Los cinco magistrados que decidirán sobre Mazón: una Sala “más bien conservadora” pero con perfiles técnicos

“La composición es más bien conservadora en conjunto”. Así ven varias fuentes judiciales consultadas por elDiario.es, todas conocedoras de las interioridades de la judicatura valenciana, la adscripción de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) conformada para decidir sobre la imputación del expresident Carlos Mazón solicitada en la exposición razonada de la jueza instructora de la causa de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, elevada al alto tribunal autonómico el pasado 24 de febrero.

El presidente del TSJ-CV, Manuel José Baeza, ha acordado este jueves avocar al Pleno de la Sala de lo Civil y Penal la exposición razonada, ampliando de los tres iniciales a un total de cinco los magistrados encargados de decidir sobre la exposición razonada.

A la ponente designada, Pia Calderón, y a los dos magistrados que inicialmente se iban a encargar de la decisión (el propio Baeza y José Ceres), se suman ahora Antonio Ferrer y Vicente Torres. La partida, por tanto, se dará entre cuatro magistrados —en mayor o menor medida— conservadores y uno progresista.

Se trata de una opción a la que ya recurrió en dos ocasiones (a finales de 2020) la anterior presidenta del TSJ-CV, Pilar de la Oliva, con sendos procedimientos vinculados a la crisis sanitaria de la pandemia de la pandemia de la Covid-19 y relativos a aforados del Gobierno del Pacte del Botànic.

En la composición de la Sala, respecto de aquellos dos procedimientos —ambos archivados— solo cambia actualmente la presidencia del TSJ-CV, que ostenta Baeza desde 2025. El resto de magistrados son los mismos que ahora tienen que decidir si aceptan la imputación de Mazón, si la descartan de plano o si, como tercera opción, devuelven la causa a la jueza instructora para que continúe rastreando indicios contra el expresident, que sigue aforado por su condición de diputado autonómico del PP.

Los cinco magistrados se enfrentan a un “abanico de posibilidades muy amplio” en términos jurídicos, según afirma una de las fuentes consultadas. Otro juez aventura las “dudas jurídicas” de fondo sobre la hipotética responsabilidad penal de Carlos Mazón.

Además, se trata de una causa social y políticamente muy sensible sobre la que sobrevuela el drama “personal y materialmente aterrador” del 29 de octubre de 2024, tal como describió la misma Sala en su resolución anterior sobre la cuestión de Mazón y la dana.

Manuel Baeza, peso pesado de la derecha judicial valenciana

El presidente del TSJ-CV, Manuel José Baeza (1966), es un peso pesado de la derecha judicial valenciana. De buen trato personal en el cara a cara y adscrito a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), proviene del ámbito tributario y carece de experiencia alguna en el terreno penal.

Un buen conocedor de las interioridades de la judicatura valenciana desliza que la facultad de los presidentes de los TSJ para alterar las salas “genera decisiones no siempre inocentes”, en referencia a la resolución de Baeza para avocar al Pleno de la Sala de lo Civil y Penal la decisión sobre Mazón, con quien el magistrado ha mantenido una cordial relación institucional en los actos en los que han coincidido durante el mandato del exjefe del Consell dimitido.

Pía Calderón, una ponente técnicamente preparada

La ponente, Pía Calderón (1958), es una procesalista muy preparada, “recta” y técnicamente bien considerada, con una amplia experiencia académica (ha sido catedrática de la Universitat de València y autora de una extensa bibliografía). Incorporada al TSJ-CV en 2011, Calderón procesó al exconseller del PP Rafael Blasco por corrupción en los fondos de la cooperación. “No la veo haciendo disparates”, señala un penalista que la conoce bien.

La magistrada, moderadamente conservadora, fue también la ponente del auto del TSJ-CV del 23 de diciembre de 2024 que descartó las querellas y denuncias iniciales contra Mazón y remitió la investigación al “hábitat natural de los juzgados de instrucción” al no ver, en aquel momento, un “cuadro indiciario de cierto nivel”.

Calderón, eso sí, apostilló que el alto tribunal autonómico no era “insensible a la tragedia ocurrida” y aseguró que los “deberes inexcusables de las autoridades” de advertir a la población de la catástrofe de la dana “no son controvertidos”.

José Ceres, juez de la APM

José Ceres (1962), el tercer magistrado que formaba inicialmente la Sala junto con Baeza y Calderón, es ideológicamente conservador y forma parte de la APM. Las fuentes consultadas indican que se trata de un juez “técnicamente bueno”.

El magistrado archivó en 2009 la causa de los trajes contra Francisco Camps, una decisión revocada más tarde por el Tribunal Supremo (el expresident fue finalmente absuelto por un jurado).

Por otro lado, Ceres también fue el ponente del auto que en 2023 archivó la denuncia de un diputado del grupo de no adscritos de las Corts Valencianes (y anteriormente de Ciudadanos) contra el expresdient socialista Ximo Puig por los supuestos delitos de prevaricación y malversación.

Antonio Ferrer, conservador sin adscripción asociativa

Antonio Ferrer (1957), magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ desde 2013, está considerado como un juez serio y “duro en la penalidad” —al que “no le tiembla el pulso”—, con buen perfil técnico y muchos años a cuestas en la Audiencia Provincial de Valencia.

Sin adscripción a ninguna asociación de jueces, a Ferrer se le considera como conservador cercano a la APM. “Un muy buen juez”, según resume una fuente jurídica.

Vicente Torres, exfiscal anticorrupción

Vicente Torres (1974), el quinto magistrado, fue fiscal anticorrupción en València hasta su designación como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV en 2019.

Se trata del único juez con un perfil progresista. Con una enorme capacidad de trabajo, durante su etapa como fiscal anticorrupción se convirtió en un auténtico azote del Gobierno del PP de Francisco Camps, impulsando causas como el 'caso Blasco' o el 'caso Taula', entre muchas otras.