Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros

Uno de los principales objetivos que persigue la promoción de viviendas protegidas es evitar la especulación, es decir, el uso de la vivienda como un bien para sacar una rentabilidad, ya sea mediante una venta o mediante un alquiler.

Sin embargo, al igual que en la validación de los adjudicatarios de la polémica promoción de 140 VPO de playa de San Juan en Alicante han fallado todos los controles administrativos, gracias a una normativa que favorece la gestión privada de los terrenos públicos, tampoco está habiendo demasiado control una vez se han vendido las viviendas a los adjudicatarios.

Así lo demuestra el hecho de que el pasado mes de agosto aparecieran en el mercado de alquiler varios pisos de este residencial promovido por una cooperativa sobre unos terrenos que compró al Ayuntamiento por 6,6 millones de euros. Al menos una de estas casas estuvo anunciada en el portal inmobiliario Idealista por 1.600 euros al mes, aunque al poco tiempo desapareció el anuncio, bien porque acabó arrendándose o bien al darse cuenta el propietario de que estaba cometiendo una irregularidad.

Y es que, la normativa autonómica obliga a los adjudicatarios de una vivienda pública en régimen de compra venta a empadronarse y a destinarla a residencia habitual. Además, en el caso de las de régimen de alquiler, el precio está tasado por la administración para evitar que se pueda especular.

Al respecto, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha instado al alcalde del PP, Luis Barcala, a que “mande a la Policía Local” ante la constatación de que numerosos de esos domicilios “de lujo” son ofertadas en alquiler en portales especializados “por 1.000, 1.200 ó 1.300 euros al mes”. Mas ha asegurado a preguntas de elDiario.es que han podido constatar que hay personas viviendo en el residencial que no están empadronados y que hay también adjudicatarios que viven en el extranjero, incumpliendo la normativa autonómica.

Para Compromís, “hay que llamar a las cosas por su nombre y esto es una trama criminal en la que el alcalde tendrá que dar explicaciones”, para lo cual los grupos de la izquierda han exigido un pleno extraordinario sobre el asunto para que Barcala “dé la cara”. El pleno se celebra este jueves.

Acompañado por la portavoz adjunta en Les Corts Valencianes, Aitana Mas, la portavoz de Vivienda en la cámara, María José Calabuig, y el portavoz en la Diputación, Ximo Perles, Mas ha asegurado que el alcalde de Alicante “no está haciendo absolutamente nada porque obviamente es el presunto cabecilla de esta trama criminal organizada” ya sea de manera directa o indirecta.

Un informe municipal advirtió de posibles irregularidades

Como ha informado este diario, el Ayuntamiento ha presentado una denuncia en la Fiscalía para que haga las diligencias de investigación pertinentes a fin de que se esclarezcan los hechos. En la denuncia, a la que ha tenido acceso esta redacción, se incluye un informe del área de Patrimonio en el que se advierte de posibles “conflictos de interés” en la adjudicación de la polémica promoción de viviendas públicas (VPP) en la Playa de San Juan.

En el escrito, de nueve páginas, se informa de que concluida la construcción de las viviendas de La Condomina 'Les Naus', en la cotizada Playa de San Juan de Alicante y con piscina, gimnasio y pistas de pádel-tenis, y estando muy próximo el cierre del expediente, la cooperativa remitió al consistorio un listado de los inmuebles VPP entregados junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios y la acreditación de que cada uno cumplía los requisitos legales.

Al estudiar el documento, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que entre los compradores adjudicatarios había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.

El informe de Patrimonio también señaló “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad u omitido ésta a la hora de declararlas, ya que hay supuestos en los que la mera condición, nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles”.

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión.