Alertan de los abusos y estafas que buscan hacer caja con la desesperación de miles de migrantes ante la regularización

La misma semana en que el Gobierno anunció la regularización extraordinaria, varias mujeres migrantes comentaban la noticia en un restaurante mexicano del barrio madrileño de Tetuán. Trataban de entender los requisitos de la futura medida -cuyo texto definitivo se desconoce y aún no ha sido aprobado-, cuando una de ellas se presentó como abogada, empleada de una reconocida gestora. Les aseguró que podría apoyarlas con la tramitación de sus peticiones y les entregó su número de teléfono por si necesitasaban sus servicios. Regina (nombre ficticio) decidió llamarla pero, días más tarde, llora desconsolada tras sentirse víctima de una estafa.

“Me pidió 200 euros en efectivo, insitió en que era necesario para hacer un trámite y si no, no podría optar a la regularización. Se los pagué. Al día siguiente me di cuenta de que me había engañado”, cuenta la solicitante de asilo a elDiario.es. Asegura que la persona que está detrás de la estafa la ha amenazado con hacer daño a su familia en su país de origen, dado que le proporcionó mucha información sobre ellos, así como denunciarla a la policía para frustrar su regularización: “He pasado por muchas cosas aquí, no puedo tirar todo por la borda”, dice con la voz entrecortada.

La persona a la que pagó, asegura la mexicana afectada, no era quien decía ser. “No me ha devuelto el dinero, que supuestamente era para solicitar mis antecedentes”, lamenta la mujer, quien lleva más de un año a la espera de la respuesta de su solicitud de asilo, por lo que prefiere acogerse al proceso de regularización. “Ese dinero lo necesitaba para el alquiler, pero hice el esfuerzo porque me dijo que, si no, me podría quedar fuera”, clama.

El anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes ha despertado la esperanza de cientos miles de personas que desean beneficiarse de la medida, pero también ha multiplicado el ansia de quienes tratan de hacer negocio de su desesperación. El caso de Regina, que denuncia haber sido engañada por una mujer que se hizo pasar por empleada de una reconocida gestora experta en extranjería, es la punta del iceberg del alarmismo generado en redes sociales por ciertas cuentas que urgen a sus seguidores a “empezar a tramitar” sus casos de regularización cuando todavía no ha sido aprobada la normativa que regularará su procedimiento y los requisitos incluidos en el borrador de la medida aún están sujetos a cambios.

Una semana después del inicio de la tramitación de la regularización, en un momento en que el borrador de la medida se encuentra audiencia pública y está sujeto a cambios, ya empiezan a proliferar las primeras denuncias de estafas dirigidas hacia migrantes deseosos de conseguir sus papeles. Además de las estafas, como el denunciada por Regina, en los últimos díastambién han aumentado las críticas sobre la tendencia de algunos abogados de extranjería que, a través de vídeos en TikTok o Instagram, han urgido a los migrantes interesados a consguir sus papeles a cerrar citas de asesoramiento con determinados despachos a cambio de dinero, en un momento en que aún se desconoce el contenido definitivo de la normativa.

Denuncias de estafas

La denuncia de Regina es una de los que ha empujado a la gestora colegiada Griselda Herrera, especializada en derechos humanos y extranjería, a publicar este miércoles un post en Facebook para alertar del uso fraudulento de su nombre y su oficina. “Se informa a todos mis contactos, clientes, compañeros y amigos que la Gestoría Herrera no tiene trabajadores que les citen en cafeterías para dar asesoramientos o pedirles dinero, menos para recibir documentos”, ha afirmado. “Mi despacto es una gestoría unipersonal y estoy en las oficinas profesionales de la calle [...]”, ha aclarado la profesional, tras recibir las quejas de un par de exclientes que aseguran haber quedado con una mujer que decía ser su empleada y pedía dinero a cambio de tramitar su proceso de regularización. “Están intentando estafar utilizando mi nombre, aprovechándose de su desesperación. Una mujer ha caído y, como había dado toda la información de su país de origen, ahora la están amenazando con denunciarla e impedir su regularización”, explica la gestora sobrecogida, quien asegura haber comunicado el caso al Colegio de Gestores de Madrid y tiene la intención de presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

Un vistazo en Facebook o Wallapop basta para encontrar ofertas de supuestos servicios de asesoramiento ligados a la regularización. Algunos de los mensajes más sospechosos, publicados en distintos grupos de personas inmigrantes en España, van acompañados de carteles realizados con inteligencia artificial y no incluyen el nombre del despecho o de un abogado específico. No dicen precio, animan a solicitar información por privado. En Wallapop también ha sido publicado ya al menos un anuncio que oferta ayuda para este tipo de trámites. El precio, supuestamente, es 1 euro, pero no detalle las condiciones o si luego requerirá más cobros.

Más allá de los intentos de estafas, de engaños de personas que se hacen pasar por abogados o gestores sin serlo, algunos abogados han acusado de “alarmismo” y “abuso” el comportamiento en redes sociales de algunos compañeros juristas que han publicado ofertas para tramitar la regularización y han urgido a sus potenciales clientes a “iniciar el trámite” cuando todavía se desconoce el texto definitivo de la regularización.

