Jetas de protección pública

Una concejala del PP, altos cargos del Ayuntamiento de Alicante, funcionarios de la Generalitat o hijos de notarios y arquitectos. Esta peculiar lista no es la del gimnasio de moda del centro de Alicante ni la de la cena de gala del club náutico, sino la de los agraciados con la primera promoción de vivienda protegida que ha salido al mercado en los últimos veinte años en la capital alicantina, y además en plena crisis habitacional, considerada la principal preocupación de los españoles.

Un verdadero escándalo que ha sido posible gracias a un cambio legislativo del Gobierno de Carlos Mazón, que amplió el límite de acceso a estas VPO a rentas de hasta 66.000 euros anuales. Conviene recordar que el sueldo medio anual de un trabajador o trabajadora en Alicante es de 19.112 euros.

Tal ha sido la indignación despertada por esta situación que, en apenas cinco días, ha dimitido una alto cargo del Ayuntamiento de Alicante —cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron un piso a mitad de precio—; ha salido la concejala de Urbanismo del gobierno del PP, que también se adjudicó una vivienda de la promoción; y se ha abierto expediente a un funcionario de la Generalitat que habría falsificado datos para que su mujer accediera, por entre 200.000 y 230.000 euros, a una vivienda que en el mercado supera con creces los 400.000 euros, junto a la playa de San Juan de Alicante. Por cierto, una zona donde reside el propio Carlos Mazón.

Los “pisitos” cuentan con piscina y salón comunitarios, pista de pádel, y algunos de los nuevos propietarios ya los han puesto en alquiler. Un edificio para ricos y nuevos ricos, con ventajas administrativas pensadas supuestamente para rentas medias y bajas.

¿Cómo ha podido ocurrir algo así en plena emergencia habitacional y con miles de jóvenes mileuristas incapaces de acceder a una vivienda? Sin duda, gracias al respaldo legislativo del Gobierno de Carlos Mazón, que Pérez Llorca no ha anunciado que vaya a revertir pese a la alarma social generada. “El Gobierno de los mejores” y “el fin de la burocracia”, se bautizaron.

Así, como ha venido denunciando elDiario.es desde la aprobación de la normativa en diciembre de 2024 —la dana tampoco frenó esta reforma—, el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana elevó el umbral de renta para que una persona o unidad familiar pudiera acceder a una vivienda protegida hasta los 54.600 euros (46.800 con el anterior gobierno de izquierdas), con la posibilidad de alcanzar los 66.000 euros si se cumplían determinados requisitos.

La normativa impulsada por el PP, además, incrementó en 200 euros el precio máximo del metro cuadrado de la vivienda protegida, hasta los 2.400 euros. Un guiño claro a los promotores para incentivar la construcción de VPO, bajo el argumento de que los materiales se han encarecido y el negocio deja de ser rentable.

Este aumento de los umbrales, aprobado en diciembre de 2024, permitió a los compradores superar el trámite de inspección y visado de la Generalitat, que se produjo en 2025, pese a que las viviendas se adquirieron en 2022 y los aspirantes figuraban en la lista de espera desde 2018. Además de estas facilidades legales, algunos compradores habrían cometido irregularidades adicionales, como falsear los datos de la unidad familiar de convivencia. Es el caso de un funcionario de la Generalitat y una arquitecta del Ayuntamiento de Alicante. Podrían haberse divorciado y no habría hecho falta cometer un delito.

El escándalo de las VPO de Alicante, en un asunto tan sensible como la vivienda y que genera tanto sufrimiento, debe abordarse con toda la contundencia. Es imprescindible que la administración actúe: expropiando las viviendas a quienes se aprovecharon del sistema, rebajando de nuevo los umbrales de acceso y, por supuesto, acudiendo a la justicia para depurar responsabilidades penales. La credibilidad de las instituciones y de la propia democracia están en juego.

Una vez más, quienes dicen no querer intervenir en el mercado de la vivienda son, en realidad, quienes más intervienen. Eso sí, a su favor. Viviendas a mitad de precio, con la posibilidad de rentabilizarlas desde el primer día mediante alquileres de 1.600 euros mensuales y la opción de venderlas a partir de los quince años. Y, para colmo, algunas inmobiliarias ya estarían ofreciendo estos pisos por 450.000 euros, con pagos en negro que superarían los 200.000 euros. Ya tarda la Agencia Tributaria en intervenir.

Cifras que nos retrotraen a la burbuja inmobiliaria de la primera década de los 2000. O se pone fin a esto, o ya sabemos cómo acaba.