La Intervención detecta ausencia de control de incompatibilidades en el jurado de procesos selectivos del Puerto de Valencia

“Se ha comprobado si los miembros del Tribunal tienen una DACI firmada, detectando su falta en los procesos selectivos correspondientes con las plazas: 270, 276 y 277”. El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) relativo a personal que ha publicado íntegramente en exclusiva elDiario.es (completo al final de la información) se pronuncia en estos términos en relación con las irregularidades detectadas en hasta cinco procesos selectivos de altos cargos en el seno de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). La presidenta del Puerto, Mar Chao, venía escondiendo desde el pasado mes de junio el documento a pesar de la reciente resolución del Consejo de Transparencia que falla que se trata de información pública.

El documento pone así de relieve la falta de control ante posibles incompatibilidades o conflictos de interés entre miembros del jurado y los aspirantes al detectar la ausencia de las Declaraciones de Ausencia de Interés (DACI) suscritas por los evaluadores.

En este punto, la APV alega que no era obligatorio la implantación de las DACIS hasta el 17 de octubre de 2024, a recomendación de la Unidad Orgánica Operativa de Recursos Humanos. Sin perjuicio de ello, se resalta que la existencia o no de dichas DACIS en los procesos selectivos, no responde a un orden cronológico.

El informe resalta posibles restricciones a la pública concurrencia en un contrato desistido a una consultora y en el proceso selectivo de cinco plazas de dirección: “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, afirma en uno de sus puntos.

En el apartado de 'Análisis de los procesos de contratación' se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. En este sentido, se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación.

Investigación del Tribunal de Cuentas

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

La investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.