Camilo A. Escobar es uno de los letrados expertos en Extranjería que en los últimos días han criticado las estrategias de algunos compañeros para atraer clientes interesados en la regularización pese a que el texto aún no ha sido aprobado. “Hay despachos que anuncian que están 'tramitando expedientes' o reservando supuestos cupos cuando ni siquiera se conocen los requisitos definitivos, sostiene en conversación con elDiario.es. El letrado, que ha publicado varios vídeos en redes sociales cuestionando estas prácticas, considera que se están exigiendo precios ”desorbitados“, con cobros por adelantado de cientos de euros por trámites que aún ”no existen“. A su juicio, este tipo de mensajes pueden estar presionando a las personas migrantes, que ante el miedo a quedarse fuera, ceden y acaban pagando cuando aún no es necesario ni saben si podrán ser finalmente beneficiados.

“Se está presionando a personas migrantes desesperadas con miedo a quedarse fuera, pero ¿cómo van a asesorar sobre un texto que no está firmado?”, se pregunta. El jurista recuerda lo ocurrido con el último borrador del reglamento de Extranjería, que generó expectativas en solicitantes de asilo y luego, no solo los dejó fuera, sino que empeoró su situación. “¿Con qué cara cobras una consulta sobre algo que sabes que puede cambiar por completo? ¿Y si luego cambia y esa persona no podía optar a la regularización?, añade.

El Ministerio pide “calma” para evitar abusos y colas innecesarias

Tras estas quejas y después de que se hayan registardo filas frente algunos consulados de distintos países de España para realizar trámites relacionados con la regularización, el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha lanzado un comunicado para recordar que aún no está abierto el plazo de presentaciones para el proceso de regularización y, por tanto, realiza “un llamamiento a la calma”. Desde Migraciones insisten en quaeel borrador de la normativa se encuentra en fase de audiencia pública, por lo que su contenido y requisitos están sujetos a cambios. Fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz reconocen sentirse preocupados por las informaciones que apuntan a “posibles abusos que se puedan comenter antes de que se sepan los requisitos”. Migraciones recuerda los distintos plazos que aún tiene pendiente la tramitación de la medida, que aún no ha sido aprobada, con el objetivo de evitar que quienes quieran regularizarse empiecen a “hacer trámites que aún no se tienen que hacer” y evitar “que no haya abuso por parte de algunas personas en beneficio propio”.

La Secretaría de Estado de Migraciones recalca que, tras la actual fase de audiencia pública, “el documento será revisado, incorporará los cambios que se consideren pertinentes y se remitirá a distintas instituciones para la emisión de informes, entre ellos el del Consejo de Estado”, antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. “Solo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se abrirá el plazo para solicitar la regularización, que el Ministerio prevé que comience en torno a principios de abril, es decir, dentro de aproximadamente dos meses”, indica la nota de prensa. Mientras tanto, el departamento que dirige Elma Saiz insiste en que las personas potencialmente afectadas consulten únicamente los canales oficiales del Gobierno para evitar bulos o informaciones falsas.

Paco Solans, abogado especializado en inmigración y portavoz de la Asociación Extranjeristas en Red, afea la actitud alarmista de algunos algunos compañeros en redes sociales. “Era previsible. Siempre hay algún aprovechado y gente con mucha jeta”, resume el letrado. Él también se ha chocado en la última semana con anuncios de servicios jurídicos que prometen gestionar la regularización a cambio de pagos elevados y anticipados, cuando aún no se conocen los detalles definitivos de la medida. “He visto anuncios que cobran 490 euros a los primeros que reserven y, al resto, 700. Eso provoca que haya gente que lo pague cuando aún no se conoce el texto definitivo y puede ser que, finalmente, no esté entre los beneficiados”, denuncia.

Solans marca una línea clara entre ejercer la abogacía como profesión o convertirla en negocio a costa de personas vulnerables. “Los que concebimos esto como una profesión ajustamos precios y no atentamos contra la dignidad de nuestro trabajo ni de la gente. Los que lo conciben como negocio, simplemente buscan recibir dinero”, afirma.

El teléfono del despacho de Solans no ha dejado de sonar en la última semana. “Llama mucha gente desesperada y, con razón, pero ahora mismo lo único que hacemos es calmarles”, explica. A quienes le consultan, añade, se les recomienda ir preparando documentación básica —como el pasaporte o los certificados de antecedentes penales del país de origen—, pero sin adelantar dinero. “Si quieren ir trayéndome papeles, vamos preparando cosas, pero por eso no les cobro”, aclara Solans, quien asegura que desde la red de abogados extranjeristas de la que forma parte tratan de trasladar un mensaje muy distinto al que está proliferando en TikTok entre algunos letrados: “Nuestra respuesta es la contraria a la que se está lanzando por ahí: tranquilidad. Todavía no se puede hacer nada. Paciencia”, concluye Solans.