Un alto cargo reconoce ante la jueza de la dana que la Generalitat retuvo seis meses la prueba clave de los vídeos del Cecopi

¿Por qué la Generalitat no entregó desde el principio los vídeos de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024 que custodiaba una productora contratada por la Generalitat? Raúl Quílez, exgerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), la empresa pública que tenía subcontratada a la productora Envidea, se escudó ante la jueza de la dana en que los vídeos los “custodia” la empresa externa. “No sabíamos que existían”, afirmó este viernes el alto cargo durante su declaración como testigo, según varias fuentes conocedoras de su testifical consultadas por elDiario.es. También alegó que “no son grabaciones oficiales”.

De la cronología expuesta por el testigo, se deduce que la Generalitat retuvo seis meses los vídeos, erigidos en una de las pruebas clave de la causa que investiga 230 presuntos homicidios imprudentes. Raúl Quílez, actual director general de Innovación en Emergencias del Ejecutivo autonómico de Juan Francisco Pérez Llorca, dijo que se enteró de la existencia de los vídeos tras una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Alicia Andújar del 26 de febrero de 2025. “Envidea me los manda después de la pregunta parlamentaria (...). Luego los requiere la jueza y entiendo que los envían”, afirmó Quílez. Sin embargo, la cronología fue bastante más larga y compleja.

En contestación a un oficio de la jueza instructora, la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, afirmó en un escrito del 4 de marzo (publicado por este diario) que “no consta soporte documental alguno” de la reunión del Cecopi.

La firmante del documento, con el logotipo oficial de la Generalitat Valenciana, es la esposa de Raúl Quílez, según confirmó el testigo a preguntas de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Es decir, la secretaria autonómica casada con el gerente de la empresa pública que contrataba a la productora obvió las imágenes en su escrito al juzgado a pesar de que Quílez las había pedido a Envidea tras la pregunta parlamentaria. En aquel momento, “ella no lo sabía”, aseguró el testigo en referencia Irene Rodríguez.

“A finales de marzo”, según recordaba el testigo, la productora Envidea le remitió las imágenes. Quílez reconoció que comentó el asunto con el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. ¿Presidencia pidió el vídeo? “No lo sé”, contestó el testigo.

Pese a poseer su departamento los vídeos, el conseller Valderrama se los denegó a la diputada Alicia Andújar, que representa al PSPV-PSOE en la comisión de investigación sobre la dana de las Corts Valencianes, tal como indicó en una respuesta parlamentaria del 15 de mayo.

Los recelos de la jueza ante la versión del testigo

A la magistrada no parecieron convencerle demasiado las explicaciones del testigo: “Si se hace un oficio del juzgado, igual que la pregunta parlamentaria, ¿no se consultó a Envidea?”, le preguntó a Quílez. “Se consultó luego de esa fecha”, contestó el alto cargo. “No hubo interés en ocultar nada”, adujo el actual director general.

El testigo abundó en que, cuando fue “consciente” de la existencia de los vídeos, se los pidió a la productora. “Y se los trasladé al conseller”, apostilló. “Pero al juzgado no llegaron”, le recordó la jueza titular de Instrucción 3 de Catarroja. “Yo no lo sé”, se limitó a responder Raúl Quílez.

Además, el testigo reconoció que sabía que un cámara de la productora acompañó a una visita a Carlet, pocas horas antes del Cecopi de la dana, a la entonces consellera Salomé Pradas y al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (ambos imputados en la causa). Sin embargo, dijo que la salida del cámara la coordinó la responsable de prensa de Emergencias, Aurora Roca. “Yo sabía de esas grabaciones, no las del Cecopi”, manifestó Quílez.

De guardar los vídeos en un cajón a la “máxima colaboración”

Una vez obtenidas las imágenes, la Generalitat aún guardó en un cajón seis meses más los vídeos. La secretaria autonómica, esposa de Quílez, nunca remitió un escrito ampliando la respuesta al oficio del juzgado. Las grabaciones de la productora afloraron prácticamente de casualidad y no precisamente por el afán de transparencia del Consell de Carlos Mazón.

Además del operador de la productora externa, un cámara de À Punt grabó planos de recurso del Cecopi que la cadena pública (a pesar de su evidente interés informativo) nunca emitió con sonido al habérselo solicitado así aquella tarde del 29 de octubre de 2024 la responsable de prensa del departamento de Emergencias.

La televisión autonómica (a pesar del obvio interés para la causa de cara al esclarecimiento de los hechos) tampoco envió esas imágenes del Cecopi al juzgado de Catarroja cuando la magistrada instructora solicitó las grabaciones de aquella jornada.

Solo cuando “afortunadamente” —en palabras de la jueza— Televisión Española obtuvo las imágenes enterradas por À Punt y las emitió, se vio que otro cámara distinto al operador de la televisión autonómica grababa también un fragmento del Cecopi y este diario reveló que la Generalitat no había entregado la prueba a pesar del requerimiento del juzgado.

Tras la publicación de la información, el conseller Juan Carlos Valderrama ofreció a la jueza instructora la “máxima colaboración” de su departamento y acabó remitiendo las imágenes después de seis meses ocultándolas.