De pacientes a clientes: cómo Madrid y València han llevado al límite la privatización sanitaria

“Que los equilibrios internos sanitarios crujan, pero que no se rompan, ya que son difíciles de rehacer”. La frase es de Ernest Lluch, padre de la sanidad pública española tal y como la conocemos. La pronunció en 1985, cuando se estaba construyendo una cobertura universal que permitiría que cualquier persona fuera atendida y curada de manera gratuita en España, cotizara o no. En ese momento, 3,5 millones de españoles estaban fuera del sistema. Además, iba a haber otro cambio radical: las competencias sanitarias se iban a transferir a las comunidades autónomas. Fue un momento de tensiones entre el Estado y los territorios y también hubo fricciones con el sistema privado sanitario, que vislumbraba que su negocio durante el franquismo se iba a ver reducido. “El sector sanitario público va a ser el mayoritario”, vislumbró en ese mismo acto el ministro de Sanidad de Felipe González, un defensor del estado del bienestar que fue asesinado por ETA en el año 2000. Pese al voto en contra de Alianza Popular (la semilla del actual PP), la Ley General de Sanidad salió adelante en 1986.

Cuarenta años después, el sistema que crujió no se rompió, las autonomías han recorrido su camino y han desarrollado su modelo sanitario propio, que ya no es pura y necesariamente público, a cuenta de una ley de José María Aznar que amparó la externalización de algunos servicios (una subcontratación que ya existía de facto). Esa ley, que votó en contra solo BNG e IU, es la que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que va a acotar ante la creciente privatización, en algunos casos total, del sistema.

Todas las comunidades autónomas que recogieron e implementaron el sistema de Lluch han echado mano a lo largo de décadas de empresas privadas para poder tener un desahogo en ciertas especialidades o en operaciones quirúrgicas, se han hecho conciertos en salud bucodental, ginecología, pruebas radiológicas... Esto significa que la sanidad pública ha mandado a sus pacientes a la privada para pruebas o alguna especialidad de manera específica. Especialmente lo ha hecho Catalunya que, aunque está rebajando el dinero que dedica a sus conciertos, es la comunidad autónoma que más dinero total dedica a la subcontratación.

El modelo sanitario catalán cuenta históricamente con un notable peso de los hospitales y centros de salud concertados. Del Instituto Catalán de la Salud (ICS), el principal organismo público de gestión, dependen ocho de los hospitales más grandes de la comunidad, además del 80% de los Centros de Atención Primaria (CAP), mientras que el resto son gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, ya sean fundaciones, órdenes religiosas o consorcios. 

Desde el Departamento de Salud de la Generalitat siempre han defendido que estos centros responden a las políticas sanitarias el Govern, puesto que forman parte del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya (SISCAT), y su financiación, que es prácticamente toda pública, se cierra mediante contratos-programa en función de su actividad.

Catalunya y Madrid son las dos comunidades autónomas que más dinero del presupuesto sanitario destinan a conciertos con la privada. Sin embargo es Madrid, de lejos, la que más ha crecido en gasto en la privada por habitante, en una apuesta con la subcontratación de servicios. Lidera la tabla, junto a Extremadura, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

Pero, al margen del dinero destino a subcontratar, en España hay dos comunidades autónomas únicas y que han optado por un modelo de privatización extremo: Comunitat Valenciana y Madrid. No pagan solo a proveedores por servicios puntuales, pagan un canon a empresas sanitarias privadas para que se encarguen de la cobertura sanitaria al completo de sus ciudadanos. “El pecado mortal es privatizar el aseguramiento. El gobierno le da dinero a una empresa como si fuera una prima de seguro”, explica José Manuel Freire, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, exconsejero de Sanidad del País Vasco y exdiputado del PSOE en la Comunidad de Madrid. Es decir, la comunidad autónoma paga un canon por habitante a una multinacional y es ella la responsable del paciente. “En esta lógica, una enfermedad es un siniestro. Y la empresa gana más cuanto menos siniestros tiene o más barato sea repararlo”, señala Freire.

