Continuos retrasos judiciales benefician a los números dos y tres de Ayuso en el PP de Madrid y a su pareja
El círculo político y personal más cercano a Isabel Díaz Ayuso tiene problemas con la Justicia sin que las causas que afectan a sus miembros tengan continuo reflejo en las informaciones periodísticas. Desinterés aparte de la mayoría de los medios de comunicación radicados en la capital por informar de esos casos, la líder política de la derecha se beneficia del colapso de los tribunales en la Comunidad de Madrid y de las maniobras de los abogados de la defensa, que dilatan los procedimientos en el año que precede al de los próximos comicios en la región.
La pareja de la presidenta, el empresario y comisionista Alberto González Amador, va a cumplir próximamente dos años imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos y el juicio apunta a 2027, mientras, de forma paralela, avanza lentamente otra investigación contra él por corrupción en los negocios y administración desleal.
En el plano político, la número tres en el PP de Madrid, Ana Millán, lleva acusada de cuatro delitos de corrupción desde 2022 y el próximo hito de la causa está fijado para dentro de cinco meses. La mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, figura de momento como testigo en una causa donde los indicios se acumulan contra él desde hace 17 meses y cuya declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones.
La pareja de la presidenta: una agenda copada por Quirón, un cambio en el juzgado y una UCO saturada
El horizonte judicial de Alberto González Amador es sombrío. Contra él pesan las evidencias de un extenso informe de la Agencia Tributaria: 19 meses de inspección que ponen negro sobre blanco dos fraudes a Hacienda en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo. La Audiencia Provincial ha avalado la decisión del juzgado de enviarlo al banquillo y solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel.
González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial, por lo que es posible que el juicio se celebre en 2027 y que sea, incluso, después de los comicios autonómicos previstos para ese año.
La defensa de Alberto González Amador no tiene prisa. Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. El actual juez del caso impuso el 26 de enero a la defensa de González Amador, y del resto de acusados, que remitieran su escrito de defensa en el plazo de diez días. González Amador tardó un año en declarar como investigado y en varias ocasiones recurrió a compromisos laborales con Quirón como argumento para retrasar su comparecencia.
En cuanto a la investigación por el presunto “soborno” a un directivo de Quirón, una pieza separada del fraude fiscal, la causa avanza con lentitud. La jueza que ha impulsado todo, Inmaculada Iglesias, se jubiló el pasado verano y el veterano Antonio Viejo se ha hecho cargo del Juzgado de Instrucción número 19, cargado de causas complejas en estos momentos.
Antes de marcharse, la jueza Iglesias encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) que entrara en el asunto del reparto de la comisión de las mascarillas entre la pareja de Ayuso y el presidente de Quirón Prevención por la complejidad del caso. Sin embargo, como informó elDiario.es, los agentes especializados no pudieron ponerse a trabajar hasta el pasado noviembre, cuando recibieron la documentación del juzgado, en un retraso motivado por el cambio de titular.
La número tres de Ayuso: un marido en paradero desconocido, un aforamiento y la tercera jueza en cuatro años
Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. La investigación es tan antigua que procede del caso Púnica y los primeros indicios contra ella se remontan a 2016.
En 2020, la Audiencia Nacional derivó a un juzgado local los indicios que habían aparecido en la macrocausa de corrupción del PP y dos años más tarde pasó a tener la condición de investigada. Ella, su hermana y su marido se habrían beneficiado con más de 200.000 euros de un empresario que había sido adjudicatario de contratos públicos correspondientes a la Concejalía de Juventud, que dirigió Millán antes de ser alcaldesa de Arroyomolinos. Durante la instrucción la jueza intentó tomar declaración como testigo al marido de Millán, pero fue imposible localizarle tras varios requerimientos.
Pese a la imputación de Millán, su amiga Isabel Díaz Ayuso la ascendió en el partido y la situó en un puesto de la lista del PP en las elecciones de 2023 que la asegurase resultar elegida diputada autonómica y, en consecuencia, aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La decisión resultó vital para ralentizar la causa hasta casi detenerla por completo.
La segunda jueza tuvo que desprenderse del caso en favor de un instructor del TSJ que ya ha advertido que no comparte el criterio de la jueza de Navalcarnero, de la Fiscalía ni de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que, por tanto, no ve indicios de ninguno de los cuatro delitos.
Ese juez es Juan José Goyena, el mismo que envió al Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por una nota de prensa sobre el novio de Ayuso que luego el Alto Tribunal consideró que no revestía delito. La decisión de Goyena de elevar exposición razonada fue aprovechada por Manuel Marchena y sus compañeros para imputar por la filtración de un correo a Álvaro García Ortiz, pese a que el caso había llegado hasta a ellos por la nota de prensa de la Fiscalía General. Al final sí se consideró que ese comunicado también fue una revelación indebida de datos.
Goyena devolvió la causa a Navalcarnero, tal y como le pedía la Fiscalía, porque la jueza local se había inhibido simplemente sin dictar una exposición razonada solicitando la imputación de la aforada Ana Millán. El Ministerio Público también consideraba que había que tomar declaración al marido desaparecido antes de dar por concluida la instrucción.
La actual jueza, tercera del caso, ha advertido que su juzgado es de instrucción y primera instancia y que eso le provoca una cargo de trabajo que aboca a un caso así a una dilación incalculable, antes de que pueda dictar un escrito tan exigente como es la exposición razonada contra un aforado. La pasada semana citó al marido de Millán y a otra testigo que también estaba pendiente. Fijó la fecha de su declaración lo antes posible, en junio de 2026.
Alfonso Serrano: el abogado de la alcaldesa imputada no puede acudir al juzgado ni por las tardes
El PP de Madrid suma una nueva imputación con la acusación contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de una nota interna de la Policía Municipal con la que intentar sostener la afirmación sin pruebas que hizo la presidenta madrileña, en enero de 2024, acerca de que los migrantes internos en un centro de la localidad estaban cometiendo “agresiones sexuales”.
La Fiscalía ha reconstruido la revelación de secretos y la Audiencia Provincial de Madrid ya ha dado por acreditada la participación de Piquet. En este contexto debe producirse la declaración como testigo del número dos del partido, Alfonso Serrano, quien publicó en X el pantallazo de la minuta policial.
El abogado de la alcaldesa ha logrado ya aplazar la declaración en tres ocasiones por citaciones que tienen fijadas otros de sus clientes. La magistrada de Alcalá puso la declaración de Piquet y Serrano el 9 de marzo a las 17:00 horas. Las tomas de declaración fuera del horario de mañana son algo inusual en los juzgados. El letrado tampoco podía porque tenía una cita en Pontevedra. Esta semana, la jueza volvió a establecer otra fecha para la declaración de Serrano, el 15 de abril por la tarde. De terminar celebrándose habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración.
Tampoco se ha celebrado un cotejo de las pruebas de la revelación de secretos que resulta meridiana en los wasaps aportados por el jefe de la Policía Municipal. Las diligencias pendientes podrían conllevar la imputación de Alfonso Serrano, foco de los medios de comunicación estos días por su actuación, junto a Ana Millán, en la denuncia interna por acoso sexual y laboral de una concejala del partido en Móstoles contra el alcalde de la localidad. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Serrano habría cometido también el delito de revelación de secretos.
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