Queremos saber

España es una anomalía europea en su gestión de los secretos de Estado. Todo es secreto, salvo excepción. En el resto de países es al contrario: todo es público pasado un tiempo, salvo excepción.

Los secretos de un país son, en realidad, el derecho aplazado de sus ciudadanos a conocer los motivos reales de un conflicto, una decisión, una gestión pública que se entenderá de manera completa pasadas varias décadas. Es la pieza última de un puzle que nunca ha encajado o que se ha presentado de manera distorsionada.

Han pasado 45 años del 23F, un evento que se ha romantizado ahora que conocemos el final de la película, pero que hizo que mucha gente volviera a reservar, por si acaso, vuelos y billetes. Que tuvieran a mano su pasaporte. Que quemaran carnés de sindicatos o partidos. Que acopiaran víveres y se pegaran a las radios. Siempre sale el Congreso y sus políticos como protagonistas de un episodio épico con el Rey como héroe. No ignoremos el crudo sufrimiento que se multiplicó puertas afuera del parlamento español, calle a calle. Esos millones de personas que vivieron con angustia la posibilidad de volver a un régimen de miedo tienen derecho a saber por qué y cómo se gestó uno de los peores momentos de sus vidas.

España es una rara avis porque en el tema de los secretos está en vigor una ley franquista (de 1968) y considera que todo es secreto, salvo que un juez o una decisión extraordinaria acuerde lo contrario, mientras que los países del entorno tienen límites temporales. Pero el derecho que tenemos no es solo a conocer el franquismo o la transición. Por eso, es necesario que avance la propuesta hecha por el Gobierno el año pasado para actualizar la norma y que sigue empantanada en el Congreso.

Los españoles del presente y del futuro deben tener derecho a conocer cómo y quién negoció con ETA, cómo fue el espionaje del programa Pegasus, por qué España cambió de posición en el conflicto del Sáhara a la más favorable para Marruecos, cómo y cuándo decidió abdicar Juan Carlos I o si se pagó rescate por españoles secuestrados en el extranjero. Cómo se gestionó el procés –si se intentó negociar y cómo– o cómo se decidió la visita a la Dana en la que tiraron barro a los reyes.

Todo esto pertenece o pertenecerá a los españoles de hoy y de dentro de 45 años, aunque durante un tiempo se haya consentido en un pacto tácito y global que custodie la información el Estado por un supuesto bien mayor.

Es difícil oponerse a la medida de desclasificar secretos –hasta PP y Vox han tenido que buscarse argucias para criticar algo que satisface la curiosidad, morbo o ansia de cotilleo, de información histórica y la necesidad de completar el dibujo– y es probable que se cuelgue la página donde se van a subir los archivos este miércoles por la cantidad de visitas. El motivo es que los españoles queremos saber, como proclamaba el famoso programa de Mercedes Milá que forjó a una generación entera. El 23F es la primera entrega, pero no puede ser la última y para ello hay que sustituir cuanto antes la ley franquista que decidió que los españoles eran incapaces de digerir una verdad que, en realidad, les pertenecía.