Un alto cargo de Mazón consultó sobre el confinamiento a la Abogacía de la Generalitat 27 minutos antes del Es-Alert

Poco a poco, la jueza de la dana va aclarando la intervención de Presidencia en relación con la toma de decisiones de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ante la emergencia del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. El secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, telefoneó a las 19.44 a Álvaro Martínez Ávila, abogado general de la Generalitat Valenciana, para pedir asesoramiento jurídico sobre un posible confinamiento de la población, una de las opciones que debatía el Cecopi.

García Ramírez entregó a la jueza instructora un acta notarial con sus mensajes de WhastaApp de aquella jornada y con la reseña de las llamadas que mantuvo con el president Carlos Mazón, su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Sin embargo, el acta no detallaba las llamadas con el jefe de la Abogacía de la Generalitat. El alto cargo de Presidencia (actualmente secretario autonómico de Economía del Consell de Juan Francisco Pérez Llorca) se prestó voluntario para que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) cotejara sus llamadas con Martínez Ávila.

El acta de cotejo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, reseña la primera llamada de las 19.44 (27 minutos antes del primer Es-Alert), con una duración de un minuto y 12 segundos, y una segunda comunicación telefónica a las 20.25, de un minuto y 42 segundos. En esa segunda llamada, Cayetano García Ramírez le dijo a su interlocutor que se olvidara de la consulta sobre el confinamiento.

Previamente a la consulta con la Abogacía (a las 19.25) el alto cargo preveía en un whatsapp enviado a Carlos Mazón que iba “a haber un huevo de afectados”.

La jueza instructora de la causa de la dana ha puesto el foco en la secuencia de comunicaciones entre Presidencia y la Abogacía de la Generalitat. No en vano, Álvaro Martínez Ávila declaró el pasado 27 de enero que “nadie” de la Abogacía “se pronunció en contra de un confinamiento”, al ser una medida avalada por la normativa de emergencias.

Por su parte, García Ramírez relató ante la jueza el pasado 22 de enero que la tarde de la dana le dijo a Pradas que el confinamiento “limita derechos”.

Los dos Es-Alert de la dana

El primer borrador del mensaje Es-Alert, concebido por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, pedía a la población que se refugiara en altura.

Sin embargo, el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, puso reparos por si el mensaje automático a los móviles tenía un efecto contraproducente y provocaba una estampida de la población y la entonces consellera Salomé Pradas planteó sus dudas sobre la posibilidad de que la recomendación a la población de que permaneciera en sus domicilios pudiera suponer una suerte de confinamiento.

El Es-Alert que se envió a las 20.11, cuando ya había fallecidos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por las inundaciones, se limitaba a pedir que se evitaran los desplazamientos. A las 20.57, un segundo Es-Alert ya pedía refugio en altura, al igual que el propio president Carlos Mazón en una comparecencia ante los medios de comunicación a las 21.20.

A pesar de que Mazón, actualmente aforado por su condición de diputado autonómico, siempre defendió que Pradas no recibió orden alguna sobre la gestión de la emergencia, los whatsapps aportados por la investigada con el jefe de gabinete del president denotaban que Presidencia tuvo algún peso. José Manuel Cuenca le escribió a Pradas a las 19.54: “Salo, de confinar nada”.

El aval de la Abogacía frente a la tesis de Presidencia

A las 20.08 (20 minutos antes de la llegada de Mazón al Cecopi), Cuenca aún insistía a Salomé Pradas con que para confinar “hace falta un estado de alarma” y le decía que “eso lo decreta la chica que tienes al lado”, en una referencia algo indecorosa a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Sin embargo, tanto Álvaro Martínez Ávila como Ignacio Lleó, el letrado de la Abogacía adscrito a la conselleria de Salomé Pradas, avalaron de plano la medida, al estar bajo el paraguas de la normativa en materia de emergencias.

Lleó expuso en su declaración del pasado 27 de enero que la legislación, tanto autonómica como estatal, permitía “practicar confinamientos” y “evacuaciones forzosas” en una emergencia del calibre de la dana.