Catalunya como un agravio

Como agraviada desde el independentismo con el falaz y poco conciliador “España nos roba” o como causante del agravio, el atraso y la humillación del resto del país desde el maniqueo tópico de su egoísmo, sus privilegios y su soberbia; como si Catalunya no se hubiera construido durante la dictadura franquista en tales supuestos privilegios o como si el nacionalismo independentista no fuera una posición relevante, pero minoritaria aun en sus momentos más inflamados en la sociedad catalana.

Que Catalunya es una nacionalidad queda reconocido en el art. 2 de la Constitución y en el mismo ordinal de su Estatuto de Autonomía, “debidamente cepillado” como diría aquel brillante político al que le importó más, en este caso, el brillo de su ingenio que lo verdaderamente importante: superar los agravios como la propia Constitución pretende con ese reconocimiento. Una nacionalidad porque contiene elementos singulares de carácter histórico, lingüístico y cultural, pero que está unida a España y la conforma también por razones históricas, lingüísticas y culturales.

De los agravios sacan partido los nacionalistas, todos, y con su actitud traicionan el espíritu Constitucional que pretendía, entre otros retos, superar las tensiones territoriales que tantos disgustos nos han causado a lo largo de nuestra historia y que en el año 2017 dieron lugar a la declaración unilateral de independencia y a la aplicación del art. 155 de la Constitución, respaldado sin fisuras por el PSOE entonces en la oposición, como mecanismo de defensa ante el desafío soberanista.

El último episodio en la utilización del agravio nacionalista es el que se deriva de la propuesta de financiación autonómica que el Gobierno de España ha formulado para superar el injusto y caducadísimo modelo actual. La propuesta nace de un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya que, entre otras cosas y con carácter previo, exigía una financiación singular y el respeto al principio de ordinalidad, pero que ni es singular ni respeta dicho principio porque en un caso mantiene a Catalunya en el régimen común y en el otro está condicionado por el statu quo, de modo que simplemente corrige esa ausencia de ordinalidad. Ambas realidades deberían facilitar el acuerdo para quienes, desde el creciente nacionalismo español, han venido denunciando la claudicación del Gobierno de coalición a las exigencias soberanistas, aunque debilite la posición de ERC ante Junts en la disputa por la hegemonía en el independentismo menguante, pero ni por esas.

Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos en términos absolutos recibe con el nuevo sistema, muchos más de los que sus dirigentes demandaban, pero lo rechazan. Murcia es la que más recursos recibe en términos relativos y también lo rechaza. Y la Comunitat Valenciana, que tanto ha trabajado por un nuevo sistema de financiación al ser la peor tratada por el actual caducado pero vigente, sería la tercera en recursos absolutos y la segunda en relativos al recibir más de 4600 millones anuales frente a los 1750 que el actual Consell demanda, pero también lo rechaza.

Las razones de estas comunidades autónomas para oponerse a una propuesta que les beneficia son de lo más peregrinas, cuando no son descaradas mentiras: Que si es un acuerdo bilateral que pretende imponérseles, como si fuese un acuerdo cerrado y no una propuesta, y su andalucismo, murcianismo y valencianismo, herido de orgullo, no tenga más remedio que oponerse aunque salgan mejor parados los “ofendidos que los ofensores”. Que si es una cesión al chantaje independentista, cuando queda demostrado que han tenido más peso en el acuerdo los intereses de otras regiones o nacionalidades. Que si es insolidario y atenta a la igualdad entre los españoles, cuando lo que hace precisamente es corregir las desigualdades en financiación per cápita existentes e injustificables, etc.

En nuestra Comunitat añaden la falta de un fondo de nivelación como argumento, pero este fondo, que no es el sistema, sino un parche necesario hasta que aquel se resuelva ni sirve para descalificar la propuesta ni tiene sentido si, como se pretende, el nuevo entra en vigor en el 2027. Sorprendentemente, estos opositores nada dicen de la deuda originada por esa infrafinanciación que es la más elevada en términos relativos y la segunda en absolutos, pero que pesa como una losa y tiene mucha mayor transcendencia en nuestra capacidad de prestar servicios que el dichoso fondo de nivelación. Las verdaderas razones son la articulación de una estrategia electoral en la cabeza del PP de Feijoo que solo puede enmascararse con la mentira que permite construir el trampantojo del agravio.

Mención aparte merece la posición de Castilla La Mancha, que estando también entre las mejor paradas y siendo gobernada por dirigentes del mismo partido que el de la Ministra de Hacienda e impulsora del acuerdo, también lo rechaza. Y es que el nacionalismo se está demostrando como una pandemia que alimenta un virus que solo acabará muriendo al matar al cuerpo del que se alimenta.

También se ha criticado la ordinalidad que se demanda desde Catalunya y que la propuesta, algo menos que a medias, contiene. Y para entender lo que ello significa y lo muy lejos que está de las acusaciones de insolidaridad que se le asignan, con todas las salvedades que la comparación que propongo exigen, creo que puede ayudar en su comprensión: imaginemos que usted recibe una renta de 50.000€, su vecino de 30.000€ y que yo solo la obtengo de 20.000€, que los tres se la entregamos a Hacienda en su totalidad para que sea ella la que tras un acto de solidaridad corrija las diferencias de renta que nos hagan posible a los tres el acceso a bienes básicos. Pues bien, Hacienda nos la devuelve del siguiente modo: 20.000 para usted, 30.000 para su vecino y 50.000 para mí. La única ordinalidad que se respeta en este poco refinado ejemplo es la de su vecino que es el segundo en contribuir y el segundo en recibir, cuando la ordinalidad bien entendida y respetada debería arrojar un resultado más parecido al siguiente: Usted 37.000, el vecino 33.000 y yo 30.000. Quien más tiene más aporta, pero no hasta el punto de quedar con menos recursos que aquel que menos tiene y aporta.

Definitivamente el nacionalismo independentista ha desatado uno de signo contrario en el resto de España, las recientes elecciones en Extremadura, pero especialmente en Aragón donde el argumentario del PP utilizado en campaña contra Catalunya ha sido más explícito, así lo demuestran. Ahora resulta que los causantes de la pérdida de expectativas económicas de la clase media no son los grandes fondos de inversión o las multinacionales que invierten donde hay menos derechos laborales y menos justicia fiscal, ni tampoco el austericidio que sucedió al gran fraude del liberalismo sin control que nos abocó a la gran recesión del 2008, ni por supuesto una globalización sin reglas que ha permitido y fomentado la especulación con todo. El culpable es el inmigrante, el diferente, el feminismo, los zurdos o la justicia social. Lo importante somos nosotros, los de la Nación. Una construcción azarosa que se disfraza de épica y designación divina, pero que alimentan día a día los tecno-oligarcas vinculados a la extrema derecha.

Es tan triste y frustrante ver que en un mundo cada vez más pequeño en el que la ciencia, la cultura compartida y las comunicaciones nos acercan tanto que casi nos tocamos, que lejos de hacer posible una sola humanidad veamos más altos los muros de las fronteras que artificialmente nos separan, nos dividen y nos enfrentan, que da miedo.