El laboratorio de pruebas de este modelo fue la Comunitat Valenciana. El conocido como modelo Alzira —denominado así por ser esta área sanitaria la primera en privatizarse— arrancó en 1999 con la bendición de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat y fue impulsado por la compañía Ribera Salud, creada por la aseguradora Adeslas y las constructoras Dragados y Lubasa —cuyo presidente fue condenado por financiar al PP valenciano en el caso Gürtel—. El dinero lo pusieron las quebradas y desaparecidas cajas de ahorros Bancaja y la CAM.

El modelo resultó deficitario en sus inicios y ya en 2003 la entidad tuvo que ser rescatada por la Generalitat, que amplió el canon anual de 41 a 72 millones de euros, alargó la concesión a quince años y compró el edificio del centro hospitalario por 43,2 millones. Al frente del proyecto se situó Alberto de Rosa, hasta que fue destituido en 2025 por el actual propietario de Ribera Salud, el fondo francés Vivalto Santé. A De Rosa le sustituyó como CEO Pablo Gallart, el directivo que fue grabado en unos audios que revelaron que pedía anteponer el beneficio económico del grupo a la atención sanitaria.

En la primera década de los 2000, y bajo los gobiernos del PP de Francisco Camps, se abrieron otras cuatro áreas de salud privatizadas: Manises, Dénia, Elche y Torrevieja. Los habitantes de estas zonas tenían una cobertura prestada por la empresa Ribera Salud, que se hacía cargo del aseguramiento público a cambio de un canon abonado por la Generalitat Valenciana.

Paralelamente, en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre empezaba a desplegar al mismo tiempo que Camps su plan privatizador de la sanidad madrileña, hasta entonces 100% pública.

Cuando ganó las elecciones en 2003, Aguirre ideó un sistema por el que empresas constructoras levantaban hospitales a cambio de un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Acudieron a los concursos grandes compañías, algunas de ellas salpicadas más tarde por casos como Gürtel o Púnica, que se quedaron con los servicios no sanitarios: gestionaban la limpieza, cocinas o el mantenimiento del edificio que podían a su vez subcontratar.

Así se construyó el hospital del Tajo en Aranjuez, el Infanta Leonor en el barrio de Vallecas (Madrid), el hospital del Sureste en Arganda, el Infanta Cristina en Parla o el del Henares en Coslada. Pero pronto iría más allá. Cuando anunció el hospital de Valdemoro avanzó que lo gestionaría enteramente una empresa privada, Capio Sanidad (que después se integraría en el actual grupo Quirón), incluyendo médicos, por lo que la Sanidad madrileña pagaría una cantidad fija, 330 euros por cada paciente que habitaba esa zona sanitaria.

Esto era un salto cualitativo. Ya no se trataba de lavandería, era el personal médico y de enfermería contratado por una empresa privada el que atendería la salud de los madrileños de esa área con el traspaso de la responsabilidad total de la cobertura. Madrid se sumaba así al modelo Alzira.

Hoy, Madrid tiene cinco hospitales privatizados con este sistema. Quirón gestiona el Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Villalba, la Fundación Jiménez Díaz y el Infanta Elena de Valdemoro. Ribera Salud gestiona el hospital de Torrejón.

Pero, además, Aguirre instauró en 2009 la libre elección, algo que no existe en la Comunitat Valenciana. Esto suponía, y supone, que los hospitales se ponen a captar pacientes como si fueran clientes y a competir con marketing o apretando costes, fomentando unos servicios frente a otros (por ejemplo, partos, que son muy rentables). Incluso en Torrejón se instalaron dos tipos de lista de espera, siendo la de pacientes rentables más cortas, como desveló elDiario.es.

La Comunidad de Madrid ha pagado 1.200 millones extra a estas dos empresas sanitarias en los últimos años–al margen de los cánones que paga anuales– por pacientes que se cambiaron a estos hospitales concertados, que lograron captar 250.000 personas, casi todos de la pública, en 2024.

En Madrid, el peso del dinero público destinado a Sanidad que acaba en las empresas privadas no ha parado de crecer, especialmente desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Además del canon anual y el dinero extra por tratar pacientes de libre elección, el Gobierno autoriza cada año millones de euros por pagos atrasados, deudas con Quirón o indemnizaciones decididas en los tribunales por discrepancias con los grupos sanitarios que acabaron judicializadas.

Mientras en Madrid se avanzaba en la privatización –incluso el sucesor de Aguirre intentó convertir hospitales públicos en privados–, en València se frenó en seco. En 2015 la izquierda ganó las elecciones y el Gobierno formado por PSPV-PSOE y Compromís cumplió su programa electoral e inició la reversión de las concesiones, aprovechando que los contratos vencían –la concesión en la Comunitat era de 15 años, mientras que en Madrid se firmaron por 30 años y no ha vencido ninguna de las privatizaciones hechas por Esperanza Aguirre, algo que podría suceder si hubiera un cambio de gobierno en los próximos ciclos electorales–.

Ribera Salud emprendió entonces una campaña para intentar frenar la reversión, pero sin éxito. En 2018 finalizó la concesión del hospital de Alzira y posteriormente le siguieron Manises, Dénia y Torrevieja. La llegada de Carlos Mazón al Gobierno en 2023 frenó la política de la reversión. A finales de ese año, el Ejecutivo del PP y Vox mejoró la financiación per cápita en favor de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó (Elche-Crevillente) y, en 2024, prorrogó la concesión por cinco años, cuya firma se formalizó en 2025. Es el único centro hospitalario privatizado que queda de la época de Camps.

Aunque desde los Gobiernos del PP de Madrid y la Comunitat Valenciana siempre se ha defendido el modelo por su “eficiencia”, un extenso informe publicado en la prestigiosa revista The Lancet en ocho países desarrollados concluyó que no hay evidencia sólida de que la privatización mejore la calidad de la prestación. De hecho, en la mayoría de los casos observados, el efecto fue negativo o, en el mejor de los casos, inexistente.

“Los estudios de que disponemos no avalan modelos, sino que señalan centros que lo hacen bien y centros que lo hacen mal: algunos son públicos y otros privados. Y dependiendo de en qué resultado nos fijemos, la lista de los que mejor y peor lo hacen, varía”, explica Rosa María Urbanos, catedrática y la primera directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud.

Lucro y mercantilización

Yendo a lo concreto, los audios de Torrejón sí han evidenciado fallos de este modelo de negocio que repercuten en la atención sanitaria por la introducción del lucro del sistema empresarial. Por ejemplo, Ribera Salud ha estado reutilizando hasta 10 veces catéteres cardíacos de un solo uso en su hospital de Elche, como desveló elDiario.es, una práctica ilegal y peligrosa por riesgo de infección de pacientes.

En Quirón, la Cámara de Cuentas detectó precios inflados y sobrecostes por tratamientos sanitarios, lo que supone desperdiciar dinero público. También este medio ha mostrado con mails y datos que hay una lista de espera más corta para los pacientes rentables en Torrejón, que también ha dado orden de no tener más de dos días ingresados a ciertos pacientes para cobrar el tratamiento de las arcas públicas, pero ahorrar en hospitalización.

Al saltar estos escándalos, tanto la Comunidad de Madrid como la Valenciana han hecho inspecciones y auditorías que no han hallado malas prácticas.

“La administración tiene que tener mecanismos de control claros, y en mi opinión, no los hay. En Madrid la administración metió a una persona en el consejo de administración de una empresa de las concertadas, pero no iba nunca a las reuniones”, explica una persona que ha participado en la implantación del modelo privatizador y prefiere preservar su identidad. Aunque defiende que el sistema privado puede ser tan excelente como el público en la atención sanitaria, sí que critica que “las reglas del juego no siempre están claras, y por eso hay problemas en las liquidaciones. Los contratos tienen que estar claros. Si no, hay abusos y se pierde legitimidad”. Según su amplia experiencia en el sector, “a mayor concertación con la privada, mayor control público. Si no, no sirve, porque la privada tiende a apoderarse de lo público”.

Rosa María Urbanos coincide en la necesidad de controles y advierte de que subcontratar también aumenta el trabajo y el gasto en la pública, no es externalizar y olvidarse: “La subcontratación puede referirse a una gama de servicios amplísima: desde la lavandería a la prestación integral de la asistencia, como en el caso de Alzira. Pero cuanto más complejos sean los servicios que se subcontratan, más difícil es diseñar bien los contratos y supervisarlos”, avisa.

Todo ese control público se materializa en la necesidad de inspectores, servicios jurídicos para los contratos, servicios económicos para revisar la facturación, interventores, auditorías o técnicos.

Tal es la complejidad de los contratos, la facturación y el volumen de trabajo, que la Comunidad de Madrid decidió revisar las facturas sanitarias que presentan las empresas sanitarias por muestreo, no hace una revisión de todos los pacientes y tratamientos que las empresas concesionarias dicen haber hecho.

Además, la privatización total es un coloso de gestión que no siempre sale bien a los ciudadanos: como publicó este medio, la Comunidad de Madrid ha perdonado a Quirón y Ribera Salud 71 millones de euros en facturas no cobradas al no reportar todos los datos necesarios para poder facturar por no tener un sistema informático bien engrasado.

“Subcontratar es bueno porque te da buffer [un colchón o respiro] cuando lo necesitas, por ejemplo en la listas de espera, pero debe ser la excepción, no la regla. Entregar la gestión de un centro público a una empresa privada es un error estratégico”, opina Rafel Bengoa, asesor internacional en políticas de salud y exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco. Este experto, que ha sido también directivo en la OMS, cree que la nueva ley que ha anunciado el Ministerio no debe ceñirse a limitar la privatización, sino que debe aprovechar la oportunidad de mejorar la gestión de la sanidad pública.

Soluciones para el sistema público

¿Cómo? Por ejemplo, dotar a la gestión sanitaria de agilidad. “Ernest Lluch no se imaginaba un sistema tan rígido. Un hospital no es un ministerio. Un jefe de servicio en España tiene que poder controlar su micromundo. Si quiere retener talento, quedarse un MIR que ha encajado en el equipo o pasar una persona de un sitio a otro suele encontrar barreras legales, sindicales y de politización. A veces son psicológicas. Muchos gerentes suelen mirar hacia arriba, hacia el político, y a veces no son del sector. De alguna manera les estamos diciendo a los sanitarios que solo se les necesita para ejercer bien la medicina, pero no como organizadores de su día a día, y eso es un error”. 

Para Urbanos, “el principal reto hoy es la creciente desafección de la población, que se manifiesta en que somos más críticos con el sistema público, y contratamos más seguros privados. Hay dos razones principales para contratar un seguro privado: reducir las esperas, y poder saltarse al profesional de primaria acudiendo a las consultas de especializada directamente. Así que hay que abordar las listas de espera para controlarlas, y hay que volver a prestigiar la atención primaria”. El último barómetro del CIS que ha preguntado por la sanidad revela que la satisfacción ciudadana ha caído, aunque ante un problema grave, la mayoría la elegiría.

Bengoa coincide en la necesidad de reforzar la atención primaria, “que es el hermano pobre”. También propone dejar de ser pasivos. “Es un sistema que espera a que te pongas enfermo y vayas a que te traten. Hay que ir a un sistema preventivo”. Además señala la necesidad de “transformarse en un sector más tecnológico” y una sanidad “mucho más comunitaria, implicada en los colegios y con la sociedad civil”.

En España y Europa se contrata con el sector privado, “pero nadie quiere pasar más del 15 o 20% del presupuesto. Si se hace una ley, que no se limite solo a controlar el lucro, que intente eliminar las barreras de gestión existentes en lo público”, concluye el experto.

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