Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante tras desvelarse que recibió uno de los pisos del escándalo de las viviendas protegidas

La concejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez, que se encuentra actualmente de baja por maternidad, ha anunciado en la tarde de este viernes que renuncia a su cargo y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público. Gómez es uno de los cargos del Ayuntamiento que ha resultado adjudicataria de varias viviendas públicas, tal y como ha informado elDiario.es.

La de Gómez es la segunda renuncia tras la de María Pérez-Hickman, quien desempeñaba las funciones de directora general y cuyos dos hijos también obtuvieron sendos pisos protegidos.

Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, ha destacado que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.

La concejala ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad.

La polémica relacionada ha provocado un auténtico terremoto político tras saltar a la luz que la concejala Gómez; los dos hijos de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro viviendas protegidas de una promoción de 140 inmuebles que cuenta con zonas comunes, con piscina y pistas de pádel.

Se trata de la primera promoción de vivienda protegida que se construye en la ciudad en décadas en un contexto de burbuja inmobiliaria con precios desorbitados, lo que hace de este tipo de pisos a precios más asequibles tengan una altísima demanda. El residencial es de iniciativa privada y lo levantó y comercializó Residencial Les Naus, Cooperativa Valenciana sobre un suelo municipal que adquirió por 6,6 millones de euros mediante un proceso previo de enajenación.

Al ser vivienda protegida se aplicaron los precios tasados por la administración que en este caso fueron de 1.200 euros el metro cuadrado por lo que las viviendas salieron por entre 200.000 y 230.000 euros, la mitad del precio de mercado en una zona atractiva como es la playa de San Juan.

Una de las claves de esta llamativa situación adelantada este jueves por el diario Información es la fórmula bajo la que se ha gestionado la adjudicación de las viviendas, un aspecto que, en este caso, ha correspondido a la propia cooperativa al tratarse de una entidad privada.

Al respecto, un responsable de Fraorgi S. L., promotora de la mencionada cooperativa, comenta a elDiario.es que al ser una promoción privada es la propia cooperativa la que establece los mecanismos por los que se adjudica y que en su caso se hace por rigurosa antigüedad: “Cualquiera puede darse de alta como cooperativista a través de nuestra web y a partir de ahí entras en lista de espera. Cuando hay una promoción se envía la información a todos y con los que muestran interés por optar a una de las viviendas, empieza el proceso con la aportación de una cuantía económica, siempre por orden de antigüedad en esa lista de espera. Ahora mismo tenemos una lista de 2.000 personas para futuras construcciones”.

El PSPV advierte de que “la máxima responsabilidad es del alcalde”

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha valorado que la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general “confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de una polémica mediática”.

Según Barceló, “esta es la prueba de que Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal. La máxima responsabilidad sigue siendo del alcalde. Tiene que dar explicaciones sobre por qué no estableció controles sobre esta promoción de viviendas en suelo público y acaparar si existen más cargos públicos o allegados del PP que han resultado beneficiados”.

Barceló ha añadido que desde el Grupo Socialista seguiremos exigiendo toda la información necesaria para llegar al fondo de este asunto, dirimir responsabilidades políticas y garantizar que esto nunca vuelve a ocurrir.