Podemos, Ciudadanos y CGT coinciden en que hay indicios suficientes para investigar al aforado Mazón en la causa de la dana

Acusaciones populares de la causa de la dana como las que ejercen Podemos, Ciudadanos, el sindicato CGT o Acció Cultural del País Valencià (ACPV) coinciden en que hay indicios suficientes para que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) investigue a Carlos Mazón por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Así se desprende de sendos escritos de alegaciones planteados ante el alto tribunal autonómico.

El partido morado considera que la responsabilidad penal derivaría de una presunta comisión por omisión y afirma que Mazón “no era un mero espectador” sino que la normativa “le confería el deber jurídico de actuar” como jefe del Consell y “garantizar el correcto funcionamiento de la Administración autonómica”.

El escrito de Podemos también refrenda que la dana “no fue un suceso imprevisible” y reseña las fuentes de alerta del peligro que esgrime la exposición razonada de la jueza instructora elevada al TSJ-CV: las alertas de la Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), las llamadas al 112 y la información de los medios de comunicación.

También considera que la intervención de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón (con “instrucciones directas” en los mensajes de WhatsApp a la consellera Salomé Pradas) “impidió que se lanzara un aviso claro, contundente y, sobre todo, a tiempo”. Se trataba, a juicio de Podemos, de una “emanación de la voluntad del president” que constituiría un nexo causal directo con el resultado lesivo.

Ciudadanos destaca la desconexión de Mazón en El Ventorro

Por otro lado, Ciudadanos alega que Mazón habría incurrido en un delito de homicidio imprudente por su “inactividad negligente” durante las “horas clave del desbordamiento del barranco del Poyo”, lo cual “supone un quebranto de este deber competencial”.

En su escrito, Ciudadanos, se alinea con los argumentos esgrimidos por la jueza de Catarroja y entiende que el hecho de que Mazón ejercía la competencia exclusiva y el mando único de la Generalitat es un hecho “jurídicamente innegable”. “La responsabilidad en la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 no admite ambigüedades competenciales”, señala el partido naranja.

Además, señalan que “la permanencia en un almuerzo privado de larga duración mientras los caudales de los barrancos superaban niveles históricos supone una ruptura total con su posición de garante”. Un garante, añaden las alegaciones de Ciudadanos, “no puede desconectarse voluntariamente de la fuente de riesgo que está obligado a controlar”.

CGT ve una “parálisis decisoria en la cúpula del Consell”

La representación jurídica del sindicato CGT coincide con la jueza instructora en que Carlos Mazón, “durante la peor dana del siglo, continuó durante todo el día 29 de octubre con su agenda política, de acto en acto, ninguno vinculado a la dana, y celebró una duradera comida con una periodista para hablar, no del temporal, sino de la dirección de la televisión pública valenciana”, afirma su escrito en referencia al ágape con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

CGT también alude al “retraso injustificado” en la convocatoria de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y a la “demora” en la emisión del Es-Alert hasta las 20.11, “cuando ya era inútil para la mayoría de las víctimas”. Se trata, según el sindicato libertario, de indicios de una “parálisis decisoria en la cúpula del Consell, cuya máxima responsabilidad recaía en el presidente”.

Los escritos de Podemos, Ciudadanos y CGT se suman a la misma línea de las alegaciones planteadas por el letrado Ximo Esteve, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa. Sin embargo, no todas las acusaciones coinciden en la misma postura: el partido Valores, cuya representación jurídica ejerce un letrado muy cercano al expresident Francisco Camps, aboga por que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV asuma la causa sin pronunciarse sobre una eventual imputación de Mazón.

ACPV reprocha una “infracción grave del deber de cuidado”

Por su parte, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que también ejerce una de las acusaciones populares en la causa, considera en su escrito que la exposición razonada de la jueza instructora “es pertinente, argumentada, clara, rigurosa en términos jurídicos, respetuosa con los derechos fundamentales de la persona aforada” y “basada en indicios plurales, concretos y racionales”.

Las alegaciones de ACPV consideran que Mazón, en el ejercicio de sus funciones públicas, “omitió la realización de todos los actos de gobierno que le eran exigibles conforme a sus deberes legales o reglamentarios”.

“Dicha omisión”, remacha el escrito, “constituye una infracción grave del deber de cuidado, es decir, que se trata de una ausencia absoluta de cautela o de la omisión de las más elementales normas de previsión y cuidado que cualquier persona en su posición hubiera adoptado”.

La entidad considera que hubo una relación de causalidad “entre la ausencia de decisiones relevantes a adoptar por un dirigente como el sr. Mazón y la evitación de un importantísimo número de fallecimientos y lesiones graves por la dana que asoló la provincia de Valencia”.

Valores reconoce la “especial relevancia” de Mazón en la “cúspide”

Valores, desoyendo el aval unánime y constante de la Audiencia Provincial de Valencia a la instrucción de la causa, pretende que el alto tribunal investigue “el papel desempeñado por responsables clave” como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el presidente de la CHJ, Miguel Polo, o por el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, todos ellos testigos de la causa que han sido reiteradamente descartados como investigados.

“Sin perjuicio de la especial relevancia que ostenta la figura del President de la Generalitat en la cúspide de la cadena de decisiones, esta representación procesal desea hacer constar que la gestión de una catástrofe de la magnitud y complejidad de la dana del 29 de octubre de 2024 difícilmente puede reducirse a un análisis individual o a una actuación aislada”, afirma el escrito de alegaciones de Valores.