La jueza del escándalo de la FP que afecta al gobierno de Ayuso pone el foco en otros siete institutos

La jueza que investiga presunta prevaricación por el escándalo de la FP en la Comunidad de Madrid ha ampliado su foco de investigación. Hasta ahora, el juzgado de instrucción 39 de Madrid estudiaba si el centro de Formación Profesional Ciudad Escolar había realizado obras fuera de la legalidad, troceando las reformas para no tenerlas que sacar a concurso y poder adjudicarlas a dedo por un valor de dos millones de euros.

La causa había sido objeto de una prórroga en septiembre del año pasado. Ahora, en un nuevo auto, la jueza llama a declarar como testigos a siete directores de sendos institutos, algunos de los cuales también realizaron obras en el periodo investigado, entre 2021 y 2023, durante el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Algunos de esos casos, como el del IES Alberto Corazón (conocido como la Escuela de Arte de Alcalá), fue desvelado por elDiario.es, que demostró con una investigación que dio origen a la causa judicial, que también había hecho obras fuera de la ley.

Además de al responsable de este centro de la Comunidad de Madrid, la instructora cita a los responsables del “IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias” y lo hace “de conformidad con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción”, que en un escrito anterior ya había puesto de manifiesto lo que consideraba una “grosera y palmaria” omisión del procedimiento de licitación de obra pública.

En el caso del Antonio Machado y el Conservatorio de Alcalá, ambos centros sufragaron parte de esas obras de lES Alberto Corazón, que habían costado 1,2 millones de euros. Como contó el constructor que denunció los hechos y dio origen al caso, los pagos se fraccionaban, pero además se daba instrucciones para pagar desde distintas instituciones para que no saltaran las alarmas.

En este nuevo auto, el juzgado llama también a declarar como investigado a José María Rodríguez Jiménez, exdirector general de Educación Secundaria y Formación Profesional del anterior gobierno de Ayuso, que acudió en julio a declarar como testigo y que ahora pasa a ser investigado.

Obras sin concurso público

Según la ley de contratos del sector público, las obras cuyo importe sea mayor de 40.000 euros más IVA deben sacarse a concurso, el procedimiento que da garantías al contribuyente de que hay competencia y en el que se puede optar por la mejor oferta. Tal y como demostró elDiario.es en su investigación, en muchos de estos casos se dieron a dedo a constructoras y se fraccionaron (por una parte las paredes, por otra los baños, por otra la pintura...) para que no saltaran las alarmas de la Intervención. También sucedió en institutos que no han sido citados por la instructora, como el instituto de FP a Distancia Ignacio Ellacuría. Para poder pagarlo sin levantar sospechas, Educación ingresó el dinero a un instituto de Móstoles al que ordenó pagar esas obras de Alcorcón.

El principal imputado, exsubdirector de FP que fue cesado cuando saltó el escándalo, dijo en su declaración ante el juzgado que el consejero de Educación (entonces, Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid) estaba al tanto y que el procedimiento era así cuando él llegó y cuando él se fue. También declaró que todo pasaba bajo los ojos y aprobación de la Dirección de Área Territorial, ya que los directores de instituto no tienen capacidad de decidir las obras ni manejar los presupuestos, que vienen dados y auditados desde la Consejería. Durante el periodo ahora investigado, la mano derecha de Ossorio era Rocío Albert, hoy consejera de Hacienda de Isabel Díaz Ayuso.

Fue el propio empresario que construyó la ampliación de Ciudad Escolar el que dio la voz la alarma al ver que no le pagaban. Empezó a reclamar a los directores de instituto y, a la vista que pasaban los meses y tenía que hacer una suspensión de pagos, empezó a enviar burofaxes a la Dirección General, al departamento del actual consejero de Educación, Emilio Viciana, e incluso se reunió con un asesor de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que le prometió que arreglarían la situación. Defiende que siempre siguió los procedimientos que se le dijeron, como consta en algunos correos electrónicos a los que ha tenido acceso elDiario.es. 

¿Qué ha hecho la Consejería de Educación?

Después de recibir el burofax con la reclamación de pago, y comprobado que no existía ese contrato de manera oficial en ningún departamento, abrió una investigación por el caso de Ciudad Escolar y un inspector entrevistó a funcionarios y al empresario. Al acabar su instrucción, recomendó que el caso se pusiera en manos de la justicia, a la vista de la gravedad de los hechos y la posibilidad de que se hubiera cometido un delito, según el escrito enviado a Fiscalía. Educación mantuvo el caso oculto hasta que elDiario.es lo publicó. Una denuncia de Podemos ante la justicia hizo decaer la investigación de la Fiscalía, que trasladó todo el caso al juzgado de instrucción. En la causa están personados la propia Comunidad de Madrid, el PSOE, Más Madrid y el sindicato CCOO.