Los alumnos migrantes, excluidos de las titulaciones de FP por no poder hacer prácticas: “Antes se podía con pasaporte, ¿por qué ahora no?”

Camila García se enteró de golpe en enero de 2026 de tres cosas: no podría formalizar su arraigo en España por una nueva documentación que no tenía prevista, tampoco podría hacer sus prácticas de Formación Profesional porque no está dada de alta en la Seguridad Social y, además, tendría que esperar al proceso de regularización anunciado por el Gobierno de España para ver cómo y cuándo podrá estar regularizada y terminar sus estudios.

Esta joven estudia un módulo en grado superior en Santander. También es una de las 111 personas migrantes en situación irregular en Cantabria —según los últimos datos actualizados— que no pueden hacer la Formación en Empresa (FEM) obligatoria porque ahora la legislación exige que tengan número de la Seguridad Social (NUSS) para hacer las prácticas y así finalizar la Formación Profesional (FP). Mientras estudia, trabaja sin contrato limpiando casas. “Antes, el año pasado, se podía hacer prácticas con pasaporte, ¿por qué ahora no?”.

Se hace la pregunta con la misma serenidad con la que se lo planteó en enero a una profesora, que le advirtió de que no podría terminar este curso sus estudios. Después de hablar con la docente, Camila fue a secretaría del instituto público en el que estudia, porque no se lo podía creer: “No vas a poder hacer las prácticas este año”, le confirmaron, aunque teóricamente tendría que empezarlas en marzo.

Camila García —cuyo nombre se ha cambiado y no se incluye su tipo de FP para proteger su identidad— está tranquila porque, dice, “es fuerte de mente”, pero no comprende la traba burocrática. Tiene 23 años, es de Lima (Perú) y lleva más de dos años en España. Siempre ha vivido en Santander, donde ya vivían su madre y sus dos hermanas, que también estudian FP y tampoco pueden hacer prácticas.

La problemática se extiende por toda España: aunque la Ley de Extranjería permite a los migrantes irregulares formarse en la educación postobligatoria, ahora tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social para el periodo obligatorio de prácticas, por lo que su derecho a la educación queda condicionado. En teoría, este conflicto debería haber surgido el curso pasado, cuando entró en vigor el cambio de legislación, pero no sucedió.

“La Seguridad Social no se dio cuenta el curso pasado, no aplicó el cambio”, dice una fuente docente que conoce de cerca el conflicto. “La Seguridad Social se dio cuenta en el curso 2025, por ser un procedimiento nuevo, lo revisaron, subsanaron los errores y entonces empezaron a llegar sanciones, pero la ley de FP dice que hay que dar de alta en la Seguridad Social, pero no dice quién: si empresa o Consejería”, añade una persona conocedora del procedimiento.

Como cada curso, el instituto público en el que estudia Camila en Santander recibió las instrucciones para Formación Profesional. Mientras en 2024 no había ni una sola mención al NUSS, en las instrucciones de 2025 aparecía hasta en 22 ocasiones y la indicación era clara: “El alumno sin NUSS tiene derecho a estar matriculado en los módulos profesionales en el centro educativo, pero no tendrá opción a realizar la Formación en Empresa”.

Por Ley, las prácticas o FEM se pueden hacer durante el año siguiente desde que termina la formación educativa. Camila confía en poder hacerlas el próximo curso, pero lo dice sin certezas.

En Cantabria, en octubre, Movimiento por la Paz (MPD), Cruz Roja, Cocina Económica y 14 kilómetros elaboraron un texto, que cada organización presentó al Defensor del Pueblo de forma individual. También llevan meses reuniéndose con profesores para buscar soluciones. Por su lado, recientemente, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) alertó del conflicto para los 111 estudiantes al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), en una reunión celebrada hace unos días.

Tres hermanas bloqueadas sin prácticas

El caso de Camila es particular porque, en su familia, las tres hermanas están bloqueadas para hacer prácticas. Una de sus hermanas no puede hacerlas porque está en proceso de arraigo socioformativo y a su otra hermana, que tenía asilo en España y pudo hacer su grado medio en FP, le denegaron la renovación de asilo, por lo que ya no podría hacer prácticas en el FP que está cursando de grado superior.

Sobre esto, advierten dos docentes de FP consultadas por elDiario.es, cada alumno tiene una situación diferente. Lo que les une es la imposibilidad de hacer este curso prácticas en Cantabria, mientras en otras comunidades como Euskadi han optado por ofrecer prácticas en los centros académicos o en Navarra ofrecen un seguro privado. “No es una solución, no es equiparable a estar dado de alta”, advierte la fuente docente conocedora del proceso.

“Tengo que esperar a la regularización, porque aún no hay requisitos, no hay reglamento, la gente está desesperada, pero yo creo que no va a ser atraso, habrá que ver cómo seguir estudiando, que es lo que quiero”, dice esperanzada sobre un proceso en el que sobrevuelan las incógnitas: “Con el trámite iniciado, dicen que ya podría darme de alta y, luego, dicen que (una vez regularizada) en dos meses me darían el NIE”.

A Camila le gustaría ser azafata o trabajar en cruceros, para viajar; porque ha vivido en varias ciudades de Perú e incluso en Chile y eso le ha marcado: “No me gusta quedarme quieta”. De momento, sobre sus prácticas, sonríe con cierto estoicismo: “Yo ya estoy aquí, no tengo opción de retroceder, sea lo que sea que venga, es un reto que asumiré”.