Madrid ha acelerado el desembolso para conciertos sanitarios privados desde que gobierna Ayuso

La introducción de operadores privados en la atención a la salud de los españoles vino de la mano del Partido Popular. Concretamente, de Jose María Aznar que, en su primer mandato y con mayoría absoluta, aprobó la ley 15/97 que permitía la entrada de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios públicos, hasta entonces la joya de la corona de un estado del bienestar que llegó con la democracia.

Seis años después, y de la mano de una 'neocon' y exministra con Aznar, Esperanza Aguirre, se abría en Madrid la puerta a los primeros hospitales construidos por empresas privadas a inspiración del modelo Zaplana en Alzira. En los primeros años del mandato de Aguirre se privatizaron la construcción de hospitales y los servicios no médicos, como lavanderías, cafeterías, limpieza o seguridad. En la segunda legislatura se construyeron hospitales de capital totalmente privado que daban servicio a la sanidad pública madrileña (como el polémico hospital de Torrejón) y que, desde los administrativos hasta los intensivistas eran contratados por el sector privado para prestar servicio público, sustituyendo a la administración a cambio de pagos y facturación. A partir de ahí, y a través de los sucesivos gobiernos del PP en la región, el proceso privatizador y el dinero público invertido en empresas privadas que prestan servicio no ha parado de crecer.

Tampoco Isabel Díaz Ayuso ha variado ese modus operandi desde que llegó a la Puerta del Sol en 2019. Gran defensora de la “eficacia” de la empresa privada en la gestión sanitaria, a quien ha dado las gracias en numerosas ocasiones por prestar un servicio remunerado y sin la que, entiende, “no se llegaría” a prestar servicio sanitario a todo el mundo, durante sus gobiernos se ha cerrado también el grifo a los datos públicos que pudieran confirmar esa eficacia. Hay pleitos pendientes con los gigantes del sector de los que no se informa y cada año se ponen al día con deudas arrastradas que tampoco están centralizadas ni son conocidas por los contribuyentes. Las actas de reuniones con las concesionarias ya no son públicas desde 2023 y hay listas de espera que son casi imposibles de conocer, como la de psicología clínica, entre otras.

Pagos atrasados millonarios

En 2020, el servicio de Intervención General (dependiente de Hacienda), afloró en su informe trimestral que el Gobierno de Ayuso había pagado 903 millones que tenía pendientes de “ejercicios anteriores de concesiones sanitarias”, el mismo año que recibió más de 3.300 millones del Fondo Covid. En lo peor de la pandemia, las empresas le pidieron acelerar en los pagos para hacer frente a su actividad. En 2022, Ayuso –cuya pareja ha trabajado para Quironprevención– entregó 400 millones al grupo Quirón, acelerando facturas impagadas desde hacía años a través de convalidaciones de gasto, una figura de pago que está fuera del sistema general y habitual. El importe global de lo que se debe, lo que se va pagando, lo que falta por pagar, las auditorías concretas o la facturación intercentros está bajo cerrojo informativo y ni siquiera el Portal de Transparencia libera información.

Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, recogidos también en un informe de la patronal de la sanidad privada (Aspe), muestran cómo en Madrid se ha acelerado la privatización de servicios, concretamente el dinero entregado a grandes operadores de la sanidad (en grupos ya hoy internacionales) para que den servicio a los ciudadanos a través de conciertos sanitarios, que son contratos para que las empresas cubran servicios en la pública. Concretamente entre 2018 y 2022 (últimos datos oficiales disponibles), el gobierno regional aumentó un 62,9% el montante para conciertos sanitarios privados: de los 845 millones que heredó Ayuso al llegar a la Comunidad a los 1.377 que llegó a invertir en 2022 en servicios privatizados, que son cada vez más, también en hospitales públicos. El aumento no es comparable al que ha habido en ninguna otra comunidad autónoma. Andalucía, que sigue a Madrid en la tabla, aumentó los conciertos un 30% en la misma horquilla de fechas, la mitad que la región gobernada por Ayuso.

Comparando el gasto en conciertos sanitarios respecto al gasto sanitario global, la Región vuelve a liderar el ranking de las comunidades autónomas. El porcentaje destinado a estos servicios privatizados ha crecido de manera constante, con aumentos entre el 10 y el 12% cada año en estos mismos años respecto a lo que se ha gastado en otras partidas sanitarias. Madrid es, a su vez, una de las comunidades autónomas con menor gasto sanitario respecto al PIB, según recoge un informe de CCOO. Invierte menos que otras en sanidad, pero mucho en los conciertos privados. Es de las comunidades que menos gasta por habitante en sanidad: 1.625 euros, solo superada por Andalucía (1.500) y frente a los más de 2.000 euros que invierte por habitante País Vasco o Asturias.

La apuesta por la gestión indirecta (es decir, privatizada o concertada) y la escasa inversión en sanidad per cápita ha tenido también un reflejo en la penetración de los seguros privados en la Comunidad de Madrid que, con los últimos datos oficiales publicados, era de un 38,7%, frente al 11% de Navarra, el 32% de Cataluña o el 21% de Andalucía. Las batallas en la concertada por conseguir pacientes “no cápita”, los que vienen de otras áreas y que se cobran aparte, han hecho que mantengan listas de espera más cortas para resultar atractivas, aunque puede ser en detrimento de otras áreas o de otros pacientes, como ejemplifican los polémicos audios de Torrejón.

Madrid tiene seis hospitales de gestión indirecta (Hospital de Torrejón, Villalba, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y Fundación Jiménez Díaz, más el Gómez Ulla que es de Defensa) y siete construidos por empresas y que prestan servicios no sanitarios en concesión. Hay varios grupos instalados en Madrid, pero es Quirón el que tiene más concesiones (cuatro) y el que más factura.

En Madrid ha experimentado a partir de 2021 un espectacular aumento de ingresos procedentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Tan elevado es el salto que en el cuatrienio 2021-2024 los documentos oficiales sobre la liquidación de cuentas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) constatan que los cuatro hospitales de Quirón han cobrado el doble de lo originalmente presupuestado: la suma del crédito inicial asignado a esos centros ascendió en ese periodo a 2.543.928.271 euros, pero el conjunto de los pagos contabilizados al cierre de cada uno de esos ejercicios se disparó hasta rozar los 5.000 millones: exactamente, 4.803.124.204 euros. El motivo, no aclarado oficialmente, pueden ser pleitos perdidos, gastos en discrepancia durante la pandemia, liquidaciones anteriores o facturas de pacientes “no cápita”, es decir, que no pertenecen al área sanitaria y han sido 'captados', explican algunos expertos consultados por elDiario.es.

Aunque no haya detalle de los gastos para poder constatar la “eficiencia” de la gestión indirecta que han defendido todos los presidentes de la Comunidad de Madrid desde 2003, los datos globales del presupuesto autonómico y los recogidos por Hacienda o el Ministerio de Sanidad constatan que el modelo que inauguró Aguirre ha avanzado y cada vez se lleva más dinero de la caja disponible para la atención sanitaria de los madrileños.