Policías Locales de València exigen al Ayuntamiento el reconocimiento de los complementos por la carrera profesional
Agentes de la Policía Local de València, que ingresaron en el consistorio en la última década, piden al Ayuntamiento que les reconozca la carrera profesional como al resto de integrantes del Cuerpo. Una veintena de agentes han protestado este viernes frente al balcón de la casa consistorial para reclamar los complementos salariales ligados a esta figura, que van desde los 380 a los 590 euros mensuales en función del tiempo en activo.
La carrera profesional se comenzó a aplicar en el Ayuntamiento de València en 2017 y funciona por escalones ligados a los sexenios. En el caso de los funcionarios de nivel C1 -la categoría de los policías-, arrancan con un complemento de 380 euros mensuales, que se va aumentando cada seis años. Los agentes explican que en 2017 se reconoció la antigüedad a todos los funcionarios con independencia del tiempo que llevaran en el consistorio, pero que a partir de ese momento se puso el contador a cero. Un agente incorporado a partir de 2017 debe esperar seis años en València a que se le reconozca esta prerrogativa, aunque haya trabajado años en otro municipio.
Los policías consideran que se da una discriminación al no reconocerles esta figura a los últimos incorporados. “Haciendo como mínimo el mismo trabajo que tu compañero, incluso con más antigüedad en algunos casos, ganan menos”, exponen. Los agentes reclaman “una carrera profesional justa” y denuncian que el Ayuntamiento “fomenta la discriminación salarial entre sus funcionarios”.
El reglamento de la carrera profesional se modificó posteriormente para que los agentes incorporados por movilidad -que sí es un concurso público- pudieran optar al primer escalón del complemento si habían cumplido los seis años en activo, como sucedió con los policías designados por libre elección en comisión de servicios, a los que se les reconoció el primer sexenio si se podía demostrar la antigüedad. En cambio, no se aplicó a los agentes permutados. Esto, señalan los funcionarios que protestan, ha provocado una “brecha salarial” y que existan “funcionarios de primera y de segunda”. La brecha se incrementó en 2022, cuando el consistorio aprobó una subida de salario, de unos cien euros mensuales, que solo se aplicó a través de la carrera profesional.
Algunos agentes que obtuvieron la plaza por permuta llevaron la cuestión a los tribunales, pidiendo la equiparación con los funcionarios por movilidad, pero el fallo desestimó su petición, señalando que en los casos de movilidad hay una competencia pública. Los agentes decidieron no seguir con el procedimiento.
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