancia de cara a futuros trámites con extranjería, lo que se conoce como arraigo. Permite, así mismo, obtener cobertura sanitaria, acceder a la escolarización, ayudas públicas y otros trámites. Es, además, una obligación legal en España.

En los ayuntamientos existe la figura de un padrón especial para personas en situación de sinhogarismo o en exclusión social, si tienen conocimiento los Servicios Sociales de esta condición de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de València recibió el pasado año 5.826 peticiones de empadronamientos especiales, de los que solo ha concedido 125 solicitudes. Hay más de 3.800 sin resolver, según los últimos datos disponibles. En el caso de València el refuerzo de trabajadores del padrón ha venido de la mano con un aumento de sus funciones, con lo que la carga de trabajo sigue siendo elevada. Para muestra, las largas colas diarias junto al edificio municipal. “Los empadronamientos sociales no están funcionando”, cuestiona un empleado.

En los servicios sociales denuncian que la práctica irregular de pedir dinero por un empadronamiento es habitual en muchas ciudades, y aconsejan no ceder a ella. También señalan que las personas migrantes son las más vulnerables y perjudicadas en estos casos. Para ello está el empadronamiento especial, exponen.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del padrón indican que, en caso de migrantes extracomunitarios, deben actualizar los datos cada dos años. Si no, se tramita la baja automáticamente. Esto encaja con la denuncia recogida por los profesionales del hospital, que refiere este periodo de tiempo en la duración del padrón. Asimismo, existen procedimientos para verificar si una persona sigue residiendo en el domicilio, a través de la correspondencia física del ayuntamiento: en caso de dudas, se envía una carta que ha de obtener respuesta. elDiario.es ha trasladado la consulta a Sanidad para saber si hay una denuncia en curso.