La Oficina de Conflicto de Intereses investiga otras tres denuncias contra la presidenta del Puerto de Valencia por irregularidades en contratos

Nuevas polémicas en torno a la gestión del Puerto de Valencia. Según ha confirmado elDiario.es de fuentes de toda solvencia, la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) ha admitido a trámite tres nuevas denuncias contra la presidenta, Mar Chao, por supuestas irregularidades en diversos contratos.

Tal y como avanzó elDiario.es, la entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital abrió recientemente una primera investigación para comprobar si Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002. En la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tan solo tienen la consideración de altos cargos la presidenta y el director general. La denuncia sugiere que a la presidenta se le habría aplicado el mismo régimen que al personal excluido del convenio, más ventajoso.

A esta causa se suman otras tres. La primera de ellas se refiere a un contrato que adjudicó el 21 de octubre del pasado año por importe de 160.930 euros (IVA incluido) a Andràs Abogados, asesoría ubicada en Barcelona. El órgano de contratación fue la propia presidencia de la APV que lidera Mar Chao y el objeto del contrato licitado el pasado 24 de julio fue la asistencia técnica para el apoyo en la gestión de personas. Sin embargo, como informó elDiario.es, un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia remitido a la APV advirtió de que los pliegos licitados podían incurrir en una limitación del derecho a la pública concurrencia. Tras este requerimiento, la APV publicó el pasado 17 de diciembre su desistimiento del contrato. El denunciante ante la OCI considera que puede haber un delito de prevaricación puesto que Chao ya contrató a esta empresa en una etapa laboral anterior a la que le adjudicó un contrato por valor de 475.000 euros.

La segunda se refiere a la contratación supuestamente directa, sin el preceptivo concurso público, de un book de fotos institucional para dar soporte gráfico a diferentes actos.

La tercera denuncia que también investiga la OCI pone de manifiesto irregularidades en diferentes procesos de contratación que supuestamente se habrían amañado. Se trataría de al menos seis puestos públicos adjudicados de forma presuntamente teledirigida a determinadas personas sin seguir las instrucciones para la selección de personal.

Todas estas cuestiones, de considerar el organismo que se ha infringido el régimen disciplinario de los altos cargos podrían llegar a suponer la inhabilitación de Mar Chao para ocupar cualquier puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años, según lo estipulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Buen Gobierno, artículo 30.4. Los expedientes de la OCI son administrativos, pero en caso de que la Oficina viera un posible delito penal, podría trasladar denuncia a la Fiscalía, algo que también podría hacer un particular.

Al respecto, fuentes de la APV consultadas por elDiario.es han comentado al respecto de estas tres nuevas investigaciones que “actualmente hay pendientes de celebración tres juicios relacionados con diversos procesos de selección de personal” y han asegurado que no les consta “ninguna actuación pendiente respecto a los otros asuntos”.

Algunas de las mencionadas contrataciones supuestamente fraudulentas están judicializadas, como reconoce la APV, lo que podría paralizar las diligencias de la OCI. De hecho, la APV se sentará en el banquillo de los acusados próxiamente por el supuesto amaño de un proceso selectivo por el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera, tras una denuncia del sindicato UGT. La vista se iba a celebrar antes del pasado verano, pero se pospuso por la indisposición de uno de los letrados. Y no es el único juicio que tendrá lugar, puesto que, si no hay cambios, el 1 de octubre de 2026 habrá otra vista por el mismo motivo por la selección de Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras.

Como avanzó este diario, ambas fueron rescatadas del Consorcio Valencia 2007, ente público que gestionaba la Marina de València, hasta su liquidación. El resto de personal despedido acertó ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la Autoridad Portuaria los nombres de las dos adjudicatarias. También está judicializado el nombramiento de Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio. Aunque abandonó su puesto, la causa judicial sigue vigente.

Todas estas polémicas no han pasado desapercibidas en los órganos superiores. Como informó elDiariop.es, fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por elDiario.es lamentan las continuas polémicas y señalan al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, como responsable por haber nombrado presidenta a Mar Chao.