Mazón cambió la ley para que las VPO como las de Alicante se puedan vender a precio de renta libre

Suelo público destinado a realizar viviendas protegidas por parte de operadores privados que transcurrido un plazo de tiempo determinado perderán la protección. Esto, a su vez, hará que se revaloricen al pasar al mercado de renta libre y al mismo tiempo saldrán del parque de casas en régimen de protección.

Este es otro de los cambios legales que impulsó el Gobierno valenciano cuando estaba dirigido por Carlos Mazón mediante el decreto del 10 de diciembre de 2024 de régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana y que es de aplicación en las viviendas protegidas de promoción privada, como por ejemplo en la polémica promoción de 140 casas con zonas comunes con piscina y pista de pádel levantadas por una cooperativa en la playa de San Juan que se han adjudicado diversos cargos del Ayuntamiento de Alicante gobernado por Luis Barcala (PP).

En concreto, como ha venido informando elDiario.es,  la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión.

De esta forma, mientras el decreto del Gobierno del Botánico de mayo de 2023 apostó por el carácter “permanente” de la protección de viviendas protegidas tanto de promoción pública como privada, en línea con la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada en el 2017, el texto legal aprobado por el Consell de Mazón en diciembre de 2024 establece un plazo máximo de protección para las de gestión privada de entre 15 y 30 años (ver imagen). Las que construyan directamente las administraciones, sí que mantendrán la protección de forma indefinida.

Además, se trata de un plazo máximo sujeto a unas supuestas excepciones que quedan sin especificar y que podrían anticipar los plazos, aunque fuentes de la Conselleria de Vivienda aseguran que serían casos muy excepcionales. Al respecto, el decreto establece: “La dirección general competente en materia de vivienda, mediante la resolución motivada, por razones de interés público, podrá disponer la descalificación de viviendas y elementos complementarios calificados definitivamente”. El decreto tampoco establece periodos mínimos en los que la vivienda debe tener garantizada la protección, como sí sucedía con ley que puso en marcha el propio PP en el año 2009, hasta que con la llegada del Botánico se estableció la calificación permanente en la ley de 2017 y en el decreto de 2023, según el cual, en relación con el periodo de protección, “las viviendas y sus anejos que hayan obtenido la calificación definitiva por parte de la Conselleria competente en materia de vivienda mantendrán la citada calificación de manera permanente”.

Desde Vivienda defienden este cambio en la necesidad de dar unas condiciones mínimamente atractivas a los operadores privados para movilizar el suelo con el objetivo de aumentar sustancialmente la construcción de vivienda protegida y achacan a las condiciones excesivamente rígidas del Botánico la casi nula construcción de VPO en sus ocho años de gestión.

El decreto aprobado por la Generalitat Valenciana en 2024 es el mismo que eleva la renta mínima para que un particular o unidad familiar pueda acceder a una vivienda protegida a los 54.600 euros (46.800 con el Botánico), con posibilidad de llegar a 66.000 euros si se cumplen una serie de requisitos. La normativa aprobada por el PP también eleva en 200 euros, hasta los 2.400 euros, el precio del metro cuadrado de la vivienda protegida.

En el caso de las viviendas de la promoción de Alicante, su precio ha sido de entre 200.000 a 230.000 euros en una zona donde las casas de renta libre oscilan de las mismas características oscilan entre los 350.000 y los 400.000 euros.

Conselleria suspende de empleo y sueldo a un funcionario

La Conselleria de Vivienda ha expedientado y suspendido de empleo y sueldo a un técnico funcionario de la dirección territorial encargado de revisar, tramitar y acreditar que solicitantes de las polémicas viviendas protegidas de Alicante cumplían con todas las condiciones. Tras una investigación minuciosa, desde Vivienda detectaron irregularidades para validar la adjudicación de uno de estos inmuebles a una solicitante que ha resultado su mujer, y además arquitecta del Ayuntamiento de Alicante.

En la tramitación del expediente, el técnico omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia.

Denuncia del PSPV en la Fiscalía

El PSPV, a través de su grupo municipal, ha formalizado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que detalla la presunta comisión de hasta cinco delitos por una presunta trama de adjudicaciones que ya ha provocado dos dimisiones en el consistorio. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha registrado la denuncia destacando que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para favorecer a personas vinculadas a su propia administración en una promoción construida sobre suelo municipal.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los hechos descritos podrían ser constitutivos, entre otros, de los siguientes ilícitos penales: prevaricación administrativa; negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses; fraude a la administración, estafa; así como un fraude de ley con relevancia penal.

La denuncia pone de relieve que la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó una modificación el 4 de febrero de 2025 para acogerse a la normativa del decreto del 10 de diciembre de 2024 “por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, el citado Decreto suprime la calificación permanente y pasa a un régimen de protección de 30 años, y aumenta el límite de renta para acceder a vivienda protegida, la baremación (IPREM) pasa de 6,5 en 12 pagas a 6,5 en 14 pagas”, destaca el escrito, que añade: “El beneficio que se obtiene por las modificaciones aprobadas en la Junta Local de Gobierno tiene una clara intencionalidad que es la de beneficiar a los compradores de las citadas viviendas”.

Por su parte, Compromís ha registrado este lunes en Les Corts Valencianes la petición de que se cree una comisión de investigación sobre la adjudicación de viviendas protegidas en la ciudad de Alicante esta legislatura, incluidas las que han acabado en manos de personas “que tienen carné del PP” o cercanas a ese partido.