La UCO indaga en el reparto de una comisión por mascarillas entre la pareja de Ayuso y un directivo de Quirón

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja desde el pasado noviembre en la elaboración de un informe sobre el presunto encubrimiento del reparto ilícito de una comisión entre Alberto González Amador y Fernando Camino, presidente este último de Quirón Prevención y quien habría favorecido desde otra empresa el pelotazo de casi 2 millones de euros que disparó la carrera empresarial de la pareja de Ayuso en los inicios de la pandemia.

Estos hechos centran la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal a la que se enfrenta Alberto González Amador en el mismo juzgado que ya le ha enviado al banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. El informe de la UCO resultará clave para la acusación que pesa sobre la pareja de Ayuso, que puede desembocar en un segundo procesamiento y juicio por los delitos mencionados. En la orden cursada por la anterior jueza del caso a la UCO para que investigue ya se deslizaba la posibilidad de que afloraran otros nuevos delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a grupo criminal.  

La anterior jueza del caso y el actual instructor, la Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que Alberto González Amador pagó medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Fernando Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que ese desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

Además del cargo en Quirón, Camino ocupaba un sillón en el consejo de administración de una empresa gallega llamada Mape, que compró material sanitario por valor de 42 millones de euros a otra sociedad catalana, de nombre FCS, en mayo de 2020. González Amador había acordado con FCS que obtendría el 4,5% de las ventas que consiguiera. Así, Fernando Camino habría influido en la compra del material por parte de la empresa gallega para llevarse una parte de la comisión pactada en secreto y previamente con González Amador.

La pareja de Ayuso lleva trabajando desde 2017 para Quirón Prevención, presidida por Camino. El año que trascendió su relación con la presidenta madrileña, 2021, la sociedad principal de Alberto González Amador multiplicó por cuatro la facturación al Grupo Quirón, que a su vez obtiene cerca de 1.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid cada ejercicio gracias a la política de privatización de los servicios médicos que lleva a cabo el Gobierno de Ayuso. 

En junio de 2024, la Fiscalía y la defensa de González Amador ultimaban un pacto para que el empresario y comisionista se declarara culpable de dos fraudes fiscales y la petición de condena se rebajara a ocho meses, lo que evitaría entrar en prisión, además del pago de una multa. Justo a tiempo, la acusación popular presentó en el juzgado un informe en el que solicitaba que se ampliaran los delitos atribuidos indiciariamente a la pareja de Ayuso. Los abogados habían descubierto en las entrañas de la inspección fiscal una extraña operación de compra de una sociedad por González Amador y comenzaron a tirar del hilo. La posibilidad de pacto quedó frustrada.

La jueza Inmaculada Iglesias rechazó al principio ampliar la acusación, pero ante el recurso de los partidos reculó y decidió investigar a Alberto González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. A petición del Ministerio Público, la jueza Iglesias solicitó el pasado junio la implicación de la UCO en el caso. “Atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva” la jueza Iglesias recurría a la unidad especializada de la Guardia Civil.

Inmaculada Iglesias se jubiló poco después y el veterano magistrado Antonio Viejo se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 19. El retraso en la incorporación de Viejo a su nuevo desempeño provocó que la documentación de la causa, necesaria para que la UCO comenzara a investigar, no llegara a la sede de la unidad especializada hasta el pasado mes de noviembre. 

La UCO tiene en su poder la inspección fiscal realizada por la Agencia Tributaria a González Amador durante 19 meses y el resto de documentación incorporada a la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. En el marco de esa pieza declararon como investigados en abril del pasado año Alberto González Amador y Gloria Carrasco, la farmacéutica de León que vendió a la pareja de Ayuso su sociedad Círculo de Belleza S.L por 499.836 euros. 

Círculo de Belleza no tenía empleados y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. Ante la jueza, la pareja de Ayuso justificó el medio millón desembolsado en que la adquisición le iba a “permitir desarrollar un proyecto de consultoría por numerosas farmacias y expandirse por Latinoamérica”. Lo que realmente hizo fue cambiar de nombre a Círculo de Belleza, que se transformó en Masterman & Whitaker, y adjudicarle trabajos que en realidad hacía Maxwell Cremona, la sociedad cabecera de González Amador. El objetivo era, según la investigación, obtener beneficios fiscales de forma fraudulenta.

El fiscal Diego Lucas habla de “soborno” de González Amador a Fernando Camino para que Mape comprara las mascarillas y él se embolsase en una sola operación 1.973.000 euros. Después, González Amador no quiso tributar lo que debía por este ingreso y organizó una trama de facturas falsas para engañar a Hacienda.  

Una operación en familia

La información obtenida por la Agencia Tributaria permitirá a la UCO unir la línea de puntos del encubrimiento de la comisión. Círculo de Belleza solo fue propiedad de Gloria Carrasco al 100% poco antes de vendérsela a González Amador. Apenas un mes después de que la pareja de Ayuso cobrase el segundo plazo de la comisión de 2 millones, el directivo de Quirón Prevención le vendió a su mujer el 20% de la sociedad. Lo mismo hizo el hermano de Carrasco, quien también vendió a Gloria su 20%.

Según declaró la farmacéutica de León a la jueza del caso, ella compró ese 40% a su marido y a su hermano por 8.000 euros (4.000 cada uno). La operación entre familiares se realiza en septiembre de 2020. Sólo tres meses después, la mujer le vende a Alberto González Amador la empresa por 500.000 euros. De acuerdo al precio de la venta, el 20% que Camino habría vendido a su mujer por 4.000 euros se habría convertido en 100.000 euros gracias a la generosidad de González Amador. 

Las declaraciones entre González Amador y Gloria Carrasco en sede judicial presentaron contradicciones, según apreció el fiscal en un escrito. La supuesta consultoría en Latinoamérica que justificaba el precio de Círculo de Belleza “no se llegó a hacer”. Carrasco, por su parte, defendía que el valor de su empresa residía “en el conocimiento sobre la forma de expandir el negocio de los propietarios de farmacias mediante el procedimiento de remitir a sus clientes a locales en los que podían disfrutar de tratamientos depilatorios y de remodelación corporal, consultoría que ya no se desarrollaba desde hacía años”, escribió el fiscal Diego Lucas. 

El punto de encuentro entre las declaraciones de ambos es Wilson Rodríguez, un empresario de Florida que se erige como cuarto protagonista de la trama de la comisión. González Amador asegura que para poner en contacto a las dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas tuvo que recurrir a Inteccon, la sociedad de Wilson Rodríguez en Florida y que ese trabajo era parte de lo que justificaba su abultada comisión. 

Wilson Rodríguez, según reconoció Gloria Carrasco en el juzgado, es amigo suyo y de su marido. Así que González Amador recurrió a un amigo de la pareja para que la empresa en la que participaba uno de ellos, Fernando Camino, comprara a FCS el material por el que la pareja de Ayuso se embolsaría los 2 millones de euros. 

Antes de abandonar el juzgado, la jueza Iglesias presentó una segunda tesis sobre la operación de compraventa de Círculo de Belleza. La magistrada planteó la posibilidad de que el medio millón de euros desembolsado por González Amador encubriera la compensación a Camino por haber aumentado la facturación a Quirón Prevención. La acusación popular pidió la declaración como imputado de Fernando Camino, pero el juez Viejo está a la espera del informe de la UCO para acordar nuevas diligencias.