El ejemplo de la regularización de 2005: aumentó la recaudación fiscal y no causó el “efecto llamada” del que alerta el PP

Luisa tiene su porfolio preparado para cuando por fin consiga los papeles y pueda empezar a llamar a la puerta de las empresas. Mientras trabaja por horas, de forma irregular, en el sector de la limpieza, le han surgido varias oportunidades laborales de proyectos en el ámbito que le apasiona, el márketing enfocado en el Tercer Sector, pero tuvo que rechazarlas: sin tarjeta de residencia, no podía acceder a un contrato ni darse de alta en la Seguridad Social. Por eso espera ilusionada la activación del proceso de regularización anunciado por el Gobierno: “Con el permiso de empleo, podré mover mi porfolio, recuperar el tiempo perdido y empezar a cotizar”, añade.

La mujer colombiana es una de las cerca de 500.000 personas que el Gobierno calcula que cumplen los requisitos para acogerse a la nueva regularización. Mientras las futuras beneficiadas, como Luisa, celebran la medida y ansían el momento de regularizar su situación para trabajar dentro del sistema después de años haciéndolo en la clandestinidad, el Partido Popular no ha tardado en reaccionar para criticar la inicativa. Alberto Núñez Feijóo ha defendido que la medida generará un “efecto llamada” y provocará un “colapso de los servicios sociales”. Sin embargo, los análisis económicos y sociológicos tras el proceso de regularización de 2005 muestran unos efectos muy diferentes a los que traslada el líder del PP.

La suma de las aportaciones de las 600.000 personas regularizadas entonces contribuyó a un aumento de la afiliaciones a la Seguridad Social y engrosó las arcas públicas con sus correspondientes cotizaciones. Un estudio publicado en 2021 por un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) concluyó que cada inmigrante regularizado contribuyó entonces con una aportación de entre 4.000 y 5.000 euros al año solo con los impuestos sobre el salario.

“La regularización de 2005 tuvo un efecto claramente positivo. Aplicando los mismos criterios de entonces, la regularización tendrá una aportación similar a las arcas del Estado, aunque depende de como se aplique”, sostiene Joan Monrás, catedrático de Economía de la UPE y uno de los autores del informe.

En 2005, el número de extranjeros afiliados se disparó en 2005 con la regularización extraordinaria de Zapatero. “Hubo un primer efecto estadístico sobre los registros de la Seguridad Social y aumentó muchísimo el volumen de ocupados”, comentó en una entrevista con elDiario.es el economista de Economistas frente a la crisis, Antonio González, que ocupó la secretaría general de Empleo entre 2006 y 2011.

En aquel momento, presentar un contrato de trabajo fue un requisito indispensable para solicitar los papeles a través de proceso. “Al cabo de dos años, seguían en el sector formal más de la mitad de inmigrantes”, indica el catedrático de Economía de la UPF y autor del artículo sobre los efectos de la medida Joan Monrás.

Además, en términos generales, el estudio de la UPF apreció cambios en la vida laboral de las personas afectadas. “Se ve cómo se movieron a empresas más grandes, con mejores salarios y tienen una evolución positiva”, indica. El efecto percibido por los expertos en 2005 coincide con las expectativas narradas por Luisa: “Mi plan es conseguir trabajar en marketing en una ONG o una empresa y tener unas condiciones dignas de trabajo”, sostiene la colombiana.

Para el centro de estudios económicos y sociales Funcas, la regularización el efecto positivo es inmediato en lo que respecta a los ingresos de la Seguridad Social. “El impacto siempre es positivo en cuanto a la vida de estas personas y el reconocimiento de sus derechos”, sostiene Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. “Pero, además, las personas inmigrantes que están regularizadas van a acceder a un contrato de trabajo. Esto implica que, por supuesto van a aportar recursos a la Seguridad Social y los estudios muestran que la aportación, al menos en el corto plazo, es positiva de la inmigración, porque la inmigración es principalmente laboral y van a aportar incluso más de lo que reciben”, sostiene. La razón se encuentra también en el perfil mayoritario de los migrantes: “Generalmente, es gente más joven de la gente que ya está instalada y, por lo tanto, esto representa una aportación positiva en términos de cotizaciones sociales”, añade.

Según el informe Esenciales 2022, de la Fundación porCausa, cada inmigrante regularizado favorecería al Estado con una aportación fiscal neta media estimada de 3.500 euros al año. En total, según los cálculos de esta organización, serían entre 790 y 950 millones de euros al año.

Según el experto de Funcas, la medida también tiene un efecto multiplicador en el conjunto de la población autóctona, porque quienes se aprovechan de la situación de irregularidad de las personas migrantes tiran hacia abajo de las condiciones laborales. “Al regularizarse, mejora las condiciones de todos en los sectores con mayor presencia”, razona. “Permite reducir el riesgo de competencia desleal entre empresas y trabajadores. Hay sectores de trabajo informal que se aprovechan un poco de esta situación y, que de alguna manera, hacen competencia desleal con respecto a otras empresas que emplean personas con un contrato de trabajo”, detalla Torres.

El economista y estadístico Francisco Melis indicaba en este análisis que la regularización de extranjeros elevaría los ingresos públicos en 2.000 millones de euros al año. Según la simulación del equipo de datos de elDiario.es, con 100.000 nuevos hipotéticos cotizantes percibiendo el salario mínimo interprofesional, las arcas del Estado se engrosarían con 587 millones al año. Si, fueran 400.000, serían 2.346 millones.

En el caso español, los expertos apuntan que una regularización masiva puede ser un balón de oxígeno para capear las jubilaciones de la generación del baby boom. “Un nuevo proceso que permite tener un cálculo más realista del Producto Interior Bruto y eleva los ingresos por cotizaciones supone un menor ratio del gasto en pensiones durante los próximos años”, explicó Antonio González en una entrevista reciente con elDiario.es. “No (es positivo) solo por el impulso inicial de la recaudación, también respecto a la población en edad de trabajar respecto a la jubilada, en edad de tener hijos”, añade Torres, quien matiza que no siempre se produce este efecto de aumento de la natalidad porque las personas migrantes suelen adaptarse a las dinámicas demográficas de los países de acogida.

“Para hablar sobre las pensiones tenemos que analizar si el país es capaz de darles oportunidades, posibilidades de desarrollo, si se dan políticas familiares o acuerdos para que puedan volver a los países de origen”, considera Monrás. De hecho, uno de los colectivos más beneficiados con la regularización de 2005 fue el de las empleadas del hogar, con salarios bajos y con menos derechos que el resto de la clase trabajadora. Como puede verse en el siguiente gráfico, entonces un 30% de las nuevas afiliaciones les correspondían a ellas.

Otro de los argumentos esgrimidos en la última semana tanto por el PP como por Vox es el riesgo de un “efecto llamada” ligado a la regularización. “No hay evidencia”, indica Joan Monrás. En su investigación estudiaron la evolución de los flujos migratorios extracomunitarios —y, por tanto, afectados por la medida— y los comunitarios —a quienes no les influía—: “No vimos ningún cambio, seguían llegando en las mismas proporciones”.

Para Torres, “el efecto llamada se puede producir si se anuncia una regularización con la fecha límite posterior al anuncio de la norma”. Es decir, si la norma no hubiese introducido como requisito haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, sino que dejasen unos meses de más de margen, podría llegar a provocar un incremento de la llegada de personas que intentasen beneficiarse. Pero no es así.

Para el experto de Funcas, tiene sentido debatir sobre una estrategia de ordenación de los flujos de entrada al país pero, una vez que estas personas están en el país, “es bueno para la economía que se integren.

El aumento o reducción de la llegada de inmigrantes, por tanto, no lo marcan medidas políticas como estas, sino que los expertos apuntan que contexto económico suele ser más determinante. El caso de la regularización de 2005 lo vuelve a ilustrar. Después del proceso por el que unas 600.000 personas obtuvieron de golpe los papeles, el número de nuevos cotizantes extranjeros se mantuvo estable los primeros años tras la regularización de 2005, mientras que cayó a negativo durante la crisis de 2008 y se recuperó a partir de 2014. En la pandemia, volvió a descender y, una vez superada, recuperó la tendencia al alza hasta alcanzar un nuevo pico a partir de 2022.

El estudio de Monrás señala que la regularización de 2005 no tuvo efectos negativos en cuanto al gasto social o en prestaciones, algo en lo que coinciden otros trabajos. “Los gastos más altos del Estado corresponden a educación, para los menores de 18, y a sanidad, para los de más de 60. Por definición, los inmigrantes suelen llegar en algún momento entre los 18 y los 30, por lo que consumen pocos recursos en educación, y una proporción vuelve a sus países de origen de mayores, así que también gastan poco en sanidad. Contribuyen a los ingresos netos”, explica. Es un argumento que emplea habitualmente la ministra de Inclusión, Elma Saiz: “El 10% de los ingresos de la Seguridad Social proviene de migrantes (en situación regular) mientras que solo representan el 1% del gasto”.

Los procesos de regularización han sido impulsados a lo largo de la democracia por Gobiernos tanto del PP y del PSOE. Dos de ellas fueron impulsadas por el Partido Popular (2000 y 2001) y cuatro por el Partido Socialista (1986, 1991, 1996 y 2005).

“La evidencia empírica muestra que las regularizaciones generan efectos positivos, por ejemplo, la de 2005 mejoró la integración laboral y la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación fiscal y redujo la informalidad”, ha defendido el Ministerio de Inclusión tras el anuncio de la medida.