El Constitucional resolverá el 22 de septiembre el primero de los recursos contra el Supremo por no aplicar la amnistía a líderes del procés

El Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

Entre los perjudicados por la decisión del Supremo estaba también Jordi Turull, consejero catalán de Presidencia, que recurrió ante el Tribunal Constitucional. El recurso de Turull será el primero que resolverá el Constitucional.

La ponencia de este caso correspondió al vocal conservador José María Macías, quien defenderá la desestimación del recurso frente a la mayoría de conservadores progresistas, favorables a la tesis de Turull. Este pronunciamiento, que entrará al fondo de la cuestión respecto a la decisión del Supremo de aplicar una interpretación muy controvertida respecto al supuesto enriquecimiento personal de los consejeros catalanes marcará el futuro del resto de los recursos presentados por dirigentes independentistas catalanes en el mismo sentido.

Si la mayoría progresista mantiene su tesis favorable a admitir los recursos, el regreso de Puigdemont a España se producirá inmediatamente después, sin obstáculos legales para que se le aplique la Ley de Amnistía. El Tribunal Constitucional esperaba a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas español y por la Audiencia Nacional.

El TJUE resolvió que la ley de amnistía no vulneraba la normativa europea y ensalzaba el objetivo declarado en la exposición de motivos de la norma para ayudar a la reconciliación social tras la amenaza de ruptura que supuesto el proceso independentista. Ese aval del TJUE desbloqueó en el Tribunal Constitucional la resolución de los recursos presentados por dirigentes independentistas.

La decisión del Constitucional, según fuentes del Constitucional conocedoras de este caso, supondrá un varapalo para el Supremo, que hizo una interpretación sobre el delito de malversación cometido por los dirigentes independentistas que ni siquiera estaba en los hechos probados de la sentencia condenatoria que firmaron por unanimidad los siete magistrados que integraron el tribunal.