La Comisión Europea vuelve a llevar a España ante los tribunales por no depurar las aguas residuales

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que va a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por “no cumplir plenamente con las obligaciones de recogida, tratamiento y control establecidas en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbana”. No es la primera vez que España se ve ante la Justicia europea por sus reiterativos incumplimientos en el tratamiento de las aguas residuales.

La Comisión envió una carta en octubre de 2017 y un dictamen motivado en noviembre de 2019 para que España arreglara la situación de decenas de localidades donde no se depuran bien estos residuos. Aunque se han reducido a la mitad los puntos de incumplimiento de la norma, el retraso acumulado ha hecho que Bruselas considere que persiste un problema “generalizado”. España llevaba ya 87 millones de multa por depurar mal aguas residuales en 2024.

La Comisión considera que los esfuerzos realizados por las autoridades españolas han sido insuficientes hasta la fecha, además de recordar que las aguas residuales sin tratar pueden poner en riesgo la salud humana y contaminar lagos, ríos, suelos, aguas costeras y aguas subterráneas.

Bruselas apunta que la Directiva protege tanto la calidad del agua como la salud humana al exigir que los Estados miembros “recojan y traten sus aguas residuales urbanas en todas las aglomeraciones de 2.000 habitantes o más antes de su vertido al medio ambiente”.

En el nuevo informe, la Comisión ha encontrado que hay 15 localidades en los que España “aún debe garantizar la existencia de sistemas de recogida de aguas residuales”. En otras 39 ciudades, España “aún no garantiza el tratamiento secundario de toda la carga contaminante de las aglomeraciones y no cumple los requisitos de tratamiento para los vertidos en zonas normales tras el tratamiento”.

Mientras que en ocho poblaciones “no se garantiza el tratamiento terciario de toda la carga contaminante y no se cumple con los requisitos de tratamiento para los vertidos en zonas sensibles tras el tratamiento”, a lo que hay que sumar que en 52 urbes, España “no garantiza que los vertidos de las plantas de tratamiento sean controlados para verificar el cumplimiento